Según la CMF, los montos asociados a estos ilícitos superaron los $244 mil millones en 2023, casi el doble que el año anterior.

De acuerdo a las cifras oficiales dadas a conocer por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se evidenció que la suplantación de identidad, el autofraude y el robo o hurto de tarjetas de crédito y débito son los tres ilícitos más comunes en la banca, aumentado, en total, un 140% en 2023 en relación al 2022, dando cuenta que las pérdidas asociadas a fraudes externos llegaron a $244.396 millones el año pasado.

Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile, empresa especializada en la disminución de delitos, explicó que “como sabemos, los casos de fraude bancario comenzaron a aumentar paulatinamente desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.234 que en el mes mayo del 2020 modificó la Ley Nº20.009, limitando la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas”.

No obstante, con el proyecto de ley que regula el sobreendeudamiento ya aprobado y despachado recientemente por el Congreso, entre otras materias, se modificarán las exigencias para los usuarios que buscan desconocer operaciones transaccionales justificadas por fraude u otro delito establecido en la ley. Así, la principal medida disuasiva para combatir el autofraude -comprendida en el texto aprobado-, exige al usuario efectuar la denuncia por el delito del que ha sido víctima y acompañar el comprobante de esta dentro del plazo de 5 días, con el que cuenta la institución bancaria para materializar la devolución del monto correspondiente a la operación desconocida.

Hernández agrega que, si bien existe la posibilidad de activar de forma complementaria una persecución penal dirigida en contra del autor del autofraude, esta no estará ajena de complejidades Desde su mirada experta es “absolutamente necesario contar con un equipo especializado en casos complejos, que además cuente con el apoyo de tecnología basada en la analítica de datos. Esto permite maximizar el volumen de la muestra de las operaciones transaccionales desconocidas por los usuarios enriqueciendo la base de datos e identificar patrones de conducta que permitan desplegar acciones judiciales focalizadas con el propósito de aumentar las tasas de éxito de resultados legales”.

Por último, explicó que cada institución requiere acciones específicas y diseñadas a la medida para perseguir estos delitos y que el éxito de estas permite desincentivar la comisión de nuevos fraudes.

La industria de los seguros en Chile se enfrenta a nuevos desafíos en el contexto de cambios que afectan al país. El clima, las nuevas leyes que afectan a los negocios, la incertidumbre y la mayor efervescencia obligan a los actores de este sector a reinventar constantemente el negocio dice Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile.

La industria de los seguros en Chile ha estado experimentando un cambio significativo en los últimos años. El aumento de los desastres naturales que esta semana han arreciado sobre nuestro territorio, la inseguridad y la nueva ley de delitos económicos han tenido un impacto significativo en la forma en que las empresas y las personas se aseguran.

Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile, explica cómo estos cambios han afectado a la industria y cómo las personas pueden protegerse de los riesgos.

“La frecuencia de los desastres naturales, como inundaciones, terremotos, huracanes e incendios, ha aumentado significativamente en los últimos seis años. Esto ha tenido un impacto claro en la industria de seguros, que se basa en estadísticas históricas para establecer sus primas”. Sin embargo, señala que “esas estadísticas ya no son relevantes en un mundo en el que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves. Como resultado, las primas de seguro han aumentado constantemente en los últimos cinco años”. Explica que esto ha llevado a un aumento en el número de reclamos, ya que las personas buscan recuperar sus pérdidas de los desastres naturales.

Soffia agrega que los seguros contra daños causados por la naturaleza, como terremotos, inundaciones y huracanes, han aumentado su costo de forma constante en los últimos años. “El aumento promedio ha sido de entre 15 y 20% anual. Esto ha tenido un impacto significativo en las empresas y las personas, especialmente en las medianas empresas. Los aseguradores también están preocupados por la situación, ya que siguen perdiendo dinero a pesar del aumento de las primas”. Asegura que es probable que los precios de los seguros contra daños causados por la naturaleza sigan aumentando en el futuro.

Respecto de los seguros que cubren un caso como el edificio que quedó al borde de un socavón en las dunas de Cón Cón, explica que seguramente contaba con un seguro para todo tipo de construcción. Eso significa que quien haya hecho edificio contaba con cobertura, pero que es necesario analizar hace cuánto puede haber vencido esa póliza. “Probablemente ya terminó su cobertura. Por otro lado, los propietarios que tienen un hipotecario asociado a esas propiedades cuentan con la póliza de riesgo que tienen todos los bancos contra este tipo de problemas naturales”, explica.

Consultado sobre si las compañías están asegurando bienes en lugares más peligrosos o calientes, como la Araucanía, señala que en general, todo es asegurable, pero a un precio. “En la Araucanía, es más difícil asegurar equipos móviles que trabajan en una zona forestal. Sin embargo, estos equipos están actualmente asegurados”. Explica que los precios de los seguros han subido cinco veces y las pólizas tienen un deducible mucho mayor. En la práctica, los seguros están estructurados para cubrir algo en caso de una eventualidad, para que no se pierda todo.

Soffia explica que Chile es un país atractivo para los seguros y reaseguros, ya que es el mayor comprador de protecciones ante terremotos. “Los límites de cobertura son muy altos, debido a que la economía chilena es fuerte y está muy indexada a los bancos. La cartera hipotecaria está completamente asegurada, y Chile compra más este tipo de coberturas que México y Brasil, países con economías mucho mayores”.

Sin embargo, los precios de los seguros han aumentado debido a la mayor inseguridad del país. Por ejemplo, el riesgo de actos maliciosos, que antes se incluía en la cobertura de incendio, ahora se cobra aparte a una tasa similar a la de la póliza de incendio. Este es un nuevo costo que las empresas de seguros deben asumir para operar en Chile.

Lionel Soffia agrega que la nueva ley de delitos económicos, que impone mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas ha provocado un aumento en la demanda de seguros de responsabilidad de directores y ejecutivos. “Las empresas están más conscientes de la importancia de estos seguros, ya que los directores y ejecutivos están cada vez más expuestos a riesgos legales. Por eso la industria ofrece productos con coberturas estándar que han tenido un boom en los últimos cuatro o cinco año”, añade el CEO de Gallagher en Chile.

“Más Seguridad + Comunidad” es una iniciativa conjunta de la SUBDERE y la SPD y contempla una inversión de más de $30 mil millones para atender las necesidades más urgentes de los municipios. Gracias a estos recursos se busca recuperar más de 100 espacios públicos para la comunidad, instalar más de 100 proyectos de luminarias públicas y poner en funcionamiento más de 100 proyectos de cámaras de televigilancia.

“La única manera de trabajar de manera efectiva en construir seguridad es que todos aportemos de nuestra parte. Y aquí eso es exactamente lo que se hizo. Y en el programa Más Seguridad Más Comunidad’ es eso lo que se hace también. En ese programa, que era una iniciativa originalmente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que partió con $2.500 millones, se logró un acuerdo para que, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que trabaja con los programas de mejoramiento urbano y de mejoramiento de barrios, se trasladarán una serie de recursos que son para inversiones en el espacio público”, explicó la Ministra Carolina Tohá.

“A los $2.500 millones originales se agregaron $30 mil millones que se van a ocupar para proyectos como este, de recuperación de espacio público, o para proyectos de instalación de luminarias o de instalación de televigilancia ¿Por qué? Porque la inversión en la ciudad es también una inversión en la seguridad”, enfatizó.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo hizo un llamado a los municipios a involucrarse en este proceso; “Quiero entregar algunos elementos prácticos que me parecen relevantes para poder transmitirle a quienes tienen que escuchar esta noticia, que no son solo las comunidades, sino también a los alcaldes y alcaldesas del país para poder atender oportunamente este proceso. Lo primero, es que tenemos un plazo hasta el día 21 de octubre para poder elevar todas las postulaciones a través de la plataforma habitual de la SUBDERE, que es www.subdereenlinea.gov.cl . Esa es la plataforma en la cual van a tener que llevar los proyectos para luego entrar en la fase de evaluación técnica”.

Mientras que el subsecretario Vergara destacó que el anuncio de este plan de inversión demuestra el compromiso del Gobierno con una política de prevención del delito efectiva, que valoriza el rol de los municipios en la coproducción de seguridad. “Este fondo en particular ‘Más seguridad Más Comunidad’ nace primero porque el objetivo principal que el Presidente de la República nos pidió cuando llegamos al Gobierno: avanzar en seguridad, como también en justicia territorial. Es nivelar la cancha de recursos para llegar a un mínimo común preventivo, porque en una misma región y en un mismo país conviven comunas que tienen presupuestos que no superan los $150 per cápita en prevención del delito, mientras hay ocho que tienen más de $40.000 per cápita en prevención del delito”, destacó.

¿Cómo funciona “Más seguridad + equidad”?

Se financiarán proyectos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de Seguridad, incluyéndose proyectos que ya están formulados (de FNSP + PMU-seguridad), por ejemplo, iluminación, recuperación de espacios públicos, sistemas de teleprotección. Se presentarán iniciativas hasta por $75 millones.

Para ello, se emitirá una circular a todos los municipios del país invitando a presentar proyectos en las tipologías indicadas.