Gloria Ana Chevesich asumió como la primera mujer en liderar el máximo tribunal, en medio de una profunda crisis de credibilidad del Poder Judicial

En un discurso marcado por la autocrítica y el reconocimiento explícito del malestar ciudadano, la ministra Gloria Ana Chevesich juró este martes como presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Chile en encabezar el máximo tribunal del país, en un momento especialmente sensible para el Poder Judicial.

Lejos de eludir los cuestionamientos que hoy pesan sobre la justicia, Chevesich abordó uno de los reproches más extendidos entre la ciudadanía: la percepción de que en Chile existe “una justicia para ricos y otra para pobres”. La nueva presidenta reconoció que se trata de una crítica que “muchos comparten” y que ha calado hondo en la evaluación pública del sistema judicial, señalando que esta percepción no puede ser ignorada ni desestimada como una simple mala interpretación.

En su intervención, la magistrada fue enfática en rechazar cualquier tipo de privilegio asociado a la posición social, económica o política de quienes litigan ante los tribunales. Sostuvo que el trato igualitario a todos los justiciables es uno de los pilares que da sentido y legitimidad a la labor judicial, y advirtió que los errores —inevitables en una labor humana— no pueden ni deben opacar el trabajo cotidiano de cientos de resoluciones que sí contribuyen a la paz social.

El discurso se dio en el contexto de una crisis institucional sin precedentes, marcada por la remoción y destitución de ministros de tribunales superiores por faltas a la probidad, hechos que la propia presidenta calificó como graves y determinantes en el descrédito del Poder Judicial ante la opinión pública. No obstante, defendió que estas conductas no pueden transformarse en un estigma para las más de 14 mil personas que integran el sistema judicial y que, a diario, cumplen su función de manera honesta y comprometida.

Chevesich también reconoció otros factores que alimentan la desconfianza ciudadana, como los retrasos excesivos en la tramitación de causas, la deficiente atención a usuarios, y una justicia que, al tardar, “deja de ser justicia”. Admitió que los atrasos, en algunos casos de años, generan frustración y desgaste tanto en las personas que acuden a tribunales como en los propios funcionarios y jueces.

En un mensaje dirigido directamente a la ciudadanía crítica del sistema, la nueva presidenta afirmó que, si bien la opinión pública no debe influir en el contenido de los fallos, sí importa —y mucho— en la evaluación del comportamiento, la ética y la credibilidad del Poder Judicial, ya que sin confianza en la justicia se debilita no solo el Estado de Derecho, sino también la democracia.

Finalmente, Gloria Ana Chevesich destacó el carácter histórico de su nombramiento, señalando que su llegada a la presidencia de la Corte Suprema pone fin a más de 200 años de exclusión femenina en el máximo cargo de la magistratura. En un mensaje dirigido especialmente a niñas y mujeres, sostuvo que no existen límites insuperables y que las barreras de género pueden ser enfrentadas con perseverancia, estudio y convicción.

El discurso, lejos de ser triunfalista, dejó en evidencia el desafío que enfrenta el Poder Judicial para reconstruir su legitimidad, responder a las críticas ciudadanas y demostrar, en los hechos, que la justicia debe ser igual para todos.

Según el derecho internacional y la legislación chilena, los mandos a cargo de cuerpos policiales son, bajo ciertas circunstancias, responsables por los actos de sus subordinados, incluso cuando hubiesen omitido la supervisión de estos. Así lo ha señalado Amnistía Internacional en sus informes de 2020, “Ojos sobre Chile”, de 2021, “Responsabilidad penal por omisión de los mandos” y en un reciente informe publicado bajo el día de hoy, “Obligaciones de derecho internacional de investigar y sancionar a los responsables jerárquicos de violaciones de derechos humanos”.

El inicio de un proceso judicial, que comenzaría tras la celebración de esta audiencia, servirá para esclarecer si dichas personas tuvieron responsabilidad penal individual por no haber impedido las graves lesiones causadas a miles de manifestantes, a pesar de que habrían podido hacerlo, tal como era su obligación.

“Esta audiencia nos demuestra que es posible procesar no sólo a quien apretó el gatillo, sino sobre todo a quien omitió hacer todo aquello que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes. La responsabilidad por estos hechos debe estar a la altura de la responsabilidad del puesto que tenían”, expresa Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde octubre de 2019, Amnistía Internacional y diversas organizaciones y organismos internacionales y nacionales de derechos humanos denunciaron el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con perdigones de metal y goma por parte de Carabineros, que dejaron a miles de personas heridas y a más de 400 con trauma ocular severo. Hoy en día, se cuentan en más de 1.100 las causas por apremios ilegítimos (malos tratos) causados por este tipo de acciones, lo que evidencia el daño generalizado cometido por la acción de Carabineros.

La investigación penal contra los altos mandos de la policía que habrían permitido que esto ocurriera, es un hito para Chile. Cada día, en distintos países, el derecho a protestar se ve amenazado por el uso de armas y munición sumamente lesivas y prohibidas por el derecho internacional para el control de manifestaciones. Hoy, Chile tiene la oportunidad histórica de hacer rendir cuentas a quienes desde posiciones de poder no actuaron para impedir daños irreversibles contra miles de personas.

Amnistía Internacional celebra que esta audiencia, que finalizaría mañana, inicie un proceso judicial que, bajo las garantías del debido proceso pertinentes, esclarezca los hechos y determine las responsabilidades por las graves violaciones a derechos humanos cometidas a partir de 2019.

“Los ojos del mundo continúan sobre Chile. La formalización de altos mandos es un  antecedente valioso para otros países de la región, pero sobre todo para Chile y las víctimas de la violencia policial, que han resistido cinco años para que esta puerta hacia la justicia se abriera paso”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Finalmente, Amnistía Internacional considera oportuna la salida del actual Director General de su cargo, ya que como ya denunció la organización en diversas ocasiones, su permanencia suponía un riesgo para la prueba procesal y el cumplimiento de garantías de no repetición. 

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Amnistía Internacional aportó a esta investigación penal antecedentes relativos a la violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social”. En particular, este informe evidenció cómo, a través de un obrar omisivo y deliberado, distintos mandos de Carabineros —incluido el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad— habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas, donde se hizo un uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular.

· Representantes del sector advierten que normas aprobadas vulnerarán la independencia del Poder Judicial y afectará la estabilidad futura del país.

Un dura crítica hacia las recientes normas aprobadas por la Comisión de Sistemas de Justicia realizaron los convencionales de “Vamos por Chile” Ruth Hurtado, Carol Bown, Rocío Cantuarias y Pablo Toloza por lo que consideraron “una vulneración de todos los principios básicos de la justicia moderna”.

Entre el lunes 7 y este martes 8 de febrero la instancia aprobó en general una serie de normas sobre la composición, facultades e independencia del actual Poder Judicial, como la que consagra la existencia de un sistema jurídico indígena que coexistirá con el Sistema Nacional de Justicia o la que rebaja a los 70 años el retiro de los jueces que componen el sistema, entre otras materias.

“Pese a que esta comisión tiene la importante misión de consagrar un Poder Judicial independiente, estamos presenciando una discusión que se aleja de los principios básicos de toda justicia moderna, e incluso del sentido común. Hubiéramos esperado un debate con mayor grado de profundidad, pero solo vemos que las propuestas se aprueban o rechazan dependiendo de qué sector la respalda”, dijo la convencional UDI Carol Bown.

Explicó, además, que el hecho de modificar el nombre “Poder Judicial” por el de “Sistemas de justicia” no se trata sólo de un asunto semántico, sino que de la pretensión de crear tribunales paralelos que no dependa de una Corte Suprema como ocurre hoy. “Esto podría provocar que una persona pueda escoger si someterse a la justicia común o alguna especial según su conveniencia, sin ningún tipo de control”, dijo.

Coincidió con ella su par independiente Rocío Cantuarias, quien alertó sobre la disposición que rebaja la edad de retiro de los jueces, debido a que será un factor que afectará la independencia de los magistrados en su rol de impartir justicia.

“La aprobación de la norma que limita el ejercicio de los jueces a los 70 años y crea formas de remoción impropias, atentan directamente contra su inamovilidad y su independencia. Los jueces deben fallar sin considerar las próximas elecciones o qué tan populares son sus fallos, sino que únicamente en los hechos presentados y el derecho. Sin fuero y con un plazo para tu retiro se afecta la independencia. Los jueces comenzarán a recibir querellas de quienes queden insatisfechos por sus fallos y, entonces, se dedicarán a “hacer campaña” para su reelección, agregó Cantuarias.

Sus palabras fueron respaldas por Ruth Hurtado, quien apuntó que “uno de los principales derechos humanos es el acceder a un juez natural independiente e imparcial”, y todas las normas aprobadas hasta el momento atentan contra esos conceptos.

De acuerdo a la visión unánime que existe en el sector, las distintas comisiones temáticas de la convención constitucional están aprobando reglas “fuera de todo sentido común”, sin considerar que pondrán en jaque la estabilidad futura del país si es que llegan a ser parte de la propuesta de nueva Constitución.

“Aun ante las advertencias de la izquierda moderada, la izquierda más radical está aprobando normas contrarias a los derechos humanos, a los principios básicos de la democracia, de la independencia del poder judicial. Los colectivos más ideologizados continúan aprobando normas negativas para el futuro del país”, agregó el convencional por Antofagasta Pablo Toloza.

Un análisis realizado por representantes de Vamos por Chile, indica que de las primeras 198 indicaciones presentadas en la instancia, se han eliminado todos los artículos respaldados por convencionales del sector y que habían sido aprobado en general anteriormente; en tanto que la totalidad de las indicaciones presentadas por los convencionales Royo, Bravo, Daza, Jiménez, Llanquileo, Logan y Stingo han sido ratificadas con al menos 12 votos.