• El instituto anuncia evaluación de las acciones del Estado que presentará en 2026 en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Cuando se cumplen seis años de la crisis social de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda que esta es la crisis de derechos humanos más grave vivida por el país desde la restauración de la democracia, afirmación que estableció de manera unánime el Consejo del INDH a través del Informe Anual de ese año.

Con el fin de examinar cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Estado en el ámbito de la justicia, el instituto realizó una revisión de las acciones judiciales que interpuso por las graves violaciones a los derechos humanos, que tuvieron lugar entre el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020. Además, anunció que realizará una indagatoria minuciosa de las respuestas del Estado en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

En relación a las querellas interpuestas por el INDH, se trata de 3 mil 247, de las cuales 145 ya se encuentran finalizadas, pero sólo 68 de ellas concluyeron con sentencias condenatorias para los agresores. A través de diversas entrevistas a medios de comunicación, el director del INDH, Yerko Ljubetic ha indicado que estos resultados son preocupantes.

Del total de estas querellas, 2 mil 311 fueron por apremios ilegítimos, 566 por torturas, 249 por violencia innecesaria y 121 por otro tipo de vulneración. Este universo de querellas da cuenta de las denuncias de 3 mil 842 víctimas: 2 mil 861 hombres (75%) y 978 mujeres (25%). Mientras que la edad promedio es de 26 años.

Víctimas registradas por el INDH

Además, del universo total de víctimas registradas por el INDH, mil 492 corresponden a personas de uno o más grupos de especial protección. Entre éstas destacan 605 niños, niñas o adolescentes (16%), 34 personas mayores, 28 que tienen alguna discapacidad, 25 personas LGBTIQ+ y 20 personas migrantes. Es importante señalar que una persona puede ser parte de más de un grupo de especial protección.

Si la cifra de víctimas se analiza por las consecuencias de los ataques, siete personas fallecieron, en tanto que 3 mil 648 (el 95%) sufrieron algún tipo de lesión física. 228 de ellas (6%) fueron afectadas por alguna lesión ocular. Además, el 20% de las mujeres denunciantes indicaron que fueron víctimas de violencia sexual, mientras que en el caso de los hombres, esta cifra corresponde al 10%.

Reparación y garantías de no repetición

En cuanto a las medidas de reparación, es importante recordar a las más de 464 personas con algún tipo de lesión ocular registradas por el Ministerio Público y a las miles que presentaron lesiones graves de otro tipo. Del mismo modo, considerar a las personas que sufrieron violencia institucional en el contexto de la crisis social y que durante los años siguientes se han suicidado.

Al respecto, el INDH ha sostenido que la reparación integral a las víctimas debe considerar medidas dirigidas a la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción. Referido a lo anterior, el director Yerko Ljubetic ha indicado que “los esfuerzos emprendidos en materia de reparación han sido insatisfactorios”.

En esa línea, el instituto ha determinado indagar rigurosamente las medidas que ha adoptado o no el Estado respecto de las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social, atendiendo especialmente a las recomendaciones formuladas por el INDH en sus informes, de manera de dar a conocer durante 2026 una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades estatales relativas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En relación con las garantías no repetición, el instituto ha sostenido que es incuestionable que la violencia de la que fueron víctimas las personas, no puede volver a ocurrir en el país y para eso se necesitan fuerzas del orden capacitadas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Informe del Ministerio Público

Además, el director del INDH indicó que “las cifras que ha dado a conocer el Ministerio Público en su balance de lo ocurrido en el contexto de la crisis social, confirman la preocupación planteada desde el INDH a partir del resultado de nuestras propias querellas”, dijo Ljubetic.

Según recordó el director, “del total de casos investigados por el Ministerio Público relativos a violencia institucional, que fueron más de 11 mil 500, sólo en 385 se terminó con una sentencia, y de ellas sólo 219 fueron condenatorias. El resultado desde el punto de vista de establecer la verdad y la justicia es francamente insatisfactorio”, concluyó.

Es importante indicar también que, según el balance del Ministerio Público, más del 90% de las causas por delitos por violencia institucional se encuentran concluidas. Las causas vigentes representan sólo 8,8% del total, el resto ha sido objeto de Decisión de No Perseverar (3.215) o archivo (6.821).

• En cuanto al pago de bonos o estipendios, es decir, asignaciones especiales vinculadas por ejemplo a viáticos, 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas recibieron un total sobre los 100 millones de pesos el año pasado. Respecto del caso de ENAP, cuestionada por el pago de un bono a parte de su plana de ejecutivos, el CPLT subrayó la necesidad de imponer obligaciones de transparencia a este tipo de empresas, dado que no habría información en fuentes públicas relacionada con el acuerdo al que aludió la compañía.

Casi 2 mil millones de pesos en pago de remuneraciones líquidas, bonos y otras asignaciones para sus directores –vinculadas a conceptos como movilización, viáticos, entre otros- destinaron 27 empresas públicas (EP) el 2019, acorde a lo que evidenció una fiscalización a esta categoría de empresas realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a principios de este año.

Según el informe del Consejo, el monto agregado total percibido por todos los directores de empresas públicas durante el 2019 por concepto de dietas y remuneraciones líquidas fue de $1.973.241.001, percibiendo en promedio $20.135.112 cada uno (si es que se mantuvieron en el cargo durante doce meses).

En el desglose de esta cifra pudo establecerse que las empresas que más dinero pagaron a sus directores fueron: Codelco, que destinó $455.201.088 para estos fines y Banco Estado que informó del pago de $432.632.260, concentrando entre ambas un 45% del monto total de remuneraciones líquidas pagadas a integrantes de directorios de EP. Asimismo, son las dos entidades que más recursos destinaron al pago de los presidentes de sus directorios (ranking elaborado comparando sólo estos cargos entre sí, sin considerar otros como el de presidente ejecutivo -existente en el caso de la cuprífera- que recibe remuneraciones más altas que las pagadas a los presidentes de directorio).

Con una diferencia importante aparece en el tercer lugar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con $152.076.340, entidad que ha sido foco de cuestionamientos a raíz del pago a 13 de sus altos ejecutivos de un total de $500 millones de pesos por concepto de bono por “retención de talentos” el pasado mes de enero. Esta obligación contractual, acorde a información de prensa, estaría enmarcada en un acuerdo suscrito en 2017 y que se pagaría cada tres años, con el objetivo de retener a ciertos profesionales.

De acuerdo a lo establecido por el Consejo para la Transparencia en esta situación particular “evidenciamos la necesidad de establecer que las empresas públicas cumplan con ciertas obligaciones de acceso a la información”, explicó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada. Esto dado que “no se encontraron menciones al bono para retención de talentos en las fuentes que chequeó la Dirección de Fiscalización de nuestra entidad y que están a disposición de cualquier ciudadano”. “Sólo sería factible inferir que pueden estar asociados a beneficios establecidos en contratos colectivos e individuales”, agregó el abogado.

Ante ello, dijo el titular del CPLT “necesitamos dar más y mejores herramientas a las personas para ejercer control y monitorear operaciones empresariales, así como hacer un seguimiento a las decisiones que toman los directivos”.

Pero este no es el único caso de ejecutivos que recibieron este tipo de bonos o estipendios, es decir, pagos por asignaciones especiales. El CPLT identificó que 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas habrían recibido este tipo de retribuciones, totalizando poco más de 100 millones de pesos en 2019 ($101.244.980). Según estableció el análisis del Consejo, el monto más alto por asignaciones especiales fue el otorgado al gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso –bajo el concepto de “renta variable” y contabilizado en la remuneración bruta.  El segundo habría sido el que se entregó al ejecutivo que ocupa el mismo cargo en Casa de Moneda por $8.481.550 y el tercer lugar correspondió al gerente de operaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) que recibió $8.376.356, estos dos últimos asociado a “viáticos”.

En relación a pagos por asignaciones especiales en el caso de directores de empresas públicas, sólo 7 de ellos –lo que representa un 5% del total de personas que desempeñan estos cargos en esta categoría de entidades- reciben recursos asociados a este concepto. 

Entre los casos destacados aparecen el directorio de la Empresa Portuaria de Antofagasta, constituido por tres directores que recibieron un total de $18.413.173 por concepto de “ingreso adicional líquido”. En tanto, se otorgó el pago de $8.272.000 por “bono de cumplimiento del plan de gestión anual” al director de la Empresa Portuaria de Arica. En ninguno de los dos casos se informa expresamente si dichos pagos son parte de la remuneración líquida anualizada.

Respecto de lo evidenciado por el CPLT Jaraquemada comentó que: “Las empresas públicas enfrentan un gran desafío para conseguir el máximo desarrollo de las áreas en las que intervienen, pero también deben cumplir con ciertas exigencias en planos como la eficiencia administrativa y la ética, o la responsabilidad social”.

“En el contexto en el que estamos, enfrentando de la mejor forma un escenario social y económicamente complejo, nos parece adecuado transparentar los destinos de recursos públicos para permitir el control por parte de la ciudadanía”. Asimismo, subrayó el abogado, “la transparencia ayuda a corregir, en la eventualidad de que se requiera, situaciones que no se condicen con la emergencia que estamos viviendo”, finalizó el titular de Transparencia.

El proceso buscó “caracterizar las remuneraciones, bonos y otros pagos de los directorios y planas ejecutivas de estas compañías durante el año pasado, así como la estructura de sus distintos directorios”, explicó el titular del CPLT. Para ello se revisaron publicaciones que las entidades deben mantener en sus sitios web con acceso público (Transparencia Activa) y en el caso particular de la participación en distintos directorios se levantó información de fuentes abiertas, Comisión para el Mercado Financiero y LinkedIn.

Cabe destacar que la fiscalización del CPLT evidenció además que 6 de las empresas públicas fiscalizadas –de un universo total de 27 que incluyeron tanto a compañías que integran el Sistema de Empresas Públicas (SEP) como las que no- incumplieron obligaciones en materia de transparencia activa. En su mayoría esto deriva de la no actualización de antecedentes sobre “Remuneraciones y/o Dietas de Directorio y Gerentes” o información incompleta relacionada con estos contenidos, por lo que los resultados del proceso se obtuvieron en base a los antecedentes disponibles hasta la fecha de cierre de la revisión realizada por el Consejo.

Directorios: nombres se repiten, no sólo en EP

Con respecto a antecedentes sobre la constitución de los directorios de empresas públicas “de manera de determinar su estructura” -como explicó el máximo representante del Consejo-, el informe del CPLT estableció que en su mayoría (36) están compuestos por personas que a la fecha de la fiscalización integraban más de un directorio (público o privado). En tres casos se evidenció que un director participaba en dicha instancia en más de una empresa pública: Ana Holuigue Barros, Fernando Massú Taré y Víctor Selman Biester. Los dos primeros, además, formaban parte de dos o más directorios de empresas públicas y privadas a diciembre de 2019.

En el caso de Ana Holuigue, además de aparecer como directora en ENAP hasta fines del año pasado también presidía el Directorio de TVN, cargos por los que habría recibido un total de $30.088.812. En paralelo, integraba el directorio de Parque Arauco y la fundación Un Techo para Chile. Un caso similar es el del videcepresidente del directorio de ENAP, Fernando Massú, quien también ocupaba la presidencia del Directorio de Polla Chilena, habiendo recibido $41.559.948 por ambos directorios en el mismo período. Este último además aparecía como parte del directorio de dos entidades privadas, Parque Arauco y BTG Pactual.

En el grupo de directores que desempeñaba este rol en más de una empresa pública, destacan algunos ex funcionarios de Gobierno como Hernán De Solminihac Tampier y Pedro Pablo Errázuriz Domínguez. En ambos casos integraban en 2019 el directorio de una EP –Codelco y EFE respectivamente- y además participaban de dicha instancia en entidades privadas. En el caso del ex ministro de Minería y de Obras Públicas, Solminihac era parte de los directorios de Clapes UC, Cruzados y el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC). En tanto, el ex jefe de la cartera de Transportes, aparecía asociado al directorio de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel SA,  EVERIS,  FESUR y Tren Central Grupo EFE.

· Los estudiantes que no tienen la TNE, pueden tomarse la foto en https://tomatelafoto.tne.cl.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) reiteró que la validez de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), que originalmente expiraba este 31 de mayo, fue extendida hasta el 31 de agosto. Esta prórroga de tres meses fue anunciada a principios de abril por los ministerios de Transportes y de Educación, debido a la imposibilidad de concretar este trámite presencial por la emergencia del Covid-19.

Cabe recordar que la revalidación es un trámite anual que debe ser realizado por todos los estudiantes que ya tienen su tarjeta y no cursan un nuevo tramo estudiantil. Es decir, los que no requieren un nuevo plástico por haber ingresado por primera vez a la educación superior o haber pasado a primero medio.

Este beneficio está vigente para 1.661.374 niños y jóvenes. Cada institución educacional debe confirmar en el sistema TNE de Junaeb, que cada beneficiario se mantiene estudiando durante este año.

Proceso en línea para nuevas tarjetas

Los estudiantes que este año ingresaron a quinto básico, primero medio o entraron por primera vez a la educación superior, deben obtener una nueva TNE. Para ellos, la Junaeb habilitó un sistema online en https://tomatelafoto.tne.cl para que los niños y jóvenes que no alcanzaron a hacer el trámite antes de la suspensión de clases lo realicen de manera sencilla y en pocos pasos.

El acceso a la plataforma está disponible desde cualquier dispositivo Android o un computador, sin la necesidad de salir de sus hogares.

El proceso toma menos de 10 minutos y consiste en ingresar a la plataforma, introducir el RUT, adjuntar una foto de la cédula de identidad y un correo de contacto y automáticamente la página dirige al capturador fotográfico online, finalizando el proceso.

Una vez impresas, las tarjetas serán distribuidas a cada institución educativa para su entrega a cada estudiante.