Desde Agrollanquihue alertan que el aumento sostenido en los precios está elevando costos, reduciendo márgenes y obligando a productores a disminuir su actividad, con efectos que podrían impactar directamente en el abastecimiento de alimentos.

Una fuerte señal de alerta levantó el gremio Agrollanquihue ante el sostenido aumento en el precio de los combustibles, advirtiendo que la situación está afectando directamente al sector agropecuario y comprometiendo su viabilidad productiva en la Región de Los Lagos.

Desde la organización manifestaron su “profunda preocupación” por el escenario actual, señalando que el incremento en los costos de los combustibles impacta de manera directa en la actividad agrícola, que depende intensamente de estos recursos tanto para la operación de maquinaria como para el transporte de insumos y productos .

Según indicaron, este aumento ha generado un alza significativa en los costos de producción, reduciendo los márgenes de los agricultores y generando un contexto de alta incertidumbre para el desarrollo de la actividad. En este escenario, muchos productores se ven obligados a replantear sus decisiones productivas.

De hecho, desde el gremio advierten que ya se están observando efectos concretos en terreno. Entre ellos, una menor intensidad en las labores agrícolas, la postergación de trabajos clave e incluso la decisión de no sembrar en algunos casos, debido a que los costos ya no logran ser absorbidos por los ingresos esperados .

Este fenómeno, sostienen, no solo afecta al sector productivo, sino que tiene consecuencias más amplias. Una disminución en la producción agrícola podría traducirse en una menor disponibilidad de alimentos, lo que a mediano plazo podría presionar al alza los precios para los consumidores.

En esa línea, Agrollanquihue advirtió que el escenario actual pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, entendida como la capacidad de garantizar un abastecimiento oportuno y suficiente de alimentos para la población. “Cuando producir deja de ser viable, el problema deja de ser sectorial y pasa a ser un problema país”, señalaron.

El gremio también cuestionó que el sector agropecuario deba absorber en solitario el impacto de factores externos como el alza de los combustibles, advirtiendo que esto pone en riesgo la continuidad de muchas unidades productivas, especialmente aquellas de menor escala.

Frente a este escenario, hicieron un llamado a las autoridades a tomar conciencia de la magnitud del problema y a evaluar medidas que permitan dar mayor estabilidad a la actividad agrícola, enfatizando que el sector requiere condiciones mínimas de certeza para poder planificar, invertir y sostener su producción en el tiempo .

Finalmente, desde Agrollanquihue advirtieron que, de mantenerse esta tendencia, los efectos no solo se verán en el campo, sino que terminarán impactando directamente en la mesa de todos los chilenos, con un eventual aumento en el costo de los alimentos.

En el marco de su fortalecimiento institucional, la Asociación Gremial Cooperativas del Sur realizó una nueva reunión de directorio, instancia donde se definieron importantes cambios en su gobernanza, equipo ejecutivo y proyección para el año 2026.

La jornada, desarrollada en dependencias de Cooprinsem, permitió revisar el estado de los proyectos en curso y avanzar en nuevas líneas de trabajo enfocadas en potenciar la asociatividad, el trabajo colaborativo y las oportunidades para las cooperativas que integran el gremio.

Uno de los momentos más relevantes fue la despedida del presidente saliente, Fernando Becker, quien encabezó su última reunión en el cargo. “Ha llegado el momento de dar un paso al costado, tanto por un tema generacional como personal, tras un complejo problema de salud que enfrenté el año pasado y del cual afortunadamente me he recuperado. Hoy es tiempo de abrir espacios a nuevos liderazgos”, señaló.

Becker destacó además el potencial de crecimiento del sector, indicando que “existen profesionales jóvenes, con gran formación y valores, algo fundamental en el mundo cooperativo. Estamos convencidos de que hay un gran futuro por delante”.

Actualmente, la organización reúne a 17 cooperativas y proyecta seguir ampliándose. “Existe un enorme potencial y un horizonte lleno de expectativas para fortalecer el desarrollo del sur de Chile y del país, transformando esa esperanza en hechos concretos”, agregó.

En la misma línea, Mauricio Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile y director de la organización, valoró el proceso de transición, destacando que “hemos vivido una sesión de directorio muy significativa, marcada por el proceso de transición en la presidencia que deja don Fernando Becker, en un proceso que ha contado con amplio consenso”.

Rojas añadió que la decisión será ratificada en la próxima asamblea de socios y subrayó el legado del presidente saliente: “Su trayectoria, liderazgo y calidad humana dejan una huella muy importante para el desarrollo del cooperativismo y su aporte a una mejor sociedad”.

Otro de los focos abordados fue la importancia de avanzar en mayor inclusión dentro del sector. Huguette Bandet, gerente de la Cooperativa de Apicultores Orgánicos de Chile, sostuvo que “es fundamental incorporar distintas miradas en los espacios de toma de decisiones, porque esa diversidad fortalece los procesos y refleja una gobernanza más democrática”.

Asimismo, se destacó el cierre de etapa de Cristóbal de Santa Cruz como jefe de operaciones, quien planteó que los próximos desafíos apuntan a “fortalecer las alianzas estratégicas, continuar los programas de mentoría y seguir posicionando el modelo cooperativo en nuevos espacios”.

Finalmente, desde la organización señalaron que los cambios en la presidencia y el equipo ejecutivo representan una oportunidad para renovar energías y proyectar un 2026 con nuevas oportunidades, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del modelo cooperativo en el sur de Chile.

● Representantes de los armadores artesanales del puerto de San Antonio, de la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la región del Biobío, además del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar y la Federación Sonapesca, entre otros, denunciaron que a dos semanas de entrar en régimen la nueva distribución, la autoridad desvirtuó el criterio técnico que fundamenta el manejo de las pesquerías en plena explotación.

En Chile, según indica el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, para realizar actividades de pesca extractiva artesanal es requisito habilitante inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que administra el Servicio Nacional de Pesca. Y, para pesquerías como el jurel, la jibia, la reineta, o langostino amarillo, que se encuentran en plena explotación, o para la merluza común que se mantiene en un estado de agotado, la inscripción en el RPA se suspende, por lo que no es posible solicitar la inscripción de un pescador artesanal. Esto, con el fin de velar por la preservación de los recursos hidrobiológicos.

Sin embargo, en noviembre pasado, la Subsecretaría de Pesca emitió una Resolución Exenta que ordenó al Servicio Nacional de Pesca abrir el Registro Pesquero Artesanal por oficio a miles de nuevas embarcaciones en todo el país, lo que representantes de la pesca artesanal e industrial unidos, consideran peligroso e ilegal, por lo que solicitaron a Contraloría su revisión y nulidad.

Lo anterior fundado en que el organismo que lidera el subsecretario Julio Salas, sin habilitación legal alguna, saltándose la consulta a los Consejos Zonales de Pesca ya que se requiere informe técnico de estos organismos, decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro, lo que contraviene de manera directa el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos, vulnerando lo establecido en la Ley de Pesca y desnaturalizando el carácter cerrado de las pesquerías que alcanzaron su rendimiento máximo sostenible, exponiendo al país a un deterioro irreversible de su ecosistema marino.

En el escrito presentado ante la Contraloría Regional de Valparaíso, se establece que, “la Resolución impugnada ordena una incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin que exista vacancia que reemplazar, sin procedimiento legal previo y sin modificación legal alguna de las normas de cierre de acceso”, expresando que “un régimen de acceso solo puede ser modificado por ley”.

Frente a esto, y a solo dos semanas de que inicie el periodo legal de vigencia del nuevo fraccionamiento pesquero, el requerimiento solicita al ente contralor emitir un dictamen en que declare la ilegalidad contenida en la Resolución de la Subsecretaría de Pesca.

“Lo que buscamos es que Contraloría declare ilegal y deje sin efecto la resolución 2.563 porque cambia reglas de acceso que sólo pueden modificarse por ley. Aquí vemos dos peligros. Primero, abre la puerta a nuevas incorporaciones, a que haya más actores sin respetar el sistema de vacantes, lo que aumenta la presión sobre el recurso y crea un precedente muy peligroso. Y el otro punto, es que usa como excusa la ley de fraccionamiento, pero esa ley solo redistribuye porcentajes, y no autoriza a abrir registros ni incorporar nuevos actores al sistema. Si esto se normaliza, mañana cualquier cierre o cualquier norma legal se puede desarmar por una simple resolución”, comentó Victoria Rubio, presidenta de A.G Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (CONAPESCA).

Las 7 medidas

Cabe señalar que en noviembre, la Subsecretaría de Pesca dio a conocer siete medidas pro artesanal con que indicaban habría “un beneficio concreto” para el sector de pequeña escala, entre las que destacaban permitir la extracción de jurel (en plena explotación con registro cerrado) para embarcaciones menores a 12 metros; el fomento de flotas “multiespecies” asignando recursos como reineta (en plena explotación con registro cerrado); la incorporación de la sardina española en la captura de anchoveta y jurel entre las regiones de Arica y Coquimbo (contrario a lo señalado por el Comité Científico), entre otras acciones cuestionadas de manera transversal.

Para la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, Macarena Cepeda Godoy, “el subsecretario Salas actuó más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas para el manejo sustentable de las pesquerías. Esto es grave, porque, por ejemplo, el jurel chileno hoy es un caso de éxito en todo el mundo porque en una década pasó de estar en una condición sobreexplotada a estar sano en su rendimiento máximo sostenible. Esto se debió a que el criterio técnico ha prevalecido, respetando la regulación, por lo que el precedente que está marcando la Subsecretaria de Pesca le hace un grave daño a los ecosistemas marinos del país y a la institucionalidad pesquera que ha permitido recuperar pesquerías”.

La líder gremial agregó que, “si se debilitan o desconocen las reglas de acceso y se omite la evidencia científica en la administración pesquera, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad de los recursos, sino también el trabajo y el futuro de miles de familias que dependen del mar. Por eso recurrimos a Contraloría, para que se asegure un manejo responsable de los recursos pesqueros del país”.

Con todo, la ley de Fraccionamiento dispone de una nueva distribución a partir del 1 de enero de 2026, sin embargo, aún no es pública la distribución regional de cuotas entre actores del sector artesanal.

El requerimiento ingresado a Contraloría está firmado por Sonapesca; el Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Afines; el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar; el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos, Actividades Afines y Actividades Conexas de la Caleta de San Vicente en la comuna de Talcahuano; la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos y Actividades Afines de la Caleta de Lota VII Región; Sierra Azul Asociación Gremial; los Armadores Artesanales del Puerto de San Antonio; y la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la Región del Biobío.