Yaldad, Nercón, Isla Tranqui y Puluqui–Tabón llevan entre siete y diez años de tramitación y serán sometidas a votación este 25 de agosto.

Una votación relevante para el futuro del borde costero de la Región de Los Lagos tendrá lugar este martes 25 de agosto, cuando la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) analice cuatro solicitudes para constituir Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en sectores de Quellón, Castro, Queilen y Calbuco.

Se trata de las solicitudes Yaldad, Nercón, Isla Tranqui y Puluqui–Tabón, cuyos procesos llevan entre siete y diez años de tramitación. La decisión genera expectación entre las comunidades solicitantes, especialmente luego de que durante este año la CRUBC rechazara las solicitudes correspondientes a Linao y San Juan de Chadmo.

¿Qué son los ECMPO?

Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios fueron establecidos mediante la Ley N°20.249 y buscan resguardar el uso consuetudinario del borde costero por parte de comunidades indígenas. Estas figuras no entregan la propiedad del mar ni constituyen concesiones exclusivas, sino que su administración debe considerar la compatibilidad de los usos existentes y la participación de los distintos actores que desarrollan actividades en el territorio.

Este punto resulta especialmente relevante en Los Lagos, donde en el borde costero conviven comunidades indígenas, pesca artesanal, mitilicultura, salmonicultura, turismo y otras actividades económicas. La CRUBC que deberá pronunciarse sobre las solicitudes está integrada por 56 representantes, entre ellos 22 alcaldes, 11 autoridades designadas por el Gobierno y dos representantes indígenas, y es presidida por el gobernador regional Alejandro Santana.

Cuatro solicitudes que llevan años esperando

Una de las solicitudes que llegará a votación es el ECMPO Yaldad, en Quellón. Ingresada en 2017, comprende 1.098 hectáreas en un sector con una importante presencia de concesiones vinculadas a la mitilicultura. Según los antecedentes entregados por las comunidades, el área posee además relevancia ambiental debido a la presencia del delfín chileno.

En Castro será analizada la solicitud del ECMPO Nercón, ingresada en 2016 y asociada a un área que incluye un humedal urbano, presencia de aves migratorias y hábitat de pequeños cetáceos. A ella se suma el ECMPO Isla Tranqui, en Queilen, presentado en 2018 y que considera una superficie de 56.962 hectáreas en una zona con presencia de concesiones salmoneras y mitilicultoras.

La cuarta solicitud corresponde al ECMPO Puluqui–Tabón, en Calbuco, ingresada durante 2018 y relacionada con dos de las 14 islas del archipiélago. La iniciativa busca resguardar prácticas tradicionales vinculadas principalmente a la pesca y la recolección de algas.

Yaldad llega con acuerdos entre distintos sectores

El caso de Yaldad ha adquirido especial relevancia debido al proceso de diálogo desarrollado durante las últimas semanas. El 12 de agosto, las comunidades Fundo Yaldad Mon Fen, Incopulli de Yaldad y Cocauque suscribieron un acuerdo de inclusión con representantes de la pesca artesanal, la mitilicultura, la Junta de Vecinos y la Red de Facilitadoras Interculturales de Quellón.

El propósito es incorporar a los distintos actores en el desarrollo del ECMPO y compatibilizar las actividades existentes en el territorio marítimo solicitado. Posteriormente, el 17 de agosto, las comunidades expusieron ante la Secretaría Técnica de la CRUBC los usos consuetudinarios que fundamentan la solicitud y los acuerdos alcanzados con organizaciones del sector.

Durante esa instancia, el lonko Cristian Chiguay, de la comunidad Fundo Yaldad Mon Fen, puso el énfasis en la necesidad de ordenar los diferentes usos que actualmente convergen en el estero. “No hay un ordenamiento”, sostuvo, explicando que la propuesta apunta a trabajar junto a organizaciones sociales, productivas y ambientales.

Por su parte, Elías Colivoro, werkén de la Comunidad de Cocauque, mitilicultor y pescador, destacó el vínculo de las propias familias del territorio con las actividades productivas que se desarrollan en el sector. “La mitilicultura se crea en el Estero de Yaldad”, señaló durante la exposición.

Una votación marcada por anteriores rechazos

La decisión del martes se producirá después de que este año la CRUBC rechazara las solicitudes de Linao y San Juan de Chadmo, antecedente que ha aumentado la preocupación de las comunidades respecto del criterio que adoptará la Comisión frente a estos cuatro nuevos casos.

El debate también está marcado por anteriores pronunciamientos judiciales. Según los antecedentes proporcionados, la Corte Suprema, al revisar el rechazo de dos solicitudes ECMPO en Aysén, ordenó realizar nuevas votaciones, estableciendo la necesidad de que las decisiones se encuentren debidamente fundamentadas y relacionadas con los antecedentes técnicos del proceso.

En este escenario, las comunidades de Yaldad esperan que los acuerdos alcanzados con pescadores, mitilicultores y organizaciones territoriales sean considerados al momento de resolver. La votación de este 25 de agosto determinará el futuro de cuatro solicitudes que llevan años esperando una definición y volverá a poner en discusión el ordenamiento y los distintos usos del borde costero de Los Lagos.

Con la participación de autoridades regionales, representantes de pueblos originarios, dirigentes de la pesca artesanal, trabajadores de la acuicultura, académicos, expertos jurídicos y actores vinculados al borde costero, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura desarrolló este miércoles en Puerto Montt el taller “Diálogos para el Futuro del Borde Costero”, instancia orientada a abrir un espacio técnico, político y territorial de conversación sobre las propuestas de modificación a la Ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, junto al gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight, además de parlamentarios y autoridades regionales.

El subsecretario Urrutia destacó la necesidad de avanzar hacia una gobernanza costera moderna, equilibrada y capaz de compatibilizar derechos ancestrales, desarrollo económico y certeza jurídica para las regiones costeras del país.

“Acá no estamos hablando de eliminar una legislación ni de desconocer los avances que significó la Ley Lafkenche en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios vinculados al borde costero. Lo que estamos planteando es generar un debate honesto y responsable para enfrentar los problemas, dificultades y tensiones que hoy existen sobre la Ley”, señaló la autoridad.

Asimismo, sostuvo que tras casi dos décadas de implementación de la normativa han surgido desafíos asociados a extensos tiempos de tramitación, superposición de solicitudes, incertidumbre administrativa y dificultades para compatibilizar distintos usos del borde costero.

“Si bien esta ley nació con buenas intenciones y con un objetivo legítimo de reconocimiento de derechos ancestrales, también debemos reconocer que en algunos aspectos su implementación no ha sido la más adecuada, prestándose para usos que muchas veces se alejan del espíritu original de la normativa”, sostuvo el subsecretario Urrutia.

Actualmente se indica que la aplicación de la Ley Lafkenche ha terminado transformándose en un obstáculo para el desarrollo de inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico en las regiones costeras.

“Nosotros como pescadores artesanales no estamos por la derogación pero sí por la modificación a la Ley, para que cuando tengamos la infraestructura y proyectos, podamos seguir trabajando y en armonía con todos los sectores, porque nosotros somos también somos parte de pueblos originarios y hemos trabajado toda la vida en el borde costero por lo tanto también necesitamos la regulaciones claras”, expresó Zoila Bustamante, Presidenta de la Conapach

“Chile tiene enormes ventajas comparativas, pero es urgente realizar mejoras legislativas, reglamentarias y también enfrentar la permisología. (..) Este taller es un paso significativo para terminar con las especulaciones que atentan contra la inversión privada y lo que el día se requiere más que nunca se requiere certeza”, indicó el Gobernador Regional de Los Lagos, Alejandro Santana.

“Hace más de un año que venimos indicando la necesidad de modificar la Ley Lafkenche, no por un capricho, sino por sus efectos negativos. Antes teníamos pleno empleo en Puerto Montt, pero lo hemos perdido, porque se ha paralizado cualquier tipo de inversión. Una Ley que nació con buenas intenciones, pero que ha tenido muy malos los resultados y creo que esto es una oportunidad por primera vez, el cual podemos consensuar y convergir modificaciones profundas”, agregó el alcalde de Puerto Montt Rodrigo Wainraight.

“En el proyecto propusimos la modificación de plazos interminables, cambiar el efecto suspensivo, regular las solicitudes excesivamente grandes, fijar claramente criterios objetivos para definir una ECMPO y sobre todo que se presente en el inicio del proceso, el proyecto para cual se está pidiendo la solicitud”, explicó Carlos Kuschel, senador, presidente de la comisión de pesca y uno de los autores del proyecto que ya está en trámite.

La jornada contempló cuatro paneles temáticos enfocados en los principales desafíos asociados a la implementación de la Ley Lafkenche. Desde la “Historia y Diagnóstico”, con las exposiciones de Leonardo Arancibia, de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, y de Alejandro Barrientos, jefe de la División de Acuicultura de Subpesca.

Posteriormente, el segundo panel abordó “El Efecto Suspensivo”, que en la legislación vigente permite suspender temporalmente otras solicitudes o concesiones sobre la misma área mientras se encuentra en evaluación, que en la práctica ha detenido inversiones, proyectos productivos y procesos administrativos, con las exposiciones de Antonella León, asesora legislativa de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y de la abogada Mónica Cortés, del estudio jurídico FerradaNehme.

El tercer panel estuvo dedicado a “La Proporcionalidad”, concepto relacionado con el tamaño y extensión de las solicitudes ECMPO y la necesidad de establecer criterios objetivos que permitan equilibrar el reconocimiento de usos consuetudinarios con la coexistencia de otras actividades económicas y sociales en el borde costero, con las presentaciones de Jessica Fuentes, profesora de Derecho Constitucional de la PUCV y María Paz Olavarría, profesora de Derecho Civil de la Universidad San Sebastián, sede Patagonia.

Finalmente, un cuarto panel centrado en el “Uso Consuetudinario”, en la Ley Lafkenche, que acredita prácticas ancestrales, culturales, religiosas, económicas o tradicionales que comunidades indígenas han desarrollado históricamente en determinados espacios del borde costero, con la participación del director nacional de Conadi, Ignacio Malig, y Cristian Tapia, asesor de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach).

Tras las exposiciones, la jornada continuó con mesas de trabajo participativas orientadas a recoger propuestas, observaciones y visiones de los distintos sectores asistentes respecto del futuro de la administración del borde costero y los desafíos asociados a la Ley Lafkenche.

Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura señalaron que las reflexiones y propuestas surgidas durante este encuentro buscarán transformarse en insumos técnicos para las indicaciones que presentará el Ejecutivo al proyecto de Ley presentado por senadores de la República que busca mejorar la actual Ley Lafkenche.

Ley Lafkenche (20,249) es una oportunidad de administración comunitaria local inclusiva para la zona costera, pese a ello un grupo de parlamentarios quiere modificarla.

Un grupo de parlamentarios de derecha y exconcertación, iniciaron las gestiones legislativas vía moción, bajo el nombre de “perfeccionar ley que crea espacio costero de pueblos originarios”, presentado por los senadores Fidel Espinoza (PS), Carlos Kuschel (RN), Gastón Saavedra (PS), David Sandoval (UDI) y el ex senador, actual ministro, Álvaro Elizalde (PS), que busca modificar la ley 20.249 que crea los espacios costeros marino de pueblos originarios (ECMPO), también conocida como ley lafkenche, lo que es reprochado y resistido por diversas comunidades y organizaciones de Pueblos Originarios.

La Ley Lafkenche es la única normativa en el país, del ordenamiento jurídico interno, que reconoce la condición de “pueblos”, que surgió de un amplio proceso participativo de comunidades indígenas y diversos sectores, incluyendo el acuerdo transversal de diversas bancadas políticas en el Congreso de la República, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el estándar internacional de derechos, sin embargo, pareciera que dicho avance que tuvo el país hoy se pretenda cercenar, así por lo menos lo han señalado diversas organizaciones.

La Red de mujeres de pueblos originarios defensoras del mar, en reciente declaración pública, señaló: “Esta iniciativa, presentada por estos senadores, desconoce las importantes contribuciones que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) proveen al desarrollo social, cultural y político de nuestros pueblos y del país en general, como aportes a la conservación biocultural de los bienes comunes del país, a la soberanía alimentaria de cientos de comunidades y a la economía familiar, local y comunitaria de los pueblos y de Chile en general”, agregando que  la iniciativa de modificación, está impulsada por “sectores vinculados a la explotación indiscriminada de los recursos del mar”, denunciando que existe una oleada al respecto de intereses político empresariales.

Voces dese los territorios por la defensa de la Ley Lafkenche

Cristina Ñancucheo Lincoñir, es Bióloga en Gestión de Recursos Naturales y ha sido profesional de apoyo Identidad Territorial Lafkenche. Frente a la iniciativa legislativa, la profesional señala: “La aplicación de la Ley 20.249 no se perfecciona en el parlamento, sino que haciendo más eficiente la tramitación por parte de la institucionalidad que está involucrada en el proceso. Un ECMPO, según los plazos establecidos en la Ley, debería tramitarse en aproximadamente unos 24 meses, sin embargo, tenemos como ejemplo, el ECMPO Mañihueico Huinay de la región de Los Lagos que ingresó su solicitud en el año 2010 y recién en 2016 se entregó el informe de acreditación de uso consuetudinario; en  Mayo de 2018 se aprobó en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y a cinco años de eso aún no se ha otorgado la destinación marítima de parte de la Subsecretaría de Marina a la SUBPESCA para que la asociación de comunidades pueda elaborar su Plan de Administración”.

Agrega Ñancucheo: “Es absolutamente necesario otorgar certeza jurídica a todos los actores, pero esa responsabilidad no se le puede traspasar a las comunidades solicitantes. Es el estado quien debería dotar de más funcionarios a aquellos procesos que son críticos en el proceso”.

Tamara Vidal es una joven dirigente, coordinadora territorial de la red de mujeres originarias por la defensa del mar, quien vive en el Archipiélago de Quinchao, Chiloé,  señala ante este intento de modificación legislativa: “Lo primero que se debe saber es que las comunidades originarias defensoras del mar  no están dispuestas a ningún tipo de modificación de la Ley Lafkenche. No por una razón de egoísmo ni división como han dicho algunos sectores para querer generar un prejuicio.  Esta ley es la única que permite a las comunidades valorar la historia ancestral de las playas y el mar, paralizar una parte de la invasión de empresas acuícolas, y pensar en un futuro sostenible resguardando los recursos, protegiendo el borde costero y seguir abasteciéndose como se ha hecho por siglos”.

Frente a supuestos conflictos sectoriales que han sido señalados por algunos parlamentarios a causa de la ley, la dirigenta de la red de mujeres, comenta: “Se debe hacer un trabajo inteligente, los sectores de la pesca y las comunidades somos todos de la misma gente y debemos trabajar en conjunto sin querer pasarnos a llevar.  Es difícil para nuestras familias imaginarse lo importante que es defender legalmente el mar, es algo que nunca antes había tenido importancia, sin embargo, en el día de hoy se convierte casi en una responsabilidad para con el mar. Si no nos movemos nosotros, alguna empresa lo hará, basta con ver la cantidad de concesiones acuícolas que ya están otorgadas. Nosotros vamos a seguir luchando por proteger lo que queda”.

Por su parte, Cristina Ñancucheo resalta: “Es muy necesario mejorar la difusión, tanto al interior de los pueblos originarios como de la institucionalidad pública para entregar información fidedigna sobre la ley. Por ejemplo, esta ley no pone en peligro los derechos de los pescadores artesanales, porque nadie puede impedirles extraer los recursos que tienen autorizados por Ley. Tampoco a otros usuarios que tienen derechos ya constituidos sobre el borde costero. Es más, la Ley apuesta por establecer una nueva forma de relación con el borde costero, involucrando a todos los actores en el Plan de Administración para hacerlo un espacio más inclusivo, que apueste a una mejor convivencia y a formas de usar que son más sostenibles y que no sólo miran los aspectos tangibles, sino también aquellos que hablan de una dimensión inmaterial y que es clave cuando hablamos de espacios que históricamente han sido ocupados por pueblos indígenas y que se habían visto invisibilizados hasta antes de la Ley 20.249”.

Finalmente, Tamara Vidal desde el Archipiélago de Quinchao, comparte el siguiente mensaje: “Invito nuevamente a la gente que se pueda acercar a sus comunidades, a que pregunte acerca de los Ecmpo, gente de la pesca que se organiza en sindicatos, pueda sentarse a conversar con su gente de su comunidad. Muchas dirigentas y dirigentes de nuestro sector son gente muy mayor, que ha sacado adelante a todos sus hijos a través del mar, y el valor que eso tenga va a depender netamente del que nosotros mismos le demos y respetemos”.

Archipiélago de la Patagonia , se extiende desde la Bahía de Puerto Montt hasta el Cabo de Hornos, tiene 5.769 entre Islas e Islotes, alcanza a un tercio de la extensión de Chile y concentra más del 95% de su Borde Costero. Fotografías muestran como la Salmonicultura lo está llenando de la plaga del piojo de mar y de zonas anaeróbicas, destruyendo la invaluable vida marina existente en sus aguas.
La industria chilena del salmón está sumida en una nueva crisis, según lo diagnosticó la jefa del negocio de salmón del Banco DNB, Anne Hvistendahl (A.H.), la institución financiera más grande de Noruega y principal banco financista de la industria salmonicultora en el mundo, de visita en nuestro país a fines de octubre, quien dejó al desnudo una realidad del todo gravísima que se estaba escondiendo hasta ahora por los dirigentes empresariales de esa industria y por las autoridades a cargo del sector, sinceramiento que ha desatado una ola de venta de acciones y el reconocimiento de pérdidas de las principales compañías salmoneras que cotizan en la Bolsa. Muchos inversionistas han preferido hacer la pérdida ahora y salirse del negocio presagiando un futuro aún peor. http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/10/22/755514/Principal-banco-noruego-Chile-entro-a-una-crisis-de-precios-del-salmon.html
La profundidad de la crisis de la salmonicultura chilena confesada por el Banco Noruego DNB es un balde de agua fría para quienes vociferaban que esta industria era el ejemplo más destacado de innovación del modelo económico chileno y que según los mismos contaba con igual reconocimiento en los mercados del primer mundo, y que las causas de la crisis anterior eran parte de un pasado ya superado. Lo anterior les había permitido en el último tiempo obtener la confianza de muchos nuevos inversionistas confiados en un futuro plagado de éxitos, a la par que leyes de privilegio desde nuestra clase política, la permisividad del Sector público y millonarios subsidios del Estado. Los controladores ahora se ven enfrentados a tener que reconocer que los pronósticos de éxito que proclamaban hasta hace poco no tenían asidero con la realidad de los mercados del salmón ni con los costos crecientes de esa industria. En resumen estábamos al frente de una millonaria estrategia comunicacional que manipulaba la verdad, que en parte se financia con fondos públicos aunque es una industria en manos de inversionistas multimillonarios.
El escenario que ofrecía Chile hace un par de décadas para el desafío de replicar la exitosa industria de engorda de salmón Noruega presagiaba la crisis, ya que tanto los controladores de esa industria como el Sector Público que fiscalizaría a los anteriores dejaron de lado el impacto ecológico y ambiental que causaría al Ecosistema Archipiélago Patagonia la instalación de una industria que se sabe entre expertos que es de altísima complejidad y de múltiples incertidumbres, pero los mismos asumieron que ello no era relevante, conocimiento que sigue siendo ignorado y ajeno a sus preocupaciones a pesar de la crisis.
Lo anterior gatilló como resultado la Tormenta Perfecta: el refrán dice que ” la ignorancia es audaz ” y la salmonicultura ha sido audaz: la ambición sin límites de los inversionistas controladores de esta industria al poco tiempo de instalada hizo disparar los volúmenes de producción a cientos de miles de toneladas ante la ilusión de estar en medio de un negocio de utilidades espectaculares.Contaron para ello con la captura de las instituciones a cargo del Sector y de sus autoridades , quienes le aprobaron cientos de concesiones acuícolas: ” En la actualidad, la industria local produce cerca de 800.000 toneladas y tiene licencias y permisos para unos 2 millones.” Lo anterior fue decisivo para que el Estado en vez de imponer la sensatez se sumara a ciegas a respaldar, amparar y proteger a los anteriores, en resumen hicieron justo lo contrario para una industria que los obligaba desde las instituciones públicas imponer una regulación estricta que impidiera el daño ambiental del ecosistema Patagonia y de esta manera frenar que ésta creciera sin límites, y que fue lo que finalmente ocurrió de la mano del tráfico de influencias y corrupción, tan propio del Modelo chileno.
El resultado no se dejó esperar y la salmonicultura chilena se ganó la autoría y responsabilidad que irrumpiera una plaga de piojo de mar, en un volumen de tal magnitud que al poco tiempo ha conseguido estar fuera de todo control y que los tiene como responsables de propagarlo como plaga desde Puerto Montt hasta Tierra del Fuego, y que para combatirlo han contado con la complicidad de las autoridades de Sernapesca y Subpesca, los que alimentan el círculo vicioso que permite se lancen a las Aguas de la Patagonia alrededor de 600 mil litros de antibióticos y millones de litros de pesticidas por año para combatir varias enfermedades bacterianas y los hasta nueve piojos de mar por salmón que permite la permisiva normativa sanitaria chilena. http://www.revistabagual.cl/2015/03/la-destruccion-del-mar-del-fin-del.html
El ecosistema Archipiélago Patagonia es parte de un entramado de vida marina y biodiversidad espectacular pero muy sensible, el que desde hace miles de años las Ballenas lo han escogido como su lugar de reproducción, el que está siendo destruido a ojos vista del gobierno, los que están al tanto que estos ecosistemas son inmensamente frágiles como lo prueba el inexplicable hallazgo de más de 300 ballenas muertas ocurrido hace un par de meses entre Aysen y Puerto Natales, y como lo ha probado la propia salmonicultura que transformó al piojo de mar en una plaga incontrolable en las aguas de la Patagonia en apenas unos años. http://www.aqua.cl/2015/12/04/mayor-hallazgo-de-ballenas-muertas-genera-quiebre-entre-cientificos/
No es casualidad que la crisis coincida con la noticia sobre el castigo de precios al salmón chileno por parte de los consumidores norteamericanos quienes han decidido premiar al salmón noruego con un mayor precio y convertirlo en el producto de su preferencia, ya que reconocen y valoran lo que ha salido a posicionar la industria Noruega, que su producción se hace en ambientes libre de antibióticos y sin dañar el medio ambiente.
La salmonicultura chilena tiene tercerizado el empleo de la mayoría de sus trabajadores, ya cumplan tareas de operarias en las plantas de proceso o buzos en los centros de engorda , y mediante esta forma se desentiende de la precariedad en la que laboran los mismos, lo que en nada se parece a la protección y participación que les da la industria de Noruega y Canadá a sus trabajadores. Más temprano que tarde esto será puesto a consideración de los consumidores del primer mundo y será otro motivo para discriminar el país de origen del salmón. http://www.radiodelmar.cl/rdm/seis-mil-buzos-trabajan-en-condiciones-de-alta-precariedad-en-industria-salmonera/#
Las declaraciones de la ejecutiva del Banco Noruego DNB sinceraron que el derrumbe de la Salmonicultura no es por las denuncias de ONG ambientalistas como Oceana como lo quiso hacer creer hace muy poco Felipe Sandoval el ex Subsecretario de Pesca del gobierno de Lagos y que ahora está como presidente del gremio salmonero, sino por lo que acusó de déficit de regulación y altos costos asociados al uso intensivo de antibióticos y químicos; a lo que habría que agregar el despliegue operativo que la obliga a la relocalización de sus centros de engorda para arrancar a zonas no contaminadas de la plaga de piojos de mar que han ayudado a proliferar por todas las aguas de la Patagonia; y a la pérdida de competitividad ante países productores más eficientes y del todo innovadores, como lo son Noruega y ahora Canadá.
Una reflexión que deberían tomar muy en cuenta los Bancos chilenos, inversionistas minoritarios y de inversión extranjera que tienen capitales comprometidos en ella si todavía conservan alguna esperanza que sus inversiones y capitales involucrados no terminen esfumándose, es que el tráfico de influencias con la que los controladores de esta industria han sorteado todo lo que han querido desde el Estado ha sido una estrategia que ha sido del todo equivocada y que de no mediar se rectifique profundizará el actual fracaso y la amenazará con la quiebra masiva. Ya tienen la advertencia confesada por la gerente del principal Banco Noruego Anne Hvistendahl , institución que está expuesta en cientos de millones de dólares en Chile: ” en Noruega los bancos hacen fila para entrar a ésta industria mientras en Chile ocurre exactamente todo lo contrario “.
“Nuestros gobiernos han elegido la ignorancia “. El titulo de la carta denuncia de la comunidad científica chilena de hace unos días y su protesta ante La Moneda, hacen comprensible lo que diferencia a la industria salmonera Noruega de la chilena, la primera se sostiene en una fuerte inversión privada y pública en Ciencia y Tecnología de primer nivel, que direcciona a esa industria. En Chile el Sector Público simplemente no lo ha considerado necesario lo que ha impedido dotar al Estado de conocimiento critico para que sus autoridades no sigan administrando desde la ignorancia y en forma irresponsable, el vasto y complejo ecosistema parte del Archipiélago Patagonia. Mientras en la industria salmonera se desconoce hasta ahora que este sector haya metido las manos a sus bolsillos para financiar una investigación científica robusta que valide su viabilidad sin que la misma sea una amenaza para la biodiversidad y la vida marina existente en este invaluable ecosistema.
Por lo pronto el fracaso de la Salmonicultura exige rectificar Políticas públicas que comprometen al país como es el caso del puente Chacao, el que se justificó en estudios del MOP de hace más de 10 años que confiaron en el éxito que acompañaría el crecimiento exponencial que tendría la Salmonicultura localizada al frente de Chiloé y Aysen. Nada justifica una inversión pública cercana a los 750 millones de dólares para construir un PUENTE para una salmonicultura que está sumida en medio de grandes pérdidas y que tiene un futuro incierto, la que además está arrancando a localizarse en la región de Magallanes escapándose de la plaga del piojo de mar y de zonas anaeróbicas que ayudó a proliferar en la X y XI Región. Otra política pública a rectificar a la luz de los resultados de la Salmonicultura y que la hace impresentable, es la que le permite seguir siendo un sector destacado del Programa Estratégico de Especialización Inteligente para la Competitividad, en el que están comprometidos autoridades del Ministerio de Economía, Corfo, Subpesca y Sernapesca, y que le posibilita seguir monopolizando los millonarios subsidios estatales administrados por Corfo y Conicyt, usados para respaldar la estrategia de producción masiva de salmones, la misma que los tiene sumido en la crisis.
Es urgente que nuestras autoridades públicas rectifiquen y saquen a la Salmonicultura como eje del desarrollo de la Patagonia, al mismo tiempo que no sigan hipotecando su futuro al hipotético e irreal éxito de esa industria. Es de justicia que el Estado y Corfo trasladen el mismo esfuerzo de recursos económicos y humanos que pusieron en el último par de décadas a favor de la industria del salmón esta vez lo sea a favor de un Programa Estratégico Mesoregional de la Patagonia de largo plazo a favor de las miles de familias de la Patagonia que incluya los 750 millones de dólares del Puente Chacao, para inversión pública en hospitales, universidad pública, fomento y fortalecimiento de su economía de pequeña escala, de emprendimientos que exploten el inmenso potencial que representa el ecoturismo familiar, la pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala, la pequeña agricultura, fomento a la producción artística, cultural , culinaria y de artesanía que fortalezca el turismo cultural y de Minga. Desarrollo de ciencia y tecnología para optimizar su conectividad marítima que se haga cargo de su rica herencia de navegantes del mar interior, desarrollo de fuentes energéticas renovables, de arquitectura y vivienda, así como también de Centros de Ciencia que posibiliten cuidar de las amenazas la sustentabilidad del ecosistema biocultural Archipiélago Patagonia.
El destino de la Patagonia no puede seguir quedando a manos de una clase política miope que no se hace cargo del impacto negativo que han tenido sus políticas sobre las poblaciones nativas y que ampara la ambición desquiciada de grupos empresariales que han invadido la Patagonia de mega proyectos de distinto tipo. El gobierno debe asumir el compromiso de respetar la milenaria cultura de bordemar de la que son parte las poblaciones nativas del Archipiélago de la Patagonia, de Puerto Montt, Hornopiren, Calbuco, Ancud, Castro, Quellón, Achao, Aysen, Coyhaique, Punta Arenas, Puerto Natales, etc., etc ,. No debemos olvidar que una buena parte de ellas son herederas de las culturas ancestrales, Selknam, Yagan, Tehuelche, Kawesqar, Chonos, Veliche y Chilota, y que todas las anteriores son las que cuidaron por miles de años no colocar en riesgo la biodiversidad de la Patagonia y son las que contribuyeron desde siempre a la soberanía de nuestro país en ese territorio.
Tompkins, recién fallecido, construyó un valioso testimonio que en la Patagonia se pueden incubar proyectos fascinantes que cuiden y recuperen su biodiversidad, que existen modos para una economía de impacto positivo para las poblaciones locales y para toda la humanidad.
https://www.youtube.com/watch?v=GI-Fk2N9VXY

Pablo González
Pablo Fernando González, PYME Innovación – Miembro Comité Defensa Borde Costero Puerto Montt
http://www.eldesconcierto.cl/