La actual 79ª Asamblea General, se ha caracterizado por fuertes críticas a su funcionamiento por los líderes mundiales. No es extraño que abunden posturas divergentes y hasta hostiles entre las delegaciones pero, que se manifieste de manera generalizada es indicativo de algo más serio. Se puede afirmar que esta percepción negativa es la única en que coinciden los Estados Miembros. El Secretario General, António Guterres, ante el plenario ha sostenido que “las Naciones Unidas no puede seguir igual”. Una declaración verdaderamente preocupante. Los latinoamericanos tampoco han dejado de recriminarse entre sí, o responsabilizar a otros de su realidad, mostrando un subcontinente dividido.

No olvidemos que son los propios Estados los responsables de su funcionamiento. La Secretaría, uno de sus órganos principales, se compone de un Secretario General que “será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.” Es “el más alto funcionario administrativo de la Organización” (Artículo 97 Carta). Significa que debe cumplir lo que los países acuerden. Una responsabilidad al menos compartida, pues la Secretaría no actúa por su cuenta sino según los mandatos recibidos. Podrá proponer prioridades y lineamientos sometidos a la decisión de los países. Aquellos, como los Miembros Permanentes del Consejo o los mayores contribuyentes, tienen una clara incidencia.

Por sobre estas consideraciones estatutarias, las críticas han aumentado enfatizando los desacuerdos, sin mayor atención sobre aquellos temas en que el Organismo funciona, o lo hacen los Organismos Especializados dentro de sus competencias cuya labor prosigue.

La virtual paralización del Consejo de Seguridad, encargado de la paz y seguridad internacional se ha hecho sentir fuertemente. Los dos conflictos más visibles, como la agresión de Rusia a Ucrania, hace más de dos años y que continúa; así como la respuesta de Israel en Gaza contra Hamas, y extendida al sur del Líbano, evidencian que entre las grandes potencias no hay coincidencias y ejercen su derecho de “veto” si lo creen necesario. Permite que muchos crean que pueden actuar impunemente y sin consecuencias, es contagioso. Tampoco hay señales de algún arreglo.

Temas sumamente ambiciosos como la Agenda 20-30 con 17 Objetivos sobre el Desarrollo Sostenible, aparece de difícil materialización. Tampoco hay buenas noticias sobre el cambio climático, que ni la Cumbre del Futuro previa a la Asamblea pudo despejar, o el aumento de las aguas que pone en peligro países isleños tampoco logró compromisos significativos. Por tanto, el foco se ha puesto nuevamente en la reforma a la Carta y a la Composición del Consejo. Las iniciativas han resurgido. Con las actuales y profundas divergencias aparece como un buen propósito todavía impracticable y sólo podría transformarse en una distracción.

El clima de desencuentros condiciona el normal funcionamiento de la ONU e impide avanzar en los proyectos previstos. No es el Organismo el que podrá cambiarlo, sino la voluntad de sus miembros. A pesar de todo, sigue siendo el foro más idóneo para discutir y alcanzar soluciones.

• El economista y profesor de la UCLA sostuvo que “si no crecemos a tasas más o menos vigorosas, no vamos a poder solucionar los problemas sociales y políticos que enfrenta Chile”, añadiendo que lo que se requiere es dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo, de una manera que para ciertas materias incluso “se pueda partir desde cero para volver a construir”.

• El socio principal de KPMG, Francisco Lyon, por su parte, sostuvo que es la hora de “escuchar y darle espacio de verdad a los técnicos y expertos de manera transversal, dejando a un lado la vereda de la posverdad y los discursos llenos de retórica, pero vacíos en contenido”.

Este miércoles, KPMG realizó el seminario “El Chile que viene, el país que queremos”, instancia que contó con la exposición de Sebastián Edwards, economista y consultor internacional, y un panel compuesto por los destacados economistas Andrea Tokman y Klaus Schmidt-Hebbel, y el abogado Francisco Lyon, socio principal de KPMG, quienes analizaron los principales desafíos que tendrá que enfrentar el país para potenciar el crecimiento económico y retomar la senda de la productividad.

Francisco Lyon realizó un llamado a escuchar con más atención a los técnicos y líderes de las diversas disciplinas, “para consensuar caminos que le hagan bien a Chile. El país atraviesa por momentos que exigen una mirada distinta a la que hemos tenido en los últimos años. Ha llegado el momento de los acuerdos, pero no cualquier acuerdo, sino de aquellos que sean fruto de la excelencia técnica y profesional al abordar las distintas materias. Nuestro país tiene talento de sobra para eso”.

Sebastián Edwards inició su presentación realizando una dura crítica sobre el que, en su opinión, es un estado de emergencia económica del país, que “lleva mucho tiempo. La hemos estado enfrentando como aficionados y dándonos vueltas en la misma discusión sin avanzar mayormente. Y la emergencia que yo veo es el haber reemplazado un verdadero milagro, por una situación de empantanamiento de nuestra economía. Al final de la historia, si no crecemos a tasas más o menos vigorosas, no vamos a poder solucionar los problemas sociales y políticos que enfrenta Chile”.

Por su parte, Klaus Schmidt-Hebbel coincidió en este análisis, explicando que si “lo hacemos tan mal como lo estamos haciendo ahora, no va a pasar casi nada en los siguientes 27 años. Van a ser años perdidos o peor, sentenció.

Discusión tributaria y críticas a Economía

Edwards puntualizó que “Nicolás Grau, por razones políticas o de manera adversa, está poniéndole ‘parche curita’ a diversos temas por encima de los 724 ‘parches curita’ que tenemos. Y eso no va a resultar. Tenemos que ir por el lado de la ingeniería, de los procesos, y simplificar en el sentido de eliminar todas aquellas regulaciones que no sirven. Si no lo hacemos, no vamos a avanzar. Y vamos a seguir cayendo”.

Andrea Tokman coincidió en la necesidad de simplificar los procesos para lograr una correcta fiscalización, sin embargo, para la economista el principal desafío es que “desde el Estado es importante que nos preocupemos de que se gestionen apropiadamente los procesos. Y ahí caemos en autorizaciones, para no llamarlo permisología. Esas autorizaciones que Sebastián dijo ‘eliminémoslas todas’, no creo que sea el camino. Eliminemos totalmente un buen porcentaje. Y eso es lo que está tratando de hacer Grau. El problema es que no hay coordinación, no hay poder de mando”. Asimismo, la economista, se refirió en detalle al trabajo de la comisión que le tocó integrar recientemente, sobre el impacto del crecimiento en la recaudación, manifestándose a favor de que “no hay mejor reforma tributaria que busque recaudación que el crecimiento”.

En tanto, Francisco Lyon, recalcó la necesidad de repensar nuestro sistema tributario, en particular sobre el impuesto a la renta, dando diversos ejemplos de los fundamentos por los cuales se hace ello necesario, fruto de escuchar de verdad a los técnicos y expertos de manera transversal, con tiempo y bajo un proceso serio de análisis y estudio, recalcando que el régimen actual ha sido fruto parches y con la única finalidad de llegar a un numero en recaudación, pero sin abordar la importancia de un buen “sistema tributario” para el país, más allá de la recaudación en sí como objetivo último.

Según el informe del Banco Central, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en mayo de 2023 registró una disminución del 2% en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando su peor desempeño desde diciembre de 2022, cuando también experimentó una caída del 2%. Se estimaba que el Imacec mostraría una disminución entre el 1% y el 2% después de haber caído un 1,1% en abril. Esta caída se debe principalmente a la disminución en el sector minero y, en menor medida, del sector comercial. Es importante destacar que el mes de mayo de 2023 tuvo la misma cantidad de días hábiles que mayo de 2022. En términos desestacionalizados, el Imacec disminuyó un 0,5% en comparación con el mes anterior y un 2,2% en los últimos doce meses. El descenso del Imacec desestacionalizado fue impulsado por el rendimiento del sector minero. Por otro lado, el Imacec no minero experimentó una disminución del 1,1% en los últimos doce meses, mientras que en términos desestacionalizados no mostró variación en comparación con el mes anterior. En su último Informe de Política Monetaria (Ipom) publicado a finales de junio, el Banco Central ajustó su proyección de crecimiento económico para este año, ubicándola en el extremo superior del rango establecido en marzo. Ahora se espera una caída del 0,5% a un aumento del 0,25%. El banco también señaló que las estimaciones de actividad mostraron cambios menores, principalmente asociados al desempeño del sector minero. En cuanto al desglose por actividad en mayo, la producción de bienes registró una caída del 2,7%, explicada por la disminución del 7,5% en el sector minero y en menor medida por la caída del 0,8% en la industria. Por otro lado, el resto de los bienes experimentó un crecimiento del 1%. En términos desestacionalizados, la producción de bienes mostró una contracción del 1,6% en comparación con el mes anterior, siendo la minería responsable de una caída del 3,5%. La industria disminuyó un 0,9%, mientras que el resto de los bienes creció un 0,3%. En cuanto al sector comercial, este experimentó una disminución del 4,2% en términos anuales. Este resultado se explica por la caída en todos sus componentes, especialmente en el comercio minorista, donde se destacan las menores ventas en supermercados, grandes tiendas y establecimientos especializados en vestuario y alimentos. Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento del 0,3% en comparación con el mes anterior, impulsado por el comercio automotriz y minorista, aunque parcialmente compensado por la disminución en el comercio mayorista. En cuanto a los servicios, no hubo variación, ya que el crecimiento de los servicios empresariales y personales se compensó con la caída en el sector del transporte. En términos ajustados por estacionalidad, se observó un crecimiento del 0,1% en comparación con el mes anterior. A nivel global, tanto en nuestro país como en otros lugares, se está viviendo una situación económica delicada, principalmente debido a la guerra en Ucrania, que se considera el conflicto europeo más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Los bancos centrales han tenido que tomar medidas drásticas, como el aumento de tasas de interés, para hacer frente a las condiciones económicas adversas e intentar contener las presiones inflacionarias. A nivel local, los cambios y reformas en diversas áreas generan un ambiente de incertidumbre. Es importante destacar que los datos entregados revelan resultados preocupantes sobre el futuro de la economía tanto a nivel local como global, pero también se observan elementos esperanzadores. Aunque la perspectiva es más pesimista que en mediciones anteriores, debemos ser capaces de mirar a largo plazo y reconocer los grandes desafíos que tenemos por delante para recuperar el crecimiento económico, el cual finalmente genera bienestar para la población.

· Según datos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en la última semana se acogieron a la Ley de Protección del Empleo cerca de 56 mil nuevos trabajadores, tanto en la modalidad de suspensión de contratos, como en reducción temporal de jornada laboral.

· A casi dos meses de entrada en vigencia de la norma, más de 92.204 empresas han mantenido la relación laboral de 569.107 trabajadores, a través del mecanismo de suspensión de contrato; y más de 4 mil empresas se han acogido a reducción temporal de jornada laboral, para más de 24 mil trabajadores. De esta forma cerca de 600 mil trabajadores han accedido a la Ley.

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, entregó esta mañana un nuevo balance de las cifras de empleo incorporando las cifras de la semana del 18 al 22 de mayo en cuanto al uso de la Ley de Protección al Empleo y solicitudes del Seguro de Cesantía.

Durante esta última semana 55.846 nuevos trabajadores se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, tanto en la modalidad de suspensión (por acto de la autoridad o pactada), como en Reducción Temporal de Jornada Laboral.

De este modo, a casi dos meses de entrada en vigencia de la ley, más de 92.204 empresas, han decidido mantener la relación laboral de 569.107 trabajadores, a través del mecanismo de suspensión de contrato, en vez de despedirlos en medio de esta dura e inédita emergencia sanitaria. Lo anterior incluye a 555.002 trabajadores acogidos al Seguro de Cesantía que están recibiendo los beneficios de esta Ley, y 14.105 trabajadoras de casa particular, que también han podido acceder a esta alternativa a través de sus fondos de indemnización en la AFP.

A ellos se agregan las empresas y trabajadores que han optado por la Reducción Temporal de Jornada Laboral. Según los datos entregados, un total de 4.367 empresas, han firmado acuerdos con un total de 24.961 trabajadores a lo largo del país.

Es decir, cerca de 100 mil empresas han mantenido relación laboral de cerca de 600 mil trabajadores a en medio de la crisis sanitaria, a través de la Ley.

“Como Gobierno ha sido una preocupación ir entregando información de los profundos efectos sociales que esta crisis está dejando en nuestro país, para poder tomar las decisiones más acertadas e ir en ayuda de los miles de hogares que habitan en nuestro país. Es por eso que hemos tomado la decisión de entregar -de manera periódica-, la mayor cantidad de información en materia laboral, a fin de que podamos contar con ella y hacer los análisis que correspondan”, aseguró la titular de Trabajo.

En tal marco enfatizó que “sabemos que la situación que enfrentamos es muy compleja y continuaremos trabajando en la búsqueda de mecanismos que nos permitan apoyar a más trabajadores en esta pandemia”. Y es que según detallo la titular de trabajo, entre el 4 y el 22 de mayo, se registraron 98.836 nuevas solicitudes del Seguro de Cesantía (10,9% más que en igual periodo de 2019), totalizando en el año unas 610 mil solicitudes del beneficio, cifra que es 4,7% mayor a la de igual período de 2019.

“La ley de protección del Empelo, sin duda ha sido una eficaz herramienta que, junto a las otras medidas del plan económico de emergencia anunciado por el Gobierno, como el Bono Covid, el Ingreso Familiar de Emergencia y el apoyo con alimentos a los grupos más vulnerables, han permitido entregar protección a las personas que se han visto más afectadas con los efectos de esta crisis”, finalizó la jefa de la cartera.

Detalle de principales cifras

De acuerdo con el balance entregado por la Ministra, del total de suspensiones, 252.616 trabajadores se acogieron a suspensiones por acto de la autoridad, y 302.658 a suspensión por pacto entre las partes.

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, es el sector con mayor número de trabajadores acogidos a la Ley, con un total de 132 mil, equivalentes al 23,8% del total de solicitudes. Le sigue actividades de alojamiento y de servicio de comidas, con 108 mil ó 20% del total, y Construcción, con 96 mil trabajadores, es decir, el 17,3% del total.

Detalló asimismo que el 67,7% de las solicitudes de suspensión de trabajadores aprobadas, están en la Región Metropolitana, (375.463). Y que el 58% de los trabajadores acogidos a suspensión son hombres (325.108) y el 41,2% mujeres.

Entre el 18 y el 22 de mayo, se efectuaron 334 mil primeros pagos, por un monto promedio de $430 mil, en el caso de contratos a plazo indefinido. En contratos a plazo fijo, se han realizado 50 mil nuevos pagos por un monto promedio de $ 317 mil.

En cuando a las reducciones de jornada laboral, en tanto, la mayoría de los trabajadores acogidos a esta alternativa pertenecen a la Región Metropolitana (60,4%) y Valparaíso (12,1%). Los sectores con mayor número de pactos de este tipo son Actividades de servicios administrativos y de apoyo, con 5.802 (23,2% del total), le sigue Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 4.696, es decir, el 18,8%; y Actividades profesionales, científicas y técnicas con 2.724 pactos, es decir, es 10,9%, del total.

· El Jefe Regional indicó “tenemos gran esperanza de que todos estos instrumentos, este plan económico nacional tenga un impacto positivo que mitigue los efectos negativos en nuestra región”.

Con la presencia del Intendente Regional, Harry Jürgensen, y representantes de los gremios de diversos sectores de la región, como la Cámara Chilena de la Construcción; Cámara Nacional de Comercio, Vocero Multigremial de Turismo de la región de Los Lagos, además de los seremis de Economía, Hacienda y directores regionales de Corfo y Sernatur, entre otros, se dio a conocer los detalles y el comienzo de la Ley del Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (FOGAPE), línea de créditos con garantía del Estado para las empresas afectadas por la crisis del Covid- 19 que comienza a regir en nuestro país.

La nueva Ley busca facilitar que las empresas accedan a recursos para su capital de trabajo para, por ejemplo, pago de remuneraciones, arriendo, suministros y otros gastos indispensables con este crédito con garantía estatal.

Para la máxima autoridad regional, el Intendente Harry Jürgensen este nuevo instrumento legal permitirá ir en ayuda de las empresas afectadas: “nosotros tenemos gran esperanza de que todos estos instrumentos, este plan económico nacional  tenga un impacto positivo que mitigue los efectos negativos y quisiéremos ir conociendo como se van transformando en realidad esos instrumentos que están en aplicación, por eso agradezco la participación de los representantes de la economía regional, porque todos juntos tenemos que mantener un equipo público privado para ir monitoreando en lo posible los efectos que estos instrumentos van teniendo”

En relación a la merma en la economía regional, Jürgensen señaló que “no hay duda que está afectado el turismo en forma importante, todas las pymes, mipes están afectadas y hemos podido analizar con los representantes de los distintos sectores estos instrumentos, es muy importante porque uno puede evaluar los efectos que podrían tener y también se evalúan ciertas insuficiencias que podrían tener”, además indicó que “para el Gobierno Regional esto es especialmente importante porque nos permite mirar cuales son los sectores a los que a lo mejor no les llega directamente el beneficio para poder considerar beneficios regionales para todos aquellos informales que nos les llega este sistema de crédito con garantía del estado”.

“También hemos visto la necesidad de generar más cultura financiera en el sentido de entender más el crédito como un instrumento posible no siempre es el mejor instrumento, pero puede serlo cuando contiene características especiales de plazos de gracia, tasas de intereses y relacionado directamente con las ventas” indicó el Jefe Regional.

El Seremi de Economía, Francisco Muñoz señaló que “nuestra intención es difundir junto a los servicios de fomento y representantes de gremios de la región, las nuevas medidas que nuestro Gobierno ha anunciado, que corresponde a Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), que a partir de hoy se implementa a través de 6 bancos. Este encuentro es para detectar, junto a los voceros de los diferentes rubros, aquellas brechas de este nuevo instrumento y generar los acercamientos correspondientes con las entidades bancarias”.

Por su parte el Seremi de Hacienda, César Zambrano, manifestó que “el Presidente Sebastián Piñera dijo hoy día que este fondo era una inyección a la vena para todo emprendedor, pequeña empresa, y todo aquel que independiente la labor que desempeñe y el ejercicio comercial que se dedique. Las primeras medidas tributarias apuntaban a un aplazamiento de obligaciones, pero lo que faltaba en el sistema un aire fresco, como dijo el Presidente una inyección de dinero. Esto viene por 6 meses a actuar como liquidez en la economía y hacer llevadera la estancia de nuestros pequeños y medianos emprendedores”.

Representantes economía regional

Desde el área de la construcción, Vivian Pinilla, Presidenta Regional de la Cámara Chilena de la Construcción indicó, “el gremio de la construcción ya venía muy golpeada a raíz de la crisis social donde hubo muchos proyectos que estaban en ejecución, pero que se tuvieron que suspender. Como gremio, hemos hecho seguimiento a todas las medidas que el Gobierno ha implementado para ayudar a las empresas, todas muy valorables, pero sin duda esta medida que inyecta recursos financieros es mucho más. Como cámara haremos un seguimiento muy exhaustivo para ver que los bancos efectivamente incorporen al rubro de la construcción en esta línea de crédito”.

Para Raffaele Di Biase, Vocero Multigremial de Turismo de la región de Los Lagos la nueva norma apunta a lo necesario pues manifestó “nosotros pensamos en una reactivación muy lenta que sería a partir de septiembre, con el mercado nacional primero, y luego un mercado a larga distancia se podría reactivar de diciembre en adelante. Respecto a las baterías económicas, van en la dirección correcta, esta inyección de créditos Fogape les da oxígeno a las pymes. El turismo es un rubro que agrupa muchas realidades distintas que tiene brechas a lo largo de la actividad misma, como Multigremial nos interesa atenderlas todas”.

Carlos Stange, Vicepresidente Cámara Nacional de Comercio, señaló que fuertemente el turismo es lejos lo más afectado “van pérdidas entre el 80 y 90%, hoy hay muy poca actividad en esta área, por eso es importante bajar rápidamente los recursos para poderlos ayudar, ya que este es un eje de desarrollo hemos venido trabajando hace muchos años y no se puede caer por esta pandemia”.

La medida consiste en un aporte del Estado por US$ 3.000 millones al FOGAPE (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios) que es administrado por Banco Estado para que las empresas puedan acceder a líneas de crédito con garantías estatales. A su vez, se amplía el número de empresas elegibles a medianas y grandes (con ventas anuales de hasta 1 millón de UF).

Esta nueva línea de crédito con garantía del Estado permitirá acotar el riesgo de crédito extraordinario generado por el Estado de Emergencia y facilitará las condiciones para que los bancos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por la Comisión de Mercado Financiero (CMF) presten capital fresco de trabajo a las empresas en forma simple, masiva, expedita y a tasas preferenciales a los clientes que lo soliciten y que cumplan con los requisitos definidos.

La nueva línea de crédito tendrá seis meses de gracia. El préstamo se pagará en cuotas entre 24 a 48 meses.

Mayor información en www.gob.cl/planeconomicoemergencia