El Sargento 2º Javier Figueroa, de 36 años, permaneció casi dos semanas en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial; tenía 15 años de servicio y deja un hijo de siete años.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, expresó su profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento del Sargento 2º de Carabineros Javier Eduardo Figueroa Manquemilla, quien permanecía en estado crítico luego de ser baleado durante un procedimiento policial en la comuna de Puerto Varas.

A través de sus redes sociales, el Mandatario lamentó “profundamente el fallecimiento del Sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana”, agregando una frase que marcó su mensaje: “Cada vez que muere un Carabinero, se muere una parte de Chile”.

El jefe de Estado enfatizó además que el Gobierno continuará trabajando para fortalecer la seguridad de las policías y dar con los responsables del crimen. “Seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros Carabineros, y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en impunidad”, afirmó.

La confirmación del fallecimiento fue entregada por el Hospital de Puerto Montt y Carabineros, luego de varios días en que el funcionario se mantuvo internado en estado de extrema gravedad. El director del recinto asistencial, doctor Ricardo Quezada, señaló que “desgraciadamente Javier falleció. Se le ha dado la mejor atención posible que nuestro país le puede entregar a un funcionario o a cualquier persona de nuestro país (…) se cumplió lo que desgraciadamente se pronosticaba”, junto con enviar condolencias a la familia y a la institución.

Carabineros, mediante un comunicado oficial, informó el “sensible fallecimiento del Sargento 2º Javier Eduardo Figueroa Manquemilla (Q.E.P.D.), quien permaneció durante casi dos semanas luchando por su vida, tras resultar gravemente herido en un procedimiento policial en la comuna de Puerto Varas”.

El uniformado, de 36 años, contaba con 15 años de servicio en la institución, registraba tres felicitaciones en su hoja de vida, era casado con una funcionaria de Carabineros y deja un hijo de siete años. “Fue un Carabinero ejemplar”, destacó la institución.

El general Jorge Valdivia, jefe de la Décima Zona de Carabineros, manifestó que “como Carabineros lamentamos profundamente el deceso y la partida de nuestro compañero”, agregando que este tipo de hechos “toca la fibra más íntima de la institución”.

El ataque ocurrió el 11 de marzo, cuando el sargento fue baleado en la cabeza por sujetos desconocidos mientras respondía a un llamado por consumo de alcohol en la vía pública. Pese a los múltiples operativos desplegados en la zona, hasta ahora no existen detenidos ni pistas claras sobre los autores del crimen.

Desde el Gobierno, el delegado regional de Los Lagos, Cristián Palma, aseguró que las diligencias continuarán hasta dar con los responsables. “Vamos a encontrar a estos culpables del asesinato de nuestro sargento (…) no vamos a descansar como Gobierno”, afirmó.

En paralelo, la Municipalidad de Puerto Varas decretó duelo comunal por tres días como señal de respeto y acompañamiento a la familia del funcionario y a Carabineros de Chile.

Según el derecho internacional y la legislación chilena, los mandos a cargo de cuerpos policiales son, bajo ciertas circunstancias, responsables por los actos de sus subordinados, incluso cuando hubiesen omitido la supervisión de estos. Así lo ha señalado Amnistía Internacional en sus informes de 2020, “Ojos sobre Chile”, de 2021, “Responsabilidad penal por omisión de los mandos” y en un reciente informe publicado bajo el día de hoy, “Obligaciones de derecho internacional de investigar y sancionar a los responsables jerárquicos de violaciones de derechos humanos”.

El inicio de un proceso judicial, que comenzaría tras la celebración de esta audiencia, servirá para esclarecer si dichas personas tuvieron responsabilidad penal individual por no haber impedido las graves lesiones causadas a miles de manifestantes, a pesar de que habrían podido hacerlo, tal como era su obligación.

“Esta audiencia nos demuestra que es posible procesar no sólo a quien apretó el gatillo, sino sobre todo a quien omitió hacer todo aquello que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes. La responsabilidad por estos hechos debe estar a la altura de la responsabilidad del puesto que tenían”, expresa Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde octubre de 2019, Amnistía Internacional y diversas organizaciones y organismos internacionales y nacionales de derechos humanos denunciaron el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con perdigones de metal y goma por parte de Carabineros, que dejaron a miles de personas heridas y a más de 400 con trauma ocular severo. Hoy en día, se cuentan en más de 1.100 las causas por apremios ilegítimos (malos tratos) causados por este tipo de acciones, lo que evidencia el daño generalizado cometido por la acción de Carabineros.

La investigación penal contra los altos mandos de la policía que habrían permitido que esto ocurriera, es un hito para Chile. Cada día, en distintos países, el derecho a protestar se ve amenazado por el uso de armas y munición sumamente lesivas y prohibidas por el derecho internacional para el control de manifestaciones. Hoy, Chile tiene la oportunidad histórica de hacer rendir cuentas a quienes desde posiciones de poder no actuaron para impedir daños irreversibles contra miles de personas.

Amnistía Internacional celebra que esta audiencia, que finalizaría mañana, inicie un proceso judicial que, bajo las garantías del debido proceso pertinentes, esclarezca los hechos y determine las responsabilidades por las graves violaciones a derechos humanos cometidas a partir de 2019.

“Los ojos del mundo continúan sobre Chile. La formalización de altos mandos es un  antecedente valioso para otros países de la región, pero sobre todo para Chile y las víctimas de la violencia policial, que han resistido cinco años para que esta puerta hacia la justicia se abriera paso”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Finalmente, Amnistía Internacional considera oportuna la salida del actual Director General de su cargo, ya que como ya denunció la organización en diversas ocasiones, su permanencia suponía un riesgo para la prueba procesal y el cumplimiento de garantías de no repetición. 

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Amnistía Internacional aportó a esta investigación penal antecedentes relativos a la violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social”. En particular, este informe evidenció cómo, a través de un obrar omisivo y deliberado, distintos mandos de Carabineros —incluido el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad— habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas, donde se hizo un uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular.