Con la participación de autoridades regionales, representantes de pueblos originarios, dirigentes de la pesca artesanal, trabajadores de la acuicultura, académicos, expertos jurídicos y actores vinculados al borde costero, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura desarrolló este miércoles en Puerto Montt el taller “Diálogos para el Futuro del Borde Costero”, instancia orientada a abrir un espacio técnico, político y territorial de conversación sobre las propuestas de modificación a la Ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, junto al gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraight, además de parlamentarios y autoridades regionales.

El subsecretario Urrutia destacó la necesidad de avanzar hacia una gobernanza costera moderna, equilibrada y capaz de compatibilizar derechos ancestrales, desarrollo económico y certeza jurídica para las regiones costeras del país.

“Acá no estamos hablando de eliminar una legislación ni de desconocer los avances que significó la Ley Lafkenche en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios vinculados al borde costero. Lo que estamos planteando es generar un debate honesto y responsable para enfrentar los problemas, dificultades y tensiones que hoy existen sobre la Ley”, señaló la autoridad.

Asimismo, sostuvo que tras casi dos décadas de implementación de la normativa han surgido desafíos asociados a extensos tiempos de tramitación, superposición de solicitudes, incertidumbre administrativa y dificultades para compatibilizar distintos usos del borde costero.

“Si bien esta ley nació con buenas intenciones y con un objetivo legítimo de reconocimiento de derechos ancestrales, también debemos reconocer que en algunos aspectos su implementación no ha sido la más adecuada, prestándose para usos que muchas veces se alejan del espíritu original de la normativa”, sostuvo el subsecretario Urrutia.

Actualmente se indica que la aplicación de la Ley Lafkenche ha terminado transformándose en un obstáculo para el desarrollo de inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico en las regiones costeras.

“Nosotros como pescadores artesanales no estamos por la derogación pero sí por la modificación a la Ley, para que cuando tengamos la infraestructura y proyectos, podamos seguir trabajando y en armonía con todos los sectores, porque nosotros somos también somos parte de pueblos originarios y hemos trabajado toda la vida en el borde costero por lo tanto también necesitamos la regulaciones claras”, expresó Zoila Bustamante, Presidenta de la Conapach

“Chile tiene enormes ventajas comparativas, pero es urgente realizar mejoras legislativas, reglamentarias y también enfrentar la permisología. (..) Este taller es un paso significativo para terminar con las especulaciones que atentan contra la inversión privada y lo que el día se requiere más que nunca se requiere certeza”, indicó el Gobernador Regional de Los Lagos, Alejandro Santana.

“Hace más de un año que venimos indicando la necesidad de modificar la Ley Lafkenche, no por un capricho, sino por sus efectos negativos. Antes teníamos pleno empleo en Puerto Montt, pero lo hemos perdido, porque se ha paralizado cualquier tipo de inversión. Una Ley que nació con buenas intenciones, pero que ha tenido muy malos los resultados y creo que esto es una oportunidad por primera vez, el cual podemos consensuar y convergir modificaciones profundas”, agregó el alcalde de Puerto Montt Rodrigo Wainraight.

“En el proyecto propusimos la modificación de plazos interminables, cambiar el efecto suspensivo, regular las solicitudes excesivamente grandes, fijar claramente criterios objetivos para definir una ECMPO y sobre todo que se presente en el inicio del proceso, el proyecto para cual se está pidiendo la solicitud”, explicó Carlos Kuschel, senador, presidente de la comisión de pesca y uno de los autores del proyecto que ya está en trámite.

La jornada contempló cuatro paneles temáticos enfocados en los principales desafíos asociados a la implementación de la Ley Lafkenche. Desde la “Historia y Diagnóstico”, con las exposiciones de Leonardo Arancibia, de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, y de Alejandro Barrientos, jefe de la División de Acuicultura de Subpesca.

Posteriormente, el segundo panel abordó “El Efecto Suspensivo”, que en la legislación vigente permite suspender temporalmente otras solicitudes o concesiones sobre la misma área mientras se encuentra en evaluación, que en la práctica ha detenido inversiones, proyectos productivos y procesos administrativos, con las exposiciones de Antonella León, asesora legislativa de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y de la abogada Mónica Cortés, del estudio jurídico FerradaNehme.

El tercer panel estuvo dedicado a “La Proporcionalidad”, concepto relacionado con el tamaño y extensión de las solicitudes ECMPO y la necesidad de establecer criterios objetivos que permitan equilibrar el reconocimiento de usos consuetudinarios con la coexistencia de otras actividades económicas y sociales en el borde costero, con las presentaciones de Jessica Fuentes, profesora de Derecho Constitucional de la PUCV y María Paz Olavarría, profesora de Derecho Civil de la Universidad San Sebastián, sede Patagonia.

Finalmente, un cuarto panel centrado en el “Uso Consuetudinario”, en la Ley Lafkenche, que acredita prácticas ancestrales, culturales, religiosas, económicas o tradicionales que comunidades indígenas han desarrollado históricamente en determinados espacios del borde costero, con la participación del director nacional de Conadi, Ignacio Malig, y Cristian Tapia, asesor de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach).

Tras las exposiciones, la jornada continuó con mesas de trabajo participativas orientadas a recoger propuestas, observaciones y visiones de los distintos sectores asistentes respecto del futuro de la administración del borde costero y los desafíos asociados a la Ley Lafkenche.

Desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura señalaron que las reflexiones y propuestas surgidas durante este encuentro buscarán transformarse en insumos técnicos para las indicaciones que presentará el Ejecutivo al proyecto de Ley presentado por senadores de la República que busca mejorar la actual Ley Lafkenche.

Según el material difundido, “¡una ley que fue aplaudida en todo el mundo!” vio la luz en 2008, con la promulgación de la Ley 20.249 que reconoció los derechos de los pueblos originarios sobre el borde costero. Esta legislación surgió desde la lucha de las comunidades mapuche-lafkenche, marcando un precedente en la defensa del mar como fuente de vida y cultura.

El especial reseña que entre 2010 y 2015 se presentaron las primeras solicitudes de espacios costeros en Mehuín, Tirúa, San Juan de la Costa, Hualaihué y Chiloé por parte de comunidades mapuche. Posteriormente, en 2015, SUBPESCA entregó el primer espacio costero a la comunidad indígena de Punta Capitanes, en Fresia, región de Los Lagos.

En 2017, nuevas solicitudes fueron ingresadas por la Comunidad Kawesqar y la Comunidad Diaguita, mientras que en 2019 se aprobó un ECMPO en Tirúa con una extensión de 12 millas marinas. Más tarde, en 2022, la Comunidad Chango presentó su primera solicitud, consolidando así la presencia de diversos pueblos en este marco legal.

La publicación también recordó que la Ley Lafkenche ha sido reconocida internacionalmente por la ONU como un modelo alineado con el Convenio 169 de la OIT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resaltando su valor para la protección de la biodiversidad y la preservación de tradiciones culturales vinculadas al mar.

Sin embargo, no todo ha sido celebración. En el período 2024-2025, la industria salmonera impulsó una ofensiva contra los espacios costeros, logrando rechazar solicitudes en Magallanes, Aysén, Los Lagos y Los Ríos, mientras en el Congreso se tramitaron proyectos de ley para modificar los ECMPO, generando amplio rechazo de comunidades y observadores internacionales.

La cronología concluye con el hito de 2025, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el intento de modificar la Ley 20.249 a través de la ley de presupuestos, reafirmando la vigencia del marco legal que protege los derechos costeros indígenas.

“Hoy, la Ley Lafkenche sigue siendo un símbolo de lucha y orgullo”, destaca el especial, reafirmando que su legado permanece vivo gracias a la fuerza de los pueblos que defienden el mar, su identidad y su futuro.

Mira a continuación la publicación original de Espacios Costeros sobre hitos de la Ley Lafkenche

La Ley Lafkenche (20.249), promulgada en 2008, ha sido un pilar fundamental para la protección de los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios sobre territorios marítimos. Esta normativa permite, a través de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), la gestión sostenible y participativa de recursos naturales, asegurando la preservación de tradiciones ancestrales, con una gestión inclusiva y participación colectiva con diversos actores del borde costero.

Sin embargo, en un giro polémico, el Senado aprobó el jueves 21 de noviembre una indicación en la Ley de Presupuesto 2025 que deja sin aplicación temporal a esta normativa. La medida suspende por un año la recepción de nuevas solicitudes de ECMPO y establece un plazo de seis meses para resolver las aproximadamente 80 solicitudes pendientes, de lo contrario se rechazarían automáticamente, mediante el mecanismo de “silencio administrativo negativo”, no contemplado originalmente en la ley 20.249.

La dirigenta mapuche williche originaria de la isla Llanchid,  Yohana Coñoecar, vocera de la Red Mujeres Originarias por la Defensa del Mar,  criticó duramente esta acción: “El diputado Mauro González (RN)y la diputada Marcia Rafael (RN) incluyeron esta indicación para pedir mayor financiamiento, pero condicionaron el rechazo automático si no se resuelven las solicitudes en seis meses. Esto vulnera profundamente la ley”, afirmó.

Coñoecar también denunció una intención deliberada de obstaculizar los derechos indígenas: “Esto refleja un racismo político contra las comunidades indígenas y una defensa acérrima de los intereses de la industria. Además, buscan intimidar al gobierno para que no declare la inconstitucionalidad de esta indicación”.

La dirigente también llamó la atención sobre la desinformación y el odio generados por ciertos sectores políticos: “Estos grupos han alimentado el rechazo en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes. Esto no ayuda al cuidado social ni a una convivencia armónica en los territorios”.

Desde el Observatorio Legislativo para Comunidades Costeras (OLMAR), su abogado, Vicente Díaz,  advirtió sobre la gravedad del asunto: “El silencio administrativo negativo no está contemplado en la ley original y altera derechos ya reconocidos a los pueblos indígenas”. Asimismo, calificó el uso de la Ley de Presupuesto como un intento irregular de modificar una normativa permanente, señalando “graves vicios de inconstitucionalidad”, destacó una publicación de Defendamos Chiloé.

Esta cuestionada indicación legislativa, es comentada por los abogados Felipe Guerra y Christian Paredes Letelier, en una reciente publicación en Ciper Chile : La estrategia de utilizar la vía financiera de la Ley de Presupuestos para innovar en el contexto de leyes vigentes -como es este caso- no es nueva y ha sido cuestionada en varias oportunidades por el Tribunal Constitucional. En efecto, al suspender el ingreso de nuevas solicitudes de ECMPOs durante el plazo de un año e imponer un plazo de seis meses para llevar a término los procedimientos en actual tramitación, bajo sanción de tenerlos por rechazados, lo que se pretende es modificar una ley permanente y general -en este caso, la Ley Lafkenche- a través de una ley especial y temporal, lo que es ajeno a las materias propias de la Ley de Presupuestos. Como ha resuelto el Tribunal Constitucional, lo anterior atenta contra la naturaleza jurídica de la Ley de Presupuestos, al aprovechar esta vía de tramitación expedita para regular materias absolutamente ajenas a las ideas matrices o fundamentales de esta ley que “solo puede normar materias presupuestarias y de gastos”.

Más grave aún es el hecho de que este intento oblicuo por modificar la Ley Lafkenche vulnera abiertamente diversas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que emanan de tratados internacionales que Chile ha suscrito y que se encuentran vigentes, como lo es el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa frente a la adopción de medidas legislativas susceptibles de afectar directamente sus derechos e intereses, consagrado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

GORE Los Lagos

El contexto político también agudiza las tensiones. En la Región de Los Lagos, los dos candidatos a la gobernación que pasaron a segunda vuelta –Alejandro Santana Tirachini (RN) y Claudia Reyes Larenas (Partido Republicano)– son reconocidos críticos de la Ley Lafkenche. La elección del próximo gobernador es crucial, ya que liderará los Comités Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC), responsables de decidir sobre las solicitudes de ECMPO.

“Es un panorama bastante complicado. Ninguno de los dos candidatos garantiza un diálogo. Ambos obedecen a poderes económicos que buscan perpetuar el rechazo a los ECMPO”, comentó Coñoecar sobre el impacto político regional.

Ley Lafkenche (20,249) es una oportunidad de administración comunitaria local inclusiva para la zona costera, pese a ello un grupo de parlamentarios quiere modificarla.

Un grupo de parlamentarios de derecha y exconcertación, iniciaron las gestiones legislativas vía moción, bajo el nombre de “perfeccionar ley que crea espacio costero de pueblos originarios”, presentado por los senadores Fidel Espinoza (PS), Carlos Kuschel (RN), Gastón Saavedra (PS), David Sandoval (UDI) y el ex senador, actual ministro, Álvaro Elizalde (PS), que busca modificar la ley 20.249 que crea los espacios costeros marino de pueblos originarios (ECMPO), también conocida como ley lafkenche, lo que es reprochado y resistido por diversas comunidades y organizaciones de Pueblos Originarios.

La Ley Lafkenche es la única normativa en el país, del ordenamiento jurídico interno, que reconoce la condición de “pueblos”, que surgió de un amplio proceso participativo de comunidades indígenas y diversos sectores, incluyendo el acuerdo transversal de diversas bancadas políticas en el Congreso de la República, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el estándar internacional de derechos, sin embargo, pareciera que dicho avance que tuvo el país hoy se pretenda cercenar, así por lo menos lo han señalado diversas organizaciones.

La Red de mujeres de pueblos originarios defensoras del mar, en reciente declaración pública, señaló: “Esta iniciativa, presentada por estos senadores, desconoce las importantes contribuciones que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) proveen al desarrollo social, cultural y político de nuestros pueblos y del país en general, como aportes a la conservación biocultural de los bienes comunes del país, a la soberanía alimentaria de cientos de comunidades y a la economía familiar, local y comunitaria de los pueblos y de Chile en general”, agregando que  la iniciativa de modificación, está impulsada por “sectores vinculados a la explotación indiscriminada de los recursos del mar”, denunciando que existe una oleada al respecto de intereses político empresariales.

Voces dese los territorios por la defensa de la Ley Lafkenche

Cristina Ñancucheo Lincoñir, es Bióloga en Gestión de Recursos Naturales y ha sido profesional de apoyo Identidad Territorial Lafkenche. Frente a la iniciativa legislativa, la profesional señala: “La aplicación de la Ley 20.249 no se perfecciona en el parlamento, sino que haciendo más eficiente la tramitación por parte de la institucionalidad que está involucrada en el proceso. Un ECMPO, según los plazos establecidos en la Ley, debería tramitarse en aproximadamente unos 24 meses, sin embargo, tenemos como ejemplo, el ECMPO Mañihueico Huinay de la región de Los Lagos que ingresó su solicitud en el año 2010 y recién en 2016 se entregó el informe de acreditación de uso consuetudinario; en  Mayo de 2018 se aprobó en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero y a cinco años de eso aún no se ha otorgado la destinación marítima de parte de la Subsecretaría de Marina a la SUBPESCA para que la asociación de comunidades pueda elaborar su Plan de Administración”.

Agrega Ñancucheo: “Es absolutamente necesario otorgar certeza jurídica a todos los actores, pero esa responsabilidad no se le puede traspasar a las comunidades solicitantes. Es el estado quien debería dotar de más funcionarios a aquellos procesos que son críticos en el proceso”.

Tamara Vidal es una joven dirigente, coordinadora territorial de la red de mujeres originarias por la defensa del mar, quien vive en el Archipiélago de Quinchao, Chiloé,  señala ante este intento de modificación legislativa: “Lo primero que se debe saber es que las comunidades originarias defensoras del mar  no están dispuestas a ningún tipo de modificación de la Ley Lafkenche. No por una razón de egoísmo ni división como han dicho algunos sectores para querer generar un prejuicio.  Esta ley es la única que permite a las comunidades valorar la historia ancestral de las playas y el mar, paralizar una parte de la invasión de empresas acuícolas, y pensar en un futuro sostenible resguardando los recursos, protegiendo el borde costero y seguir abasteciéndose como se ha hecho por siglos”.

Frente a supuestos conflictos sectoriales que han sido señalados por algunos parlamentarios a causa de la ley, la dirigenta de la red de mujeres, comenta: “Se debe hacer un trabajo inteligente, los sectores de la pesca y las comunidades somos todos de la misma gente y debemos trabajar en conjunto sin querer pasarnos a llevar.  Es difícil para nuestras familias imaginarse lo importante que es defender legalmente el mar, es algo que nunca antes había tenido importancia, sin embargo, en el día de hoy se convierte casi en una responsabilidad para con el mar. Si no nos movemos nosotros, alguna empresa lo hará, basta con ver la cantidad de concesiones acuícolas que ya están otorgadas. Nosotros vamos a seguir luchando por proteger lo que queda”.

Por su parte, Cristina Ñancucheo resalta: “Es muy necesario mejorar la difusión, tanto al interior de los pueblos originarios como de la institucionalidad pública para entregar información fidedigna sobre la ley. Por ejemplo, esta ley no pone en peligro los derechos de los pescadores artesanales, porque nadie puede impedirles extraer los recursos que tienen autorizados por Ley. Tampoco a otros usuarios que tienen derechos ya constituidos sobre el borde costero. Es más, la Ley apuesta por establecer una nueva forma de relación con el borde costero, involucrando a todos los actores en el Plan de Administración para hacerlo un espacio más inclusivo, que apueste a una mejor convivencia y a formas de usar que son más sostenibles y que no sólo miran los aspectos tangibles, sino también aquellos que hablan de una dimensión inmaterial y que es clave cuando hablamos de espacios que históricamente han sido ocupados por pueblos indígenas y que se habían visto invisibilizados hasta antes de la Ley 20.249”.

Finalmente, Tamara Vidal desde el Archipiélago de Quinchao, comparte el siguiente mensaje: “Invito nuevamente a la gente que se pueda acercar a sus comunidades, a que pregunte acerca de los Ecmpo, gente de la pesca que se organiza en sindicatos, pueda sentarse a conversar con su gente de su comunidad. Muchas dirigentas y dirigentes de nuestro sector son gente muy mayor, que ha sacado adelante a todos sus hijos a través del mar, y el valor que eso tenga va a depender netamente del que nosotros mismos le demos y respetemos”.