Al respecto, el enfermero del servicio, Felipe Ampuero, explicó que la unidad cuenta actualmente con 10 cupos, distribuidos en 3 camas UCI neonatal, 5 UTI y 2 cupos de cuidados medios, equipadas con tecnología de última generación para atender a recién nacidos en condición de salud delicada: “El objetivo es entregar una atención segura, oportuna y de calidad. Contamos con incubadoras para bebés que requieren cuidados intensivos y cunas radiantes para recién nacidos de mayor peso, pero que igualmente presentan patologías complejas. A todos ellos debemos manejarlos y atenderlos con rigurosidad”.

En la ocasión Felipe Ampuero destacó además el rol del equipo humano que sostiene esta labor: “Tenemos personal médico establecido, dos enfermeros por turno, tres técnicos en cuarto turno y una técnica que cumple funciones clínicas de lunes a viernes. Todos trabajamos con un alto nivel de compromiso, vocación y amor por lo que hacemos”.

El profesional explicó que el servicio enfatiza los cuidados centrados en la familia, acompañando desde el primer momento a padres y cuidadores, quienes muchas veces llegan solos mientras la madre se recupera en maternidad u otro centro de salud: “Apenas llega un familiar, lo principal es entregar información clara sobre el estado del bebé, explicar cómo funciona el servicio, el sistema de visitas y las posibilidades de realizar apego de acuerdo con la condición clínica del recién nacido”.

El tiempo de hospitalización varía según la edad gestacional. Un prematuro extremo, menor de 32 semanas, puede permanecer más de dos meses en la unidad hasta completar su maduración y estar en condiciones de ser dado de alta: “Los acompañamos desde que están muy graves hasta que logran superar las etapas de su desarrollo. Es un proceso desafiante, pero también profundamente gratificante”.

Para saludar a los funcionarios y funcionarias del servicio llegó el director del Hospital Base de Castro, Cristian Quispe, quien resaltó el compromiso del equipo de salud y el rol provincial de la unidad. “Detrás de cada niño hay un equipo multidisciplinario, enfermeras, médicos, matronas, técnicos, auxiliares y profesionales de apoyo como kinesiólogos, psicóloga, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales. Este hospital resuelve los casos de prematuros de toda la provincia, por lo que agradezco la noble labor que realizan día a día en beneficio de nuestros pacientes y sus familias”.

Las familias que hoy viven el proceso de hospitalización de sus hijos en Neonatología también valoraron el trabajo del equipo, así Eugenio Miranda, padre de Gamboa Alto, quien visita diariamente a su hijo prematuro, destacó la calidad humana del servicio: “Súper buena la atención. El personal es muy empático y preocupado. La mamá está complicada de salud, pero acá han sido un gran apoyo. Quiero felicitar por la labor que hacen; todos queremos que nuestros pequeños se recuperen y puedan volver a casa”.

Por su parte, Elizabeth Garrido, madre de la comuna de Queilen, quien acompaña a su bebé de 41 días nacido a las 34 semanas, señaló: “Vengo todos los días a verlo. Las enfermeras son personas muy lindas, empáticas y amorosas con los bebés. Se nota que son un gran equipo”.

El Hospital Base de Castro reafirma su compromiso con la atención integral de los recién nacidos y sus familias, destacando el rol de Neonatología como un espacio donde se conjuga la tecnología, la especialización y el cuidado humano para brindar una oportunidad de vida a prematuros y recién nacidos de alto riesgo.

Informe interno revela que al menos 10 fiscales y 32 funcionarios realizaron viajes mientras estaban con licencia médica entre 2022 y 2025. Los casos se distribuyen en 11 regiones del país, aunque no se precisó cuáles.

Un informe elaborado por la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional reveló que un total de 42 funcionarios del Ministerio Público, entre ellos 10 fiscales y 32 trabajadores administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares, viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica activa, entre los años 2022 y 2025.

La investigación surge a raíz de la creciente preocupación por el mal uso de licencias médicas en el sector público, tema que ha generado controversia tras los hallazgos de la Contraloría General de la República. Para elaborar el informe, la Fiscalía Nacional realizó un cruce de datos con información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de identificar “eventuales casos que contravinieran los principios de probidad y cumplimiento de deberes”.

Aunque el informe no detalla qué regiones están involucradas, se informó que los casos detectados se distribuyen en 11 regiones del país. La Fiscalía ya remitió los antecedentes a cada una de las Fiscalías Regionales respectivas para que se tomen las medidas administrativas correspondientes, como sumarios, solicitudes de informes u otras acciones de verificación.

Desde la Fiscalía Nacional señalaron que esta decisión se enmarca en la política institucional de fortalecer los controles internos y actuar de manera proactiva frente a posibles irregularidades. El informe interno fue emitido luego de que la Contraloría General de la República diera a conocer el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que se expuso que más de 25 mil trabajadores públicos habrían salido del país con licencia médica vigente.

La magnitud del fenómeno ha generado una ola de reacciones en distintas instituciones del Estado. En su último informe, la Contraloría destacó casos en organismos como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra, lo que motivó que incluso en la Cámara de Diputados se comenzaran a instruir investigaciones internas.

Por ahora, se desconoce si algunos de los funcionarios involucrados serán objeto de acciones judiciales, pero desde el Ministerio Público se indicó que “los antecedentes están siendo revisados para determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

Según la encuesta “Chile Nos Habla” de la Universidad San Sebastián, un 64% de los encuestados exige que se desvincule a los funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica. Aún más: un 70% quiere que devuelvan el dinero. Pero, pese a la indignación, la mayoría cree que no pasará nada.

Mientras el país aún digiere el escándalo de las más de 25 mil licencias médicas utilizadas para salir del país, la ciudadanía ya tiene clara su postura: esto no puede quedar impune. Así lo confirma la más reciente edición de la encuesta Chile Nos Habla, elaborada por la Universidad San Sebastián, que revela la creciente indignación de los chilenos ante lo que muchos ya califican como “fraude con fondos públicos”.

El 64,2% de los consultados quiere la desvinculación inmediata de los funcionarios públicos que usaron licencias médicas para vacacionar fuera del país. Pero el repudio va más allá: el 69,9% exige el reembolso del dinero pagado por esas licencias, un castigo que apunta directamente a resarcir el daño fiscal causado.

“Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez fiscal, duele constatar que este fraude se financió con los impuestos que pagan todos los chilenos”, advirtió Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS.

La indignación también apunta a los médicos: un 44,9% cree que se debe investigar a quienes emitieron esas licencias, mientras que un 41,7% exige acciones legales contra los funcionarios involucrados y un 40,9% solicita la realización de sumarios administrativos.

Pero, pese a la contundencia de las respuestas, la desconfianza ciudadana sobre el desenlace es evidente: un 58,4% cree que no pasará nada con los involucrados. Solo un 11% confía en que se tomen medidas reales y ejemplificadoras.

Para el Dr. Jorge Acosta, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), los encuestados aciertan al exigir más fiscalización: “Urge evitar la utilización maliciosa de las licencias médicas y que aquello tenga consecuencias, tanto para los que las piden como para quienes las emiten”.

La ciudadanía ya habló: quiere justicia, reembolso y desvinculaciones. Pero teme quedar, otra vez, viendo cómo todo se diluye en la impunidad.

Weber lo resume así: “Este es el momento para sancionar conforme a derecho y, además, repensar un sistema de empleo público que hoy actúa más como un escudo de impunidad que como garante del buen uso de los recursos públicos”.

Chile Nos Habla se realizó entre el 23 y el 27 de mayo de 2025 con 834 casos válidos a nivel nacional.

El ministro Mario Marcel subrayó que los sumarios administrativos son procedimientos breves y claros, que permiten establecer responsabilidades en casos de viajes al extranjero durante licencias médicas. Contraloría, por su parte, solicitó mayores atribuciones para fiscalizar y aplicar sanciones directamente.

En medio del escándalo nacional por las denominadas “licencias all inclusive”, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue enfático al señalar que los sumarios administrativos no son procesos complejos ni extensos, y que permiten aplicar sanciones claras frente al mal uso de licencias médicas.

A la fecha, el Ministerio de Hacienda ha iniciado 6.592 sumarios en 131 servicios públicos. Además, 1.102 funcionarios han abandonado la administración gubernamental, aunque no se ha detallado cuántos lo hicieron por despido o renuncia.

“El procedimiento es sencillo. Se trata de sumarios administrativos, no investigaciones sumarias, y consisten básicamente en responder tres preguntas: cuál fue la causal de la licencia médica, si hubo viaje y cuál fue el motivo del viaje”, explicó Marcel. Añadió que este proceso “no requiere convocar testigos ni realizar indagaciones extensas”.

Entre las sanciones que pueden derivar de estos procedimientos se contemplan la destitución, la suspensión con reducción de sueldo, el rechazo de la licencia médica, la devolución de fondos al empleador, e incluso el sobreseimiento en casos específicos como las licencias maternales.

Marcel también advirtió que cerca del 10% de los funcionarios involucrados ingresaron al Estado a partir del año 2022, destacando que este fenómeno no se restringe a prácticas anteriores.

Por su parte, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, compareció en el Senado solicitando que se refuercen las atribuciones del organismo para fiscalizar de forma más eficaz. “En otros países, las contralorías acceden directamente a las cartolas bancarias de los servicios públicos. Nosotros debemos pedirlas ‘por favor’ y muchas veces se nos alega secreto bancario”, lamentó.

La contralora también planteó que la entidad pueda aplicar directamente las sanciones derivadas de los sumarios, evitando que sus resoluciones sean revertidas por autoridades superiores, lo que —según señaló— “desmoraliza a la institución y a la ciudadanía”.

Finalmente, Pérez anunció que estas fiscalizaciones se realizarán de forma anual para desincentivar el mal uso del sistema. El objetivo, afirmó, es claro: proteger los recursos públicos y restituir la confianza ciudadana en la probidad del servicio público.

La Municipalidad de Puerto Montt ha manifestado su preocupación ante el incremento del 10% en las agresiones a funcionarios de la salud durante 2025. De acuerdo con cifras del Departamento de Salud Municipal, 41 trabajadores han sido víctimas de ataques este año, de los cuales un 19,5% involucraron golpes o daños físicos. Frente a esta realidad, el alcalde Rodrigo Wainraihgt anunció medidas para garantizar la seguridad del personal y llamó al Gobierno a intervenir en el aumento de la delincuencia en la comuna.

El jefe comunal visitó el Cesfam Padre Hurtado, en el sector Mirasol, donde se reunió con representantes de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal (Afusam), la Asociación de Trabajadores de Salud Municipal (Atrasam) y la Asociación de Funcionarios Médicos, Odontólogos y Químicos Farmacéuticos (Afemoq) para abordar la situación.

“Hoy todos estamos unidos para defender a nuestros funcionarios municipales del sector salud. Juntos trabajaremos para que nuestros funcionarios tengan mayor seguridad. No puede ser que vaya aumentando cada vez más la agresión a nuestros trabajadores y funcionarios, que realizan una tremenda labor por cada uno de los puertomontinos y puertomontinas”, expresó Wainraihgt.

El alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a respetar a los trabajadores de la salud y pidió al Gobierno central mayor atención sobre el problema de inseguridad en ciudades como Puerto Montt.

“Hoy se está tramitando una ley que entrega mayores atribuciones y facultades a los municipios, pero necesitamos que venga con recursos”, indicó. Además, planteó que “esto acredita y da razón a lo que estamos exigiendo desde la Municipalidad de Puerto Montt, que nuestros funcionarios de seguridad tengan mayores atribuciones como, por ejemplo, el uso de armas no letales”.

Acciones legales contra agresores

Ante el panorama de violencia, Wainraihgt aseguró que el municipio tomará acciones penales para castigar a los responsables. “Hoy tenemos una Unidad Penal Municipal a cargo de Marcos Emilfork, un ex fiscal regional con vasta experiencia, que ya presentó una querella criminal. Y así también vamos a seguir presentando querellas criminales y vamos a perseguir a quienes dañan a nuestros funcionarios municipales”, enfatizó.

El municipio reafirmó su compromiso con la seguridad del personal de salud, mientras las organizaciones gremiales y autoridades continúan exigiendo medidas concretas para frenar la escalada de agresiones en la comuna.

La no renovación de contratos afecta a 163 funcionarios, en su mayoría del área de la salud. La medida, atribuida a problemas financieros y excesivos pagos de horas extras, ha generado una fuerte reacción de gremios y autoridades.

La Municipalidad de Puerto Montt, liderada por el alcalde Rodrigo Wainraihgt, ha generado controversia tras la no renovación de contratos a plazo fijo, medida que afectó a 163 funcionarios de diferentes departamentos. La decisión, justificada por un excesivo gasto de $1.800 millones en horas extras, ha provocado críticas de autoridades locales y gremios.

A través de un correo electrónico genérico y sin mayores explicaciones, más de un centenar de trabajadores fueron notificados de su desvinculación de áreas como salud primaria, medio ambiente, desarrollo comunitario y la secretaría comunal de planificación. La presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Puerto Montt, Beatriz Sotomayor, anunció que se tomarán acciones judiciales para defender a los funcionarios afectados y que los antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República.

Por su parte, la concejala Evelyn Chávez expresó su apoyo a las iniciativas legales que impulsen los gremios, mientras que el concejal Sebastián Almonacid criticó lo que consideró un “doble estándar” en la administración municipal, señalando que había recursos aprobados para la continuidad de diversas gestiones.

El diputado Jaime Sáez también manifestó su preocupación por la legalidad de las desvinculaciones. “Uno puede entender que cuando entra una nueva administración municipal se pretenda establecer ciertos cambios. Sin embargo, un despido a mansalva -como el que se ha realizado- no tiene precedentes”, acusó.

Razones Detrás de la Medida

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, justificó la decisión argumentando problemas financieros y un alto número de contrataciones en la municipalidad. “La situación financiera que está atravesando nuestra municipalidad es un hecho público y notorio. La municipalidad está dentro de las cuatro municipalidades en Chile con más contrataciones”, declaró.

Otro factor determinante fue el gasto de aproximadamente $1.800 millones en horas extras, según el alcalde. Este balance financiero fue clave para la implementación de esta medida. Wainraihgt también anunció que se realizará una evaluación técnica en conjunto con los directivos de cada departamento y los gremios de la salud para analizar cada caso de desvinculación.

Acciones Futuras

Tras una reunión entre los gremios y representantes municipales, se acordó una instancia de revisión que incluirá a los directivos de los departamentos afectados y a los gremios de la salud. Mientras tanto, las acciones legales impulsadas por la Asociación de Funcionarios Municipales buscarán revertir las desvinculaciones y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

Los asistentes al encuentro conocieron diversas y prácticas temáticas, como la alimentación en enfermedades cardiovasculares, rol de la nutrición en la prevención de sarcopenia y enfermedades osteoarticulares, además de la nutrición y psicología y el vínculo entre Alimentación y emoción a cargo de la nutricionista, Yesenia Mansilla.

También recibieron consejos respecto al aislamiento social, la soledad, la incomprensión, el rechazo y las perspectivas de la tercera y cuarta edad a cargo de la psicóloga de la unidad de salud del personal, Loreto Luppichini.

En la ocasión, la kinesióloga del Sub departamento de Calidad de Vida Salud y Seguridad Laboral, Patricia Velásquez abordó aspectos relevantes de la movilidad del ser humano en la tercera edad, la dependencia, el autocuidado, el acceso a la atención y los cambios en el cuerpo.

La jornada denominada “Actividad apoyo a la jubilación para funcionarias y funcionarios próximos a la jubilación por edad del Servicio de Salud Chiloé”, según explicó Evelyn Gutiérrez Jara, jefa del departamento de calidad de vida, salud y seguridad laboral del Servicio de Salud Chiloé, contó con la participación de funcionarios y funcionarias de los hospitales de Ancud, Castro, Queilen, Achao y Quellón.

Estas instancias, aseguró, permiten informar a las y los funcionarios que se encuentran próximos a su proceso de jubilación por edad, entregándoles herramientas para la toma de decisiones en lo que respecta al proceso de pensiones y temas que son importantes de conversar y analizar cuando uno está próximo a tomar una decisión tan importante.