Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.

Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.

Un problema que supera la estadística

Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:

¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?

Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:

¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?

El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega

La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.

En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.

CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría

Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.

Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.

Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.

El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.

Por Luis Cárdenas Mayorga
Seremi de Economía, Fomento y Turismo

La adjudicación del StartupLabs en la Región de Los Lagos trasciende un mero anuncio: es la concreción de una política económica estratégica y descentralizadora impulsada por el Presidente Gabriel Boric y materializada por CORFO; “crear una red nacional de hubs de emprendimiento de base científica tecnológica”.

Lo anterior representa un cambio de paradigma, donde el Estado no solo regula, sino que orquesta e invierte en las capacidades productivas del futuro, priorizando el desarrollo territorial.

Este hub de innovación, financiado con recursos de I+D derivados del litio, simboliza una redistribución inteligente: transforma rentas extractivas en ecosistemas de conocimiento, diversificando la matriz económica desde las regiones. No es un subsidio, sino una inversión catalítica que atraerá capital privado, talento y cadenas de valor en biotecnología, cleantech y alimentos del futuro.

Desde una perspectiva filosófica económica, generar valor territorial, debe ser un propósito desde lo público, es decir el estado propicia condiciones para la creación colectiva y por tanto un propulsor e inversor estratégico para generar nuevas capacidades para la innovación y el desarrollo tecnológico futuro, esta es la apuesta de nuestro Gobierno; que garantiza no solo con financiamiento este objetivo y que dejará dos grandes proyectos regionales, el ya adjudicado StartupLabs y la pronta definición del centro tecnológico de economía circular, ambas iniciativas reflejan la dimensión de construir e instalar desarrollo económico sostenible donde el crecimiento es más que una simple medición sino una dirección guiada con propósito del bien común .

El Gobierno no solo cumple su promesa de descentralización, sino que sienta las bases para una economía más con consciente, donde el conocimiento reemplaza a la ventaja comparativa estática.

Para Los Lagos, esto puede significar soberanía tecnológica y uso más inteligente de nuestros bienes naturales, encadenamientos productivos sofisticados y empleos de calidad. Es un mensaje al país: el futuro se construye desde los territorios, con políticas públicas audaces que conectan la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) con las necesidades productivas locales.

El Estado, en su rol de articulador, ha puesto la primera piedra. Ahora es tarea del sector privado, la academia y la sociedad civil levantar el edificio.

En todo Chile, cientos de empresas —desde grandes constructoras hasta pequeñas firmas proveedoras y de servicios especializados— enfrentan una realidad que se ha vuelto cada vez más recurrente: contratos terminados anticipadamente, pagos retenidos sin justificación y procesos administrativos que dejan a las pymes sin defensa ni respaldo frente al Estado.

De esa necesidad de justicia, transparencia y equilibrio nació la CONECH A.G. (Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile), una organización abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, sin importar su tamaño o región, que busca fortalecer la representación gremial, defender los derechos de sus asociados y promover una nueva forma de relación entre la administración pública y el sector productivo.

Inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 5360/2023, la CONECH A.G. surge como una respuesta organizada ante una problemática estructural que por años ha afectado a quienes ejecutan obras, prestan servicios o proveen insumos al Estado: la falta de equilibrio, transparencia y responsabilidad en la gestión de los contratos públicos.

Representar, acompañar y equilibrar

El propósito de la CONECH A.G. es claro: representar, acompañar y defender los derechos de los contratistas y proveedores del Estado, promoviendo una contratación pública más justa, transparente y eficiente, que equilibre la relación entre el Estado y las empresas que lo hacen posible.

Durante la pandemia, la asociación identificó un patrón de malas prácticas que trascendía sectores: terminaciones unilaterales, retenciones arbitrarias, ejecuciones de garantías y atrasos prolongados, afectando no solo al rubro de la construcción, sino también a empresas de servicios, tecnología, seguridad, mantenimiento, etc. y proveedoras.

Convenios que marcan la diferencia

Uno de los principales hitos de la organización fue la firma del convenio con PRF & Asociados, estudio jurídico especializado en derecho administrativo, que financia la operación de la CONECH A.G. y permite que ser socio no tenga costos de incorporación ni mensualidades.

Gracias a esta alianza, las empresas afiliadas pueden acceder a asesoría y representación jurídica sin costo fijo, bajo un modelo basado exclusivamente en los resultados de recuperación efectiva de los recursos retenidos o adeudados por organismos públicos.

A este avance se suma el convenio suscrito con la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), firmado en marzo de 2025, que brinda respaldo técnico y académico a través de investigaciones en derecho administrativo, análisis de jurisprudencia y el apoyo a la fecha de siete alumnos pasantes de la carrera de Derecho.
Así, la CONECH une la experiencia gremial con el prestigio académico de una de las universidades más importantes del país.

Presencia nacional y representación territorial

Con más de 50 empresas asociadas y una comunidad digital que ha superado los 1.000 seguidores en solo dos semanas, la CONECH A.G. se consolida como un actor gremial con presencia real y proyección nacional.

Para asegurar una estructura descentralizada y cercana, la organización cuenta con delegados regionales que representan al gremio en terreno, canalizan casos y promueven la organización en cada territorio.

Actualmente, los delegados regionales son:
•Francisco Ríos – Tarapacá
•Enrique Miranda – Antofagasta
•Alejandro Urquieta – Coquimbo
•Rodrigo Valenzuela – O’Higgins
•Sergio Molina – Biobío
•Rodrigo González – La Araucanía
•Jorge Pávez – Los Lagos
•Patricio Flores – Región Metropolitana

Una causa con impacto social

El presidente de la asociación, Patricio Rojas, ha sido enfático en señalar que el problema no se limita al plano económico, sino que tiene una profunda repercusión social:

“Detrás de cada empresa hay familias, trabajadores y proveedores que han sostenido al país con su trabajo. Nuestro compromiso es que ninguna empresa quede sola frente al Estado”, señala Rojas.

En la misma línea, el secretario de la CONECH A.G., Patricio Flores, resalta la necesidad de construir una red nacional de apoyo gremial: “Cuando una obra se detiene o un contrato se termina injustificadamente, no solo pierde la empresa, sino también la comunidad. Cada jardín infantil que no se entrega, cada centro de salud paralizado y cada proyecto que se retrasa impacta directamente en la calidad de vida de los chilenos. Por eso, nuestro llamado es a unir fuerzas: empresarios, trabajadores, proveedores y profesionales del sector público deben entender que mejorar la contratación pública es mejorar el país.”

Un llamado a las empresas de todo Chile

La CONECH A.G. extiende una invitación abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, especialmente a aquellas que hayan enfrentado términos anticipados, retenciones injustificadas o atrasos en los pagos, así como a las que actualmente trabajan con instituciones públicas.

“Queremos que más empresas se sumen, no solo para defender lo que les corresponde, sino para construir juntos un nuevo estándar de equidad y responsabilidad en la administración pública”, subraya Flores.

El llamado es a unir fuerzas, organizarse y actuar juntos frente a una situación que afecta no solo a las empresas, sino al bienestar de todos los chilenos. “Cuando las empresas se organizan y colaboran entre sí, el país avanza. Esa es la convicción que mueve hoy a la CONECH A.G.”, declararon.

Contacto y redes

Correo: secretario@conech.cl
Sitio web: www.conech.cl
Redes sociales: @conechag
Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile – CONECH A.G.
“Unidos por una contratación pública más justa.”

Una resolución de la Corte de Apelaciones de Talca determinó que sólo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) tiene atribuciones para sancionar el mal uso de licencias médicas, lo que podría frenar más de 6.500 sumarios administrativos contra funcionarios públicos.

El escándalo por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, que estalló tras un informe de la Contraloría General de la República, podría dar un giro inesperado. Un reciente y poco conocido fallo de la Corte de Apelaciones de Talca abrió una puerta de escape para miles de funcionarios sumariados por viajar al extranjero o realizar actividades incompatibles con su reposo médico.

Según el informe del ente fiscalizador, se detectaron 25.078 licencias médicas utilizadas de forma irregular y se abrieron más de 6.500 sumarios administrativos a funcionarios públicos de todo el país. Diversos servicios anunciaron medidas drásticas, incluyendo despidos.

Incluso el presidente Gabriel Boric, señaló el medio El Dínamo, respaldó públicamente la línea dura durante la Cuenta Pública 2025: “Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia médica, debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad, es la destitución del cargo”.

Sin embargo, el panorama podría cambiar drásticamente tras el fallo favorable a una funcionaria del Hospital de Talca que fue desvinculada luego de que un sumario interno determinara que había trabajado en su emprendimiento durante un periodo de licencia médica.

Pese a que la Contraloría respaldó la medida aplicada por el hospital, la Corte de Apelaciones de Talca consideró que la sanción no era válida, señalando que la única entidad facultada para pronunciarse sobre el uso indebido de licencias médicas es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Esta interpretación jurídica podría ser invocada por cientos —o miles— de funcionarios públicos para revertir sanciones similares y dejar sin efecto los procesos disciplinarios impulsados por los servicios afectados.

La sentencia ha encendido las alarmas en distintos organismos del Estado, ya que pone en cuestión no solo la validez de las desvinculaciones, sino también los fundamentos legales de los sumarios en curso.

El escenario abre un nuevo debate sobre los límites de las atribuciones institucionales en materia disciplinaria y la necesidad de reforzar la coordinación con organismos como la COMPIN antes de aplicar sanciones de alto impacto.

· Propuso control de las licencias médicas y bajar el ausentismo en el Estado; reducir las compras del Gobierno central, recortar asesores y limitar contrataciones en el sector público para que el dinero llegue a las personas y no se quede en burocracia.

· Esto más medidas anticorrupción, como atacar los “pitutos”, inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción y mayores herramientas y poder a la Contraloría.

La precandidata presidencial Evelyn Matthei presentó este martes nuevas medidas para combatir la corrupción y el despilfarro de dinero en el Estado, para asegurar que los recursos vayan en beneficio de los chilenos.

“La plata está. Lo que falta es que llegue a quienes más la necesitan. Y eso parte por cortar la corrupción y el despilfarro”, dijo Matthei en un acto con dueñas de casa en la comuna de San Miguel.

La exalcaldesa destacó que Chile necesita recursos para devolverle la seguridad a los barrios, proteger las fronteras, reducir las listas de espera, mejorar las escuelas y viviendas. Sin embargo, enfatizó que el dinero de los chilenos hoy se está despilfarrando: se gastaron $81 millones de más por cirugías fuera de horario; se han detectado municipalidades comprando remedios 400% por encima de su valor normal; y se pagaron casi $4.000 millones en pensiones de gracia con antecedentes penales o lesiones falsas. Además, 25 mil funcionarios viajaron con licencias médicas al extranjero, mientras el Estado gasta US$350 millones en reemplazos, el equivalente a 10 teletones.

“El Estado no es un botín. Es una responsabilidad. Y con nosotros, la corrupción se va a acabar. El que roba recursos públicos debe ir preso, quedar inhabilitado de por vida y perder todos sus privilegios”, dijo Matthei.

Entre las medidas propuestas para reducir el despilfarro de recursos del Estado, se reducirá en US $500 millones el presupuesto del gobierno central con recortes en compra de activos no esenciales, personal, bienes y servicios; y se recortarán en un 70% los asesores a honorarios de las autoridades, limitando a 300 cupos por gobierno y ajustando los sueldos según la Comisión de Altas Rentas.

También se limitará el crecimiento del empleo público a una tasa no superior al crecimiento del empleo privado, con un tope del 1% anual; se reducirá el ausentismo laboral injustificado en el sector público, que hoy triplica al del sector privado, eliminando gastos por reemplazos innecesarios; y se controlarán las licencias médicas falsas mediante cruces de datos y sanciones reales para médicos y funcionarios involucrados.

Además, se fijarán topes de sueldos para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República. Sin bonos escondidos ni asignaciones disfrazadas; y se rediseñará el proceso de compras, contrataciones y licitaciones para cerrar los vacíos que hoy permiten corrupción legalizada.

“Chile necesita orden, transparencia y resultados. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, concluyó Matthei.

MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Poner urgencia al proyecto “antipitutos” de Chile Vamos. Regularemos la contratación de parientes directos en el Estado. Será causa de cesación inmediata.

2. Si alguien que trabaja en el Estado roba, queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

3. Transparencia total para fundaciones y ONGs que reciben recursos públicos, con mayor fiscalización en el gasto. Caso Procultura no se repite.

4. Se podrá levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción, con autorización judicial, en menos de 24 horas.

5. Se reducen los gastos reservados y serán auditados por la Contraloría.

6. Más fuerza a la Contraloría para fiscalizar como corresponde los $88 mil millones del presupuesto nacional, regional y los municipios.

7. Todos los contratos públicos deberán ser publicados y auditables por la ciudadanía

La asociación gremial que representa a las pequeñas, medianas y grandes empresas tecnológicas del país alertó que este cambio ministerial no le entrega a esta nueva Secretaría un espacio para que pueda influir en las otras instituciones en temas orgánicos de normas, decretos y funciones, y solamente lo va a tener desde el punto de vista técnico.

Tras publicarse en el Diario Oficial el traspaso de la División de Gobierno Digital (DGD) desde la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Hacienda, y que comenzaría a regir a partir del 1 de marzo de este año, desde la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec) manifestaron sus aprehensiones sobre este cambio en la gobernanza digital del Estado.

Según explicó Francisco Méndez, vicepresidente de la asociación gremial, “que esta división esté cerca de la billetera es un cambio interesante ya que puede solucionar temas de recursos, pero que no estaría resolviendo las atribuciones que estos servicios deberían tener para una efectiva transformación digital del Estado. Gobierno Digital solo será una Secretaría bajo la Subsecretaría de la Cartera, por lo que sus facultades estarán suscritas dentro del marco de atribuciones y competencias que hoy esta última dispone y que datan de 1957, lo que restringiría su autonomía para tomar decisiones que apunten a modernizar la gestión pública y no significaría el verdadero cambio que se necesita”.

Méndez agregó que “un tema relevante es la interoperabilidad gubernamental y, en este caso, no habría un cambio importante porque esta nueva ley no crea una figura que le entregue a esta nueva Secretaría de Gobierno Digital un espacio para que pueda influir en las otras instituciones en temas orgánicos de normas, decretos y funciones, y solamente lo va a tener desde el punto de vista técnico, lo que en la práctica es lo mismo que ocurre hoy día. Si el Gobierno quiere que este cambio genere los resultados esperados, es relevante que se piense en una institucionalidad que tenga las atribuciones necesarias para una transformación digital del Estado, con atribuciones, facultades y recursos ad hoc al tamaño del desafío y los resultados que todos proyectan”.

Frente a los desafíos que deberá enfrentar esta nueva secretaría, el vicepresidente de Chiletec afirmó que “deberán posicionar la transformación digital como algo propio del Estado y no de una administración en particular ni de sus períodos de gobierno, que realmente contribuya a la alta administración, en la comprensión de que este es un tema que forma parte de la función sustantiva de cada institución y no sólo un tema tecnológico. También, deberá fortalecer las capacidades y distinciones de funcionarios y ciudadanos para un uso efectivo de las soluciones que se implementen, ya que esto debe ser parte de una Arquitectura de Estado”.

En relación a las expectativas que tiene la asociación que representa a las pequeñas, medianas y grandes empresas tecnológicas del país, Méndez explicó que “este cambio debería generar una mayor coordinación entre los actores en temas de prioridad país, mayor asignación de presupuestos, y un fortalecimiento de las compras públicas. Esto debería traducirse en acelerar el desarrollo de una plataforma transversal de servicios digitales compartidos que integre naturalmente las soluciones
verticales de cada sector, aprovechando las sinergias gestionadas por una institucionalidad adecuada, lo que debería traducirse en una demanda más articulada hacia la industria. No son suficientes los importantes esfuerzos técnicos que se han desplegado”, precisó.

“Es dificultoso para una institución pública conservar y mantener a sus equipos de especialistas actualizados y vigentes en las nuevas tecnologías, así como conocer de las experiencias de este sector en el trabajo directo con instituciones del Estado en donde se vive, en la práctica, las limitaciones y capacidades existentes. Esperamos que este cambio sea de una institución en evolución hacia lo requerido y que convoque a la academia y a la industria, integrándoles en las definiciones estratégicas de modernización, incorporando las capacidades y especialización de las empresas en definiciones que impactan al país y a sus ciudadanos, esto en un marco de transparencia y de competitividad. Hay países en la región que lo han entendido así y que cuentan con la institucionalidad adecuada al desafío y su contribución en la transparencia y el desarrollo económico del país, los resultados están a la vista y otros por comenzar a reflejarse”, agregó el integrante de la asociación gremial.