Por 137 votos a favor, una abstención y sin votos en contra, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de Ley de protección a los buzos, iniciativa que busca reconocer esta actividad y mejorar los estándares de seguridad y salud laboral en sus funciones.

Así, la instancia despachó la iniciativa, en su primer trámite, y ahora deberá ser revisada por el Senado.

A fines de septiembre, la Comisión de Trabajo de la Cámara ya había aprobado en particular la iniciativa, por lo que estaba en condiciones de ser revisada hoy por la Sala de la Cámara.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, agradeció a las y los “diputados que enriquecieron y aprobaron esta iniciativa, que ahora sigue su curso en el Senado. También, a quienes participaron en el proceso de diálogos tripartitos: a los sindicatos del rubro, por su activo rol en materializar este proyecto, y a representantes de empleadores, que también participaron en las mesas de diálogo”.

En tanto, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, subrayó la importancia del “diálogo social tripartito y el trabajo que, como Gobierno, hemos realizado con cada actoría en terreno, junto a las y los parlamentarios de regiones. Esperamos que esta propuesta legislativa, que ahora pasa al Senado, tenga una ágil tramitación, para que las y los trabajadores buzos pronto tengan una ley que les reconozca su labor y les resguarde sus condiciones de seguridad y salud en las faenas”.

Por su parte el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Ebner, dijo que “este proyecto tiene como objetivo reconocer el contrato laboral del buceo y sus actividades relacionadas, además de mejorar la protección en salud y seguridad de quienes desempeñan esta labor, que está expuesta a elevados riesgos de accidentes e incluso a fatalidades. La esperanza es que, con la aprobación de esta ley, se logre disminuir estos indicadores, y, si es posible, eliminarlos por completo”.

Contenido del proyecto

Las principales materias abordadas en el proyecto de ley son:

· Reconocimiento del contrato de trabajo de buceo: El proyecto del Ejecutivo propone incorporar el contrato de buceo y actividades conexas al Código del Trabajo, específicamente al título del contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar y los trabajadores portuarios eventuales. De este modo, se establece su ámbito de aplicación y su respectiva definición.

· Regulación de la salud y seguridad laboral de buzos: La propuesta de ley regula la obligación, por parte de los empleadores, de proporcionar todos los medios técnicos y de seguridad necesarios para desempeñar las labores de buceo. Entre ellas, se encuentra la obligación de registro de tiempo de inmersión, para resguardar el debido cumplimiento de este, y el registro electrónico de cumplimiento de jornadas de trabajo.

· Responsabilidad del dueño de la obra o empresa que ejecuta las labores: La iniciativa legal establece la responsabilidad del dueño de la obra, faena o empresa que encarga ejecutar las labores respecto de la adopción de las medidas para un trabajo seguro por parte de la empresa contratista o usuaria. Contará con la asistencia de las mutualidades de empleadores y del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), entidades que administran el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

· Obligaciones empresa principal: Además de la responsabilidad del dueño de la faena, se establecen responsabilidades concretas para las empresas principales, las que deberán contar con dispositivos de salvamento; procedimientos de control de sus infraestructuras tales como balsas, jaulas, plataformas y bodegas flotantes; procedimiento y equipamiento mínimo de primeros auxilios aplicables a las labores de buceo; procedimientos de control de tiempos y maniobras para los efectos de presión en el cuerpo en el contexto de las labores de buceo y del buceo repetitivo; procedimiento de control de aparatos, sistemas o medios utilizados en las labores de buceo, entre otras.

· Registro electrónico de documentación y registro de asistencia: Las empresas de buceo deberán contar con dos registros. Por una parte, se deberá implementar un sistema electrónico de control específico para el cumplimiento de los tiempos de inmersión, de acuerdo con la profundidad de la labor de buceo, y el periodo de descanso necesario tras dicha operación. Adicionalmente, deberán mantener en dicho sistema un registro de documentación electrónica que considere los antecedentes relativos a los equipamientos, herramientas y elementos de seguridad utilizados en cada inmersión, debiendo consignar el registro de matrícula vigente del buzo respectivo.

· Certificaciones de ChileValora: Desde los trabajadores involucrados en la tramitación del proyecto se levantó la inquietud y solicitud de incorporar la posibilidad de acceder a las certificaciones que otorga ChileValora. Por ello, se incorporó el mandato a esa entidad para constituir un organismo sectorial de competencias laborales, convocando a los sectores relacionados en el ámbito de la presente ley, con la finalidad de impulsar la certificación de competencias laborales de las y los trabajadores del sector, según el marco de lo establecido en la ley 20.267.

· Protocolo de procedimientos: También se aprobó una indicación de los diputados Javiera Morales, Andrés Giordano y Mauro González, que alude a que se debe contar con un protocolo de procedimientos ante accidentes por descompresión que coordine a las instituciones pertinentes y a la empresa para el oportuno acceso a cámaras hiperbáricas.

Este proyecto había sido ingresado en julio por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara Román, junto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, para luego, el 27 de agosto, ser aprobado en general y por unanimidad por la misma Comisión.

“Quiero agradecer a los parlamentarios de esta comisión que enriquecieron esta iniciativa, que ahora sigue su curso en la Sala. La actividad que realizan los buzos se encuentra expuesta a altos niveles de riesgo de accidentabilidad y también con fatalidades y esto busca, precisamente, proteger y reconocer el contrato de trabajo del buceo y las actividades anexas”, aseguró la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

La secretaria de Estado agregó que “se busca, precisamente, que las tasas de accidentes sean menores, que ojalá lleguen a cero, así como también las fatalidades que han ocurrido en la industria y que no dejan de conmover a sus familiares y al país”.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto con valorar la aprobación unánime de las y los diputados de la Comisión, enfatizó que “el buen resultado de hoy es, por cierto, producto del Diálogo Social que hemos desplegado en terreno con gremios y sindicatos del sector y con los parlamentarios de las regiones. Para nuestro Gobierno es fundamental avanzar en Trabajo Decente; por ello, resguardar los derechos laborales que permitan a las y los buzos desempeñarse en óptimas condiciones de seguridad y salud, ha sido una prioridad”.

Es por lo anterior que el subsecretario Boccardo agregó: “Esperamos que el proyecto tenga una votación satisfactoria en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, para que, una vez cumplida su tramitación en el Senado, sea despachado a ley”.

En tanto, la diputada Javiera Morales expresó: “Estamos bien contentos, porque en la Comisión de Trabajo se aprobó por completo ya este proyecto de ley y prontamente lo conoceremos en la Sala de Diputadas y Diputados. Un compromiso que adquirió el Gobierno del Presidente Gabriel Boric gracias al impulso de diversos parlamentarios y parlamentarias del sur de Chile”.

En esa misma línea, el diputado Andrés Giordano, miembro de la Comisión de Trabajo, comentó que “esta es una tremenda noticia para los buzos a lo largo de todo el país. Se reconoce su función, se reconoce laboralmente esta actividad, que ha estado abandonada permanentemente y con una altísima accidentabilidad y precarización laboral. A partir de esta ley no solo se les reconoce sus labores, también se les protege”.

Por su parte, el diputado Mauro González, valoró el apoyo transversal de todos los sectores de la Comisión con la aprobación de este proyecto de ley: “Hemos colocado el interés de protección de los buzos como algo prioritario. Esperamos que pueda seguir avanzando, que se pueda votar rápido en Sala y pasar al Senado. Ha sido un gran proyecto y llegamos a muy buenos acuerdos por los buzos de nuestro país”.

Además, el diputado Héctor Ulloa destacó la unanimidad de la aprobación del proyecto de ley y las indicaciones que se le hicieron a la iniciativa, la cual le da más robustez al contenido: “Las indicaciones que se le agregaron fortalece este proyecto, porque está destinado, en primer lugar, a reconocer el trabajo los buzos y buzas de nuestro país. Y, en segundo lugar, creo que es lo más importante, a protegerlos, tanto en la responsabilidad del empleador, pero, sobre todo, en el ámbito de la ocurrencia de siniestros en el fenómeno de la descompresión y de la necesidad médica de acercarlos urgentemente a las hacia las cámaras hiperbáricas”.

Dentro de las indicaciones que se le hicieron al proyecto de ley, destacan:

• Que ChileValora impulse la certificación de competencias laborales de trabajadores del sector.

• Tener un registro de servicios de buzos, con exigencias de licencia para la labor de buceo.

• Tener un protocolo de procedimientos ante accidentes por descompresión que coordine a las instituciones pertinentes y a la empresa para el oportuno acceso a cámaras hiperbáricas.

• Que se declare el 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los Buzos de Chile.

Contenido del proyecto

Las principales materias abordadas en el proyecto de ley son:

• Reconocimiento del contrato de trabajo de buceo: El proyecto propone incorporar el contrato de buceo y actividades conexas al Código del Trabajo, específicamente al título del contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar y los trabajadores portuarios eventuales. Así, se establece su ámbito de aplicación y su respectiva definición.

• Regulación de la salud y seguridad laboral de buzos: Proporciona todos los medios técnicos y de seguridad necesarios para desempeñar las labores de buceo, regulando la obligación de los empleadores en generar esta labor. Dentro de estas, está la obligación de llevar el registro de tiempo de inmersión, para resguardar el debido cumplimiento de este, además de llevar el cumplimiento de las jornadas de trabajo a través de un registro electrónico.

• Responsabilidad del dueño de la obra o empresa que ejecuta las labores: La iniciativa legal establece la responsabilidad del dueño de la obra, faena o empresa que encarga ejecutar las labores respecto de la adopción de las medidas para un trabajo seguro de la empresa contratista o usuaria. Cuenta con la asistencia de las mutualidades de seguridad y del ISL, entidades que administran el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• Obligaciones empresa principal: Se establecen responsabilidades concretas para las empresas principales, las que deberán con dispositivos de salvamento; procedimientos de control de sus infraestructura tales como balsas, jaulas, plataformas y bodegas flotantes; procedimiento y equipamiento mínimo de primeros auxilios aplicables a las labores de buceo; procedimientos de control de tiempos y maniobras para los efectos de presión en el cuerpo en el contexto de las labores de buceo y del buceo repetitivo; procedimiento de control de aparatos, sistemas o medios utilizados en las labores de buceo, entre otras.

• Registro electrónico de documentación y registro de asistencia: Las empresas de buceo deberán contar con dos registros. Por una parte, se deberá implementar un sistema electrónico de control específico para el cumplimiento de los tiempos de inmersión, de acuerdo con la profundidad de la labor de buceo, y el periodo de descanso necesario tras dicha operación. Adicionalmente, deberán mantener en dicho sistema un registro de documentación electrónica que considere los antecedentes relativos a los equipamientos, herramientas y elementos de seguridad utilizados en cada inmersión, debiendo consignar el registro de matrícula vigente del buzo respectivo

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Con la participación del ministro de Energía, Diego Pardow, y el subsecretario de la cartera, Luis Felipe Ramos, la Comisión de Zonas Extremas y la Antártica Chilena de la Cámara de Diputados y Diputadas comenzó la tramitación del proyecto de ley que moderniza la Ley General de Servicios Eléctricos y regula los sistemas medianos, impulsado por el Ejecutivo.

Durante la primera discusión del proyecto, el ministro Pardow destacó el impacto que tiene esta iniciativa en la población de las regiones más australes del país, y señaló que “el proyecto que perfecciona los sistemas medianos contempla una serie de cambios regulatorios para resolver los problemas que enfrentan los clientes eléctricos en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.  Con esta iniciativa, se busca que familias e industrias tengan un mejor acceso a la energía y con mayor equidad tarifaria, permitiendo transformar a la electricidad en un motor para el desarrollo de estos territorios que mejore la calidad de vida de sus habitantes”.

Por su parte, el subsecretario Ramos se refirió a la importancia que tiene este proyecto para la estrategia de descarbonización de la cartera, y afirmó que “queremos que la energía sea más accesible, que tenga mejores condiciones, con un régimen tarifario más justo y que se incorpore a los sistemas medianos a nuestra política de transición energética, para así lograr la meta de carbono neutralidad al año 2050”.

Luego de las intervenciones de las autoridades, la presidenta de la comisión, la diputada Marcia Raphael, destacó el proyecto y señaló que “se trata de una iniciativa que reconoce la postergación histórica de la región de Aysén y que va en directo auxilio de sus habitantes, en tanto diversifica la matriz energética y reduce las tarifas por dicho servicio”.

CONTENIDOS DEL PROYECTO

El proyecto de ley que modifica la actual regulación de los Sistemas Medianos tiene por objetivo modernizar y ajustar la regulación introducida en el año 2004 por la ley N° 19.940 (Ley Corta I), realizando los cambios necesarios, para que, sin dejar de reconocer las características propias y especificidades de estos sistemas, su nueva regulación les permita sumarse eficazmente a la transición energética y a la mayor promoción de las energías renovables no convencionales en el contexto actual.

De esta manera, la iniciativa se fundamenta en cuatro (4) ejes. En primer lugar, está el eje de definición y categorización de los sistemas medianos y aislados, que deja de lado el criterio único de capacidad instalada de generación, que no refleja adecuadamente la diversidad y especificidades de las áreas donde operan estos sistemas.

En segundo lugar, el eje de actualización del procedimiento de planificación, que busca propender al desarrollo de las inversiones, considerando -además de las variables de eficiencia y seguridad actuales- la incorporación de energías renovables y almacenamiento. Luego, se encuentra el eje de ajustes en la tarificación de los sistemas medianos, que persigue extender los mecanismos de equidad existentes, permitiendo el desarrollo económico de las regiones involucradas.

Finalmente, el eje de participación ciudadana. El proyecto de ley incentiva la incorporación de proyectos renovables en los Sistemas Medianos, mediante la especificación del principio de acceso abierto, para que las empresas transmisoras y distribuidoras permitan este acceso a nuevos proyectos que se conecten por líneas propias o de terceros. Asimismo, se fomentan aquellas obras de planes de expansión que incorporan generación renovable en las siguientes fijaciones tarifarias.

Con el comienzo de la discusión en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena en la Cámara de Diputados, se espera que se citen a actores relevantes del sector público, privado y sociedad civil, para luego avanzar en la presentación de indicaciones

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó  al Senado el proyecto de ley de Reactivación del Turismo y de Fomento a la Industria Audiovisual  (Boletín N°16817-05) por 122 votos a favor y dos en contra. Esta iniciativa legal —ingresada a  tramitación el 8 de mayo y que forma parte tanto del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la  Responsabilidad Fiscal como del fast track concordado con el Congreso para agilizar la tramitación de  21 proyectos de ley— busca fomentar el desarrollo sostenible a largo plazo de esta actividad dado su  efecto multiplicador en la economía y aumentar el ingreso de turistas extranjeros en al menos un  millón al año, para superar la contracción generada por la pandemia del Covid-19. 

Para ello, entre otras medidas, crea el Fondo de Promoción Turística Internacional con recursos que  duplicarán el actual aporte vía Ley de Presupuestos, totalizando US$20 millones anuales. Asimismo,  permitirá a turistas extranjeros solicitar devolución de IVA por compras de bienes que sean parte de  su equipaje para llevar fuera del país a través de pasos fronterizos autorizados. Por otra parte, con el  objetivo de promover al país en el extranjero, propone que las empresas no residentes que realicen  producciones audiovisuales en territorio nacional para ser emitidas en el extranjero accedan a  devolución del IVA por los servicios contratados en el país. 

La amplia mayoría de los diputados y diputadas valoró este proyecto como un paso significativo para  fomentar a este sector que abre oportunidades para el desarrollo regional; como un importante  generador de empleo, principalmente femenino; y que permite generar sinergias con otros rubros  como la agricultura, gastronomía, transporte, pesca y cultura. 

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó que este proyecto está en línea con otros que  apuntan a combatir la informalidad de las actividades económicas, como el de Cumplimiento  Tributario: “Acogiendo propuestas recogidas durante la tramitación del proyecto, se incluyen medidas  que fomentan la formalización del servicio de alojamientos turísticos, a fin de evitar la competencia  desleal con las empresas establecidas. Por ejemplo, para eliminar barreras de acceso a las pymes se  permitió que la emisión de la factura de exportación por hospedaje a turistas no residentes sea en  moneda nacional y no sólo en moneda extranjera. Además, las plataformas de intermediación digital  deberán informar al Servicio de Impuestos Internos respecto de todas las transacciones de hospedaje  que intermedien”. 

Para la Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, la aprobación de este proyecto “es un paso  fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, para las economías locales y para poder

hacer de Chile un polo turístico más atractivo, que no solo atraerá un millón de turistas cada año, sino  que también podrá generar una nueva rama de turismo y eso es el turismo de locaciones, en la medida  que producciones audiovisuales del extranjero vean en Chile el potencial que tiene. Con este proyecto,  ganamos todos: ganan los chilenos, ganan los turistas, ganan las regiones, ganan los tour operadores,  los guías, los transportistas, también quienes trabajan en gastronomía. Ahora, esperamos que pueda  ser visto por el Senado prontamente para que Chile tenga una ley que permita entre muchas otras  cosas, un presupuesto de promoción internacional que nos hará no solo potenciar los lugares donde  ya trabajamos, sino también llegar a otros lugares del mundo”. finalizó. 

Financiamiento de los incentivos 

Para completar el financiamiento de todas las medidas que establece el proyecto, incluyendo el Fondo  de Promoción Turística Internacional, se propone la aplicación de una tasa de alojamiento a turistas  extranjeros de 1,25% sobre el precio por noche del servicio contratado (quienes actualmente gozan  de exención de IVA a diferencia de los turistas nacionales). 

El proyecto contempla también que los ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo  realicen una evaluación del efecto del Fondo de Promoción Turística Internacional en la atracción de  turistas extranjeros al país. Los resultados serán públicos y deberán presentarse a las comisiones de  Hacienda y Economía de la Cámara.

La iniciativa, que apoyará de forma concreta a los pescadores y pescadoras artesanales, ahora debe ser analizada por el Senado.

La sala de la Cámara aprobó este lunes por unanimidad el proyecto del Gobierno que busca suspender la declaración de caducidades en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) por un tiempo limitado y por única vez.

La iniciativa, que pasará a segundo trámite legislativo, permitirá apoyar de forma concreta a los pescadores y pescadoras artesanales que vieron afectadas sus labores debido a la propagación del COVID- 19.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, expresó que es “una buena noticia que la Cámara haya aprobado la suspensión de caducidades del Registro Pesquero. Esperamos que el Senado también respalde esta iniciativa que beneficia a más de 30 mil pescadores artesanales que, como consecuencia de la pandemia, vieron afectadas sus operaciones”.

Desde Subpesca explicaron la importancia de esta suspensión. “La sanción administrativa de caducidad es una de las sanciones más graves contempladas en el ordenamiento jurídico pesquero, e implica que una vez aplicada provoca la imposibilidad de seguir operando en el sector de forma definitiva respecto de todos los recursos inscritos”.

Además, esta medida contribuirá a restablecer el normal procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos determinados por la ley, en materia de aplicación de caducidades por parte del Sernapesca, contando, de esta forma, con información actualizada y completa.

(Imagen referencial)

“Esta es una ley que va a ayudar en la dignidad y que va a ayudar en garantizar mayor bienestar en materia de seguridad social”, declaró la titular de Trabajo y Previsión Social.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, valoró el despacho a ley del proyecto que establece una nueva modalidad de pensión para enfermos terminales, luego que la Sala de la Cámara de Diputados lo aprobara por unanimidad en su tercer y último trámite legislativo.

La nueva normativa beneficiará a todos aquellos afiliados activos o pensionados que, producto de una enfermedad terminal, ven drásticamente reducida su expectativa de vida a un rango inferior a 12 meses, los que podrán acceder de una manera especial a los recursos que ahorraron para su futura jubilación.

“Esta es una ley que va a ayudar en la dignidad y que va a ayudar en garantizar mayor bienestar en materia de seguridad social. Consagra el derecho de aquellas personas que están enfrentando una situación tan difícil como el haber recibido la noticia de tener una enfermedad terminal, ahora pueda tener una manera distinta de disponer de los recursos que durante toda su vida activa acumularon pensando en una futura pensión”, señaló la ministra Zaldívar.

La Secretaria de Estado agradeció el apoyo transversal que obtuvo de parte de los parlamentarios esta moción que, en definitiva, “lo que se hace es ajustar el cálculo de la expectativa de vida de estas personas, a fin de que puedan recibir estos recursos en un período más acotado y puedan también disponer libremente de los excedentes que se generen por esta razón”.

En tanto el Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, explicó que, aunque esta norma entrará en vigencia el próximo 1 de julio, “en el intertanto implementaremos junto a la Superintendencia de Pensiones una fórmula transitoria, para que se pueda acceder de inmediato a estos beneficios, porque entendemos la urgencia, entendemos la necesidad de poder contar con este instrumento que ayudará a muchos chilenos”.

Según explicó el Subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, para acceder al beneficio, se creará el Consejo Médico de la Superintendencia de Pensiones, quien será el organismo encargado de calificar o certificar la calidad de enfermo terminal. Este último se entenderá a toda persona con una condición patológica grave diagnosticada, progresiva e irreversible, sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces, y con una expectativa de vida inferior a 12 meses.

La medida permitirá el retiro de sus fondos previsionales como Excedente de Libre Disposición, manteniendo al menos los recursos necesarios para financiar: una Renta Temporal por 12 meses igual a lo menos a la Pensión Básica Solidaria; la Cuota Mortuoria (15 UF) y las pensiones de sobrevivencia, de corresponder.

Los beneficiarios serán: afiliados activos al sistema de pensiones de AFP; pensionados por vejez, vejez anticipada, invalidez total o parcial o sobrevivencia, bajo todas las modalidades, salvo Renta Vitalicia; y pensionados de la Ley de Accidentes y enfermedades profesionales N° 16.744.