Compañía advierte pérdidas superiores a US$100 millones y acusa “expropiación encubierta” tras cambios en las cuotas de pesca vigentes hasta 2032.

Un nuevo frente judicial se abre entre la industria pesquera y el Estado de Chile luego que la empresa FoodCorp Chile, vinculada al grupo internacional Austevoll Seafood, anunciara que presentará una demanda por los efectos de la Ley de Fraccionamiento, normativa que ha generado fuerte inquietud en el sector.

La compañía aseguró que la legislación modificó el sistema de asignación de cuotas de pesca que habían sido establecidas por ley por un período de 20 años desde 2012, lo que —según la empresa— rompe las reglas que sustentaban inversiones y planificación de largo plazo.

El CEO de FoodCorp Chile, Andrés Daroch Coello, afirmó que la medida afecta gravemente a la industria. “Nuestro sector tiene la convicción que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales”, señaló.

De acuerdo con la compañía, el impacto patrimonial derivado de la reducción de cuotas superaría los US$100 millones, cifra que buscarán recuperar a través de tribunales.

La acción judicial será impulsada por el estudio jurídico Montt y Compañía y se suma a las demandas que han iniciado otras empresas del sector pesquero como Camanchaca, Landes y Blumar.

Desde la compañía también advirtieron que la situación podría afectar la credibilidad internacional de Chile frente a los inversionistas extranjeros. “El golpe a la credibilidad del país, a su estabilidad jurídica y la confiabilidad para inversores extranjeros es muy fuerte”, sostuvo Daroch.

El conflicto abre un nuevo capítulo en la tensión entre el sector pesquero y el Estado tras la implementación de la controvertida normativa.

Las comunidades indígenas de Chiloé de Linao (Comuna de Ancud) y Lafquen Mapu (Chadmo, comuna  de Quellón) interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Puerto Montt contra el gobernador Alejandro Santana por “dilación ilegal y arbitraria” en la tramitación de los recursos de reclamación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).Denuncian un patrón sistemático de dilación “arbitrario e injustificado”, maniobras que vulnera la igualdad ante la ley.

Recurso de protección revela maniobras para frenar ECMPO Linao y Chadmo: suspensión sorpresiva, cambios de tabla y más de un año de espera

La Comunidad Indígena Lafkenche de Linao, reafirmó que la ECMPO es una herramienta para “cuidar el mar y sus recursos para las futuras generaciones, proteger las prácticas culturales y espirituales ligadas al territorio y fortalecer la economía local”.

Las comunidades indígenas de Linao (Comuna de Ancud) y Lafquen Mapu (Chadmo, comuna de Quellón) presentaron ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el recurso de protección Rol 1627-2025, acusando al gobernador regional Alejandro Santana de una “dilación ilegal y arbitraria” que mantiene paralizada, por más de un año y dos meses, la votación de los recursos de reclamación vinculados a las solicitudes de ECMPO Linao y Chadmo. La acción judicial sostiene que la autoridad, en su calidad de presidente de la CRUBC de Los Lagos, ha generado un escenario de “indefinición jurídica” que vulnera la igualdad ante la ley. La Comunidad Indígena Lafkenche de Linao informa que “hemos decidido presentar una medida de protección ante los tribunales competentes, relacionada con la tramitación de nuestro Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Linao. Esta acción se dirige en contra del Gobernador Regional debido a decisiones y actuaciones que, a nuestro juicio, ponen en riesgo el respeto y la protección de nuestros derechos como pueblo originario y como comunidad costera”.

Según el recurso, el retraso habría alcanzado un punto crítico tras la emisión del Oficio N°2837, fechado el 27 de octubre de 2025, mediante el cual el gobernador suspendió “por motivos de fuerza mayor” la 1ª Sesión Extraordinaria de la CRUBC, convocada para votar exclusivamente los recursos de reclamación. La suspensión se realizó “menos de 24 horas antes” de la sesión y sin explicar en qué consistían esos supuestos motivos.

El documento judicial denuncia un “esfuerzo persistente y sistemático” del gobernador para impedir que los recursos sean votados, estrategia que se habría ejecutado a través de tres maniobras consecutivas: la omisión de incluirlos en la tabla de la sesión del 30 de abril; la modificación “unilateral e intempestiva” de la tabla del 10 de octubre eliminando únicamente esos puntos; y la suspensión injustificada de la sesión extraordinaria del 28 de octubre. La Secretaría Técnica había recomendado acoger los recursos en dos ocasiones.

En el primer caso, el recurso recalca que los antecedentes se encontraban dentro de plazo para ser tratados en abril, pero la autoridad omitió ponerlos en tabla sin dar explicación. En el segundo episodio, se acusa que cuatro días antes de la sesión del 10 de octubre, el gobernador modificó la citación ya notificada, infringiendo el propio reglamento de la CRUBC que exige cinco días hábiles de anticipación. En el tercero, la suspensión del 28 de octubre se fundamentó en una supuesta “fuerza mayor” que “no contiene mención a antecedentes fácticos ni fundamentos jurídicos”.

A juicio de las comunidades, estas actuaciones conforman “un patrón persistente y sistemático de dilación”, cuyo efecto concreto ha sido impedir la votación de los recursos más allá del plazo legal de un mes establecido en el artículo 8° de la Ley N°20.249, que venció el 13 de octubre de 2024. Este retraso de más de trece meses es calificado como una infracción “grave e irracional” al marco normativo. En este contexto, la comunidad señala que debe resguardar sus derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley 20.249, y que en la tramitación del ECMPO “se ha suspendido en dos oportunidades la votación… sin mayor explicación, sin una fundamentación clara frente a la comunidad”, generando “incertidumbre, retrasos y sensación de falta de transparencia”, resalta desde el territorio, Carla Cárdenas Curumilla, presidenta de la Comunidad Indígena Lafkenche de Linao.

El recurso también argumenta que el accionar del gobernador vulnera principios esenciales del procedimiento administrativo establecidos en la Ley N°19.880, entre ellos celeridad, economía procedimental, imparcialidad, inexcusabilidad y probidad. Asimismo, acusa que el oficio que suspendió la sesión carece completamente de fundamentación, lo que constituye una irregularidad grave en la motivación de los actos administrativos.

En su acción judicial, las comunidades sostienen que se ha configurado una vulneración directa a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que se evidencia un trato “diferenciado e inequívocamente desigual” respecto de otros solicitantes de ECMPO cuyas reclamaciones son resueltas oportunamente. En esta línea, la comunidad enfatiza que “la medida de protección es una herramienta pacífica y legal… No se trata de un acto de confrontación violenta ni de bloqueo, sino de un recurso institucional” destinado a que sea la justicia quien revise los hechos y resuelva. Asimismo, la comunidad, por medio de su presidenta,  reafirma que el ECMPO es una herramienta para “cuidar el mar y sus recursos para las futuras generaciones, proteger las prácticas culturales y espirituales ligadas al territorio y fortalecer la economía local”, reiterando que este camino jurídico “busca defender derechos, no atacar personas”, siempre pensado en beneficio de las niñas, niños, jóvenes y futuras generaciones.

Finalmente, el recurso solicita a la Corte acoger la acción, declarar vulnerado el derecho de las comunidades y ordenar la convocatoria inmediata a la CRUBC para sesionar dentro de los próximos diez días hábiles administrativos y proceder a la votación de los recursos de reclamación. La Comunidad Indígena Lafkenche de Linao, por medio de su presidenta Carla Cárdenas Curumilla, agradece el apoyo recibido y se compromete a seguir informando con transparencia cada paso del proceso. Comunidad Indígena Lafkenche de Linao.

Cabe mencionar, según se destacó desde los peticionarios, que en ambas solicitudes de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) acreditó todo el espacio solicitado.

De acuerdo a reciente información judicial, el recurso de protección fue declarado admisible y Corte de Apelaciones de Puerto Montt habría solicitado a la Gobernación de Los Lagos un informe en 5 días por la dilatación de estas solicitudes ECMPOs. 

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, asistió a la sesión y destacó que esta norma constituye un avance significativo en la protección de un sector altamente expuesto al riesgo y esencial para actividades económicas como la salmonicultura y la pesca artesanal. La iniciativa, tramitada a partir del diálogo social y la participación activa de sindicatos y parlamentarios, reconoce la labor profesional del buceo e incorpora medidas estructurales de seguridad laboral.

“Hoy se aprueba una iniciativa emblemática para nuestro Gobierno y para los trabajadores del país. Este proyecto responde a una demanda histórica de los sindicatos de buzos, quienes han enfrentado por años condiciones de riesgo y accidentes que no podíamos seguir permitiendo. Esta ley reconoce formalmente un contrato especial que recoge las particularidades del sector y establece reglas claras en materia de seguridad y salud laboral”, destacó el ministro Boccardo

Asimismo, el secretario de Estado relevó el proyecto y su impacto en la protección laboral del sector: “Estamos dando una señal contundente como Estado: la labor que realizan las y los buzos es fundamental para la economía nacional y merece estándares acordes a su nivel de riesgo. Con el registro nacional, mayores exigencias en salud, mejor acceso a cámaras hiperbáricas y nuevas herramientas de fiscalización, esperamos reducir la accidentabilidad y fortalecer un rubro que había sido postergado durante demasiado tiempo”.

“La aprobación de esta ley es especialmente significativo para la región de Los Lagos, donde se concentra una de las mayores comunidades de buzos del país y donde la actividad acuícola y pesquera es parte esencial de nuestra economía. Esta norma responde a una demanda histórica y entrega herramientas concretas para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones laborales de un sector altamente expuesto al riesgo.

Además, desde la región de Los Lagos—donde fue presentada esta iniciativa en Puerto Montt— valoramos que el proceso se haya construido con diálogo social y escuchando directamente a las y los trabajadores. Como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con un trabajo seguro y con proteger a quienes, con su labor diaria bajo el agua, sostienen una parte fundamental del desarrollo regional”, expresó Ricardo Ebner, Seremi del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos.

Por su parte, la diputada Javiera Morales destacó el impacto del proyecto en las regiones vinculadas a la industria salmonera: “Esta iniciativa demuestra que es posible compatibilizar una industria salmonera sustentable con empleos dignos y seguros. Regiones como Magallanes dependen profundamente de esta actividad y, pese a las críticas que han circulado, hoy queda claro que el Gobierno no está en contra de la industria, sino que busca que quienes trabajan en ella puedan hacerlo sin arriesgar sus vidas. Este proyecto eleva estándares y protege a quienes todos los días se sumergen para sostener una parte importante de nuestra economía”.

En esa misma línea, el diputado Andrés Giordano, enfatizó la importancia de avanzar en mejores condiciones y mayor responsabilidad de las empresas mandantes: “Esta ley salda una deuda histórica con un rubro altamente precarizado y donde el subcontrato ha predominado sin suficientes reglas claras. La creación del contrato especial permite establecer estándares en seguridad, salud y responsabilidad para las empresas mandantes. Como presidente de la Comisión de Trabajo, valoro que este proyecto se haya perfeccionado escuchando a las y los trabajadores y avanzando hacia un modelo que pone en el centro su cuidado y su derecho a un trabajo seguro”.

La iniciativa reconoce la labor profesional del buceo, establece un contrato especial para el rubro, incorpora estándares más estrictos de seguridad y salud laboral, mejora el acceso a cámaras hiperbáricas y crea un Registro de Servicio de Buzos, elementos que permitirán fortalecer la fiscalización y reducir la accidentabilidad. Asimismo, fija el 18 de diciembre como el Día Nacional de las y los Buzos, fecha vinculada al aniversario del Sindicato Nacional de Buzos de Chile.

Contenido del proyecto de ley

Entre las materias abordadas por el proyecto de ley figuran:

1. Reconocimiento del contrato de trabajo de buceo: Se propone incorporar al título del contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar y los trabajadores portuarios eventuales establecido en el Código del Trabajo, el contrato de buceo y actividades conexas, estableciendo su ámbito de aplicación y su respectiva definición.

2. Regulación de la salud y seguridad en el trabajo de buzos: Se busca regular la obligación por parte de los empleadores de proporcionar todos los medios técnicos y la dotación de seguridad necesaria para desempeñar las labores de buceo.

3. Responsabilidad del dueño de la obra, faena o empresa encargada de ejecutar las labores: Con la finalidad de que las y los trabajadores de las faenas de buceo tengan una mejor protección se establece la responsabilidad el dueño de la obra, faena o empresa que encarga ejecutar las labores.

4. Obligaciones empresa principal: Se establecen responsabilidades concretas para las empresas principales, por ejemplo, dispositivos de salvamento; procedimientos de control de sus infraestructuras tales como balsas, jaulas, plataformas y bodegas flotantes; procedimiento y equipamiento mínimo de primeros auxilios aplicables a las labores de buceo, entre otros.

5. Registro electrónico de documentación y registro de asistencia: Las empresas de buceo deberán contar con un registro electrónico específico para controlar el cumplimiento de los tiempos de inmersión y descanso necesario conforme estándares técnicos de DIRECTEMAR. Por otro lado, el registro de asistencia deberá también ser llevado electrónicamente.

6. Reglamento: Sin perjuicio de la regulación técnica vigente en materia de buceo dictada por parte del Ministerio de Defensa en conformidad a sus competencias, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en consulta con la Dirección del Trabajo, la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, y la Superintendencia de Seguridad Social, dictará un reglamento en materia de seguridad y salud laboral para el ejercicio de la labor de buceo.

7. Certificaciones Chile Valora: Se incorpora la posibilidad de acceder a las certificaciones otorgadas por Chile Valora.

8. Registro de servicios de buzos: Se crea un registro de servicios de buceo que permita fortalecer la fiscalización y garantizar la seguridad en el trabajo.

9. Protocolo de actuación ante accidentes: Se incluye la elaboración de un protocolo para actuar ante accidentes, considerando especialmente aquellos por descompresión, permitiendo el acceso oportuno a cámaras hiperbáricas.

10. Día nacional de las y los buzos de Chile: Se establece el día 18 de diciembre como el día nacional de las y los buzos.

11. Vigencia: El proyecto de ley contempla una entrada en vigor el para primer día del sexto mes a su publicación en el Diario Oficial.

La iniciativa, que ya está lista para ser promulgada por el Presidente tras ser aprobada el martes por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.

Sectoriales y la despachó a Ley. El proyecto, que ingresó al Congreso en enero de 2024, es una reforma estructural que moderniza el Estado, reduce la burocracia y acelera la inversión.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo forma parte del fast track legislativo para el crecimiento económico y busca avanzar en simplificar la obtención de permisos, lo que permitirá entregar mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó el despacho a Ley del proyecto y expuso la relevancia que tendrá para impulsar la inversión en el país, “e estamos muy contentos porque es un avance muy importante para el país, después de más de un año de tramitación, hemos logrado aprobar este proyecto con un apoyo transversal. dijimos que era posible mejorar los tiempos y era posible avanza de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día. Nuestro diagnóstico como Ejecutivo es que, una Delaware las razones principales de por qué los permisos sectoriales se demoran tanto, es porque los servicios están atochados y por eso estamos convencidos que, con las declaraciones juradas, vamos a permitir que todo el esfuerzo esté dedicado a las autorizaciones que realmente implican riesgo, y eso le va a permitir responder a tiempo”.

La iniciativa legislativa busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios. De esta forma, incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

A nivel local, el Seremi de Economía Matías Muñoz precisó que, “en la región de Antofagasta, que es el territorio que más inversión acumula a nivel regional, tener mejores tiempos para la concreción de proyectos mejora sustantivamente la forma en como tramitamos permisos sectoriales, pero sobre todo, da mayores certezas para proyectar el crecimiento económico de la región y por supuesto el país”.

El Proyecto Delaware Ley Marco Delaware Autorizaciones Sectoriales Ja sido fruto Delaware Naciones Unidas trabajo conjunto y riguroso, desarrollado en estrecha colaboración con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Este esfuerzo compartido ha permitido construir una propuesta con amplio respaldo transversal, basada en el diálogo, la evidencia y el interés común de avanzar hacia una institucionalidad. más ágil, Moderna y eficiente, que facilitar el desarrollo de proyectos de inversión sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que el país exige.

Acerca de el proyecto Delaware ley

El proyecto de ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) busca reducir sustantivamente los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, sin disminuir los estándares regulatorios. A través de un enfoque transversal, establece normas comunes, introduce proporcionalidad en la regulación y crea nuevas herramientas de gestión para modernizar el Estado en su rol habilitante.

Principales Soluciones del Proyecto

· Normas mínimas de transformación. Se establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales: inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta Delaware garantía.

· Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios. Estos THA están sujetos a fiscalización ex post, con fuertes sanciones en caso de fraude.

· Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER. El proyecto transforma en política de Estado la plataforma SUPER como entrada única y trazable para todas las solicitudes.

· Institucionalidad técnica. Crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operador el sistema. También impulsa mesetas regionales, modernización continua de permisos, y promueve la mejora de gestión mediante convenios y metas institucionales.

· Modificaciones legales sectoriales. El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales para adaptar sus permisos a la LMAS, establecer nuevas facultades regulatorias y aplicar THA. Se incluyen sectores como minería, obras públicas, salud, aguas, energía, concesiones marítimas y DOM.

La reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile representa un cambio significativo en el ámbito empresarial y judicial, al elevar los niveles de responsabilidad de las compañías y sus líderes. Esta no solo redefine el alcance y las sanciones aplicables a una gran cantidad de delitos que afectan directamente la estabilidad económica, sino que también subraya la importancia crucial del cumplimiento como una herramienta estratégica para evitar, detectar y reducir tanto riesgos legales como reputacionales.

La ampliación de lo que se considera un delito económico es uno de los aspectos más importantes de esta nueva legislación. La ley ya no se limita a casos de fraude o lavado de activos, sino que también incluye delitos ambientales y corrupción dentro de las organizaciones. Esto significa que cualquier empresa, sin importar su industria o tamaño, está sujeta a un examen más riguroso y debe asegurarse de que todos sus procesos funcionen bajo un marco ético sólido.

En este sentido, el compliance  o cumplimiento normativo se convierte en una pieza clave para proteger las empresas. Ya no es opcional llevar a cabo políticas y procedimientos internos para garantizar que se cumpla la normativa vigente, sino es una obligación estratégica para reducir los riesgos de sanciones y daños reputacionales. Las empresas que no tomen medidas proactivas para ejecutar estas nuevas demandas podrían enfrentar graves sanciones o incluso la pérdida de su identidad legal.

La individualización de las sanciones es otra innovación importante en la responsabilidad penal introducida por la nueva ley. Estas se calcularán en función del ingreso promedio del condenado y no solo serán proporcionales a la gravedad del delito, lo que refuerza la necesidad de que los ejecutivos y empleados estén plenamente conscientes de los riesgos que conlleva transgredir la normativa. En este contexto, es fundamental que las empresas creen programas sólidos no solo para cumplir con la ley, sino también para asegurarse de que sus colaboradores comprendan las implicaciones de sus acciones y las consecuencias a las que podrían enfrentarse.
Cabe señalar que la ley no solo se limita a sancionar las transgresiones, sino que además, anima a las empresas a ser más proactivas en la prevención de delitos. Esto implica que todos los niveles de la organización deben tener sistemas internos de auditoría y supervisión, canales de denuncia anónima y capacitaciones regulares. Los programas de cumplimiento deben abarcar desde los niveles operativos hasta la alta dirección e incluir un enfoque preventivo que permita identificar posibles comportamientos ilícitos antes de que se materialicen.

La reputación de la empresa también está en peligro. En un mundo globalizado, donde la ética y la transparencia son cada vez más valoradas por los consumidores e inversionistas, las empresas que no se adapten a esta nueva normativa corren el riesgo de perder credibilidad. Un escándalo financiero o una acusación de corrupción pueden arruinar años de trabajo y erosionar la confianza de los interesados, lo que dificulta la supervivencia de la empresa, siendo fundamental fomentar una cultura de integridad en todas las facetas de la empresa.

Este proyecto había sido ingresado en julio por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara Román, junto al subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, para luego, el 27 de agosto, ser aprobado en general y por unanimidad por la misma Comisión.

“Quiero agradecer a los parlamentarios de esta comisión que enriquecieron esta iniciativa, que ahora sigue su curso en la Sala. La actividad que realizan los buzos se encuentra expuesta a altos niveles de riesgo de accidentabilidad y también con fatalidades y esto busca, precisamente, proteger y reconocer el contrato de trabajo del buceo y las actividades anexas”, aseguró la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

La secretaria de Estado agregó que “se busca, precisamente, que las tasas de accidentes sean menores, que ojalá lleguen a cero, así como también las fatalidades que han ocurrido en la industria y que no dejan de conmover a sus familiares y al país”.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto con valorar la aprobación unánime de las y los diputados de la Comisión, enfatizó que “el buen resultado de hoy es, por cierto, producto del Diálogo Social que hemos desplegado en terreno con gremios y sindicatos del sector y con los parlamentarios de las regiones. Para nuestro Gobierno es fundamental avanzar en Trabajo Decente; por ello, resguardar los derechos laborales que permitan a las y los buzos desempeñarse en óptimas condiciones de seguridad y salud, ha sido una prioridad”.

Es por lo anterior que el subsecretario Boccardo agregó: “Esperamos que el proyecto tenga una votación satisfactoria en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, para que, una vez cumplida su tramitación en el Senado, sea despachado a ley”.

En tanto, la diputada Javiera Morales expresó: “Estamos bien contentos, porque en la Comisión de Trabajo se aprobó por completo ya este proyecto de ley y prontamente lo conoceremos en la Sala de Diputadas y Diputados. Un compromiso que adquirió el Gobierno del Presidente Gabriel Boric gracias al impulso de diversos parlamentarios y parlamentarias del sur de Chile”.

En esa misma línea, el diputado Andrés Giordano, miembro de la Comisión de Trabajo, comentó que “esta es una tremenda noticia para los buzos a lo largo de todo el país. Se reconoce su función, se reconoce laboralmente esta actividad, que ha estado abandonada permanentemente y con una altísima accidentabilidad y precarización laboral. A partir de esta ley no solo se les reconoce sus labores, también se les protege”.

Por su parte, el diputado Mauro González, valoró el apoyo transversal de todos los sectores de la Comisión con la aprobación de este proyecto de ley: “Hemos colocado el interés de protección de los buzos como algo prioritario. Esperamos que pueda seguir avanzando, que se pueda votar rápido en Sala y pasar al Senado. Ha sido un gran proyecto y llegamos a muy buenos acuerdos por los buzos de nuestro país”.

Además, el diputado Héctor Ulloa destacó la unanimidad de la aprobación del proyecto de ley y las indicaciones que se le hicieron a la iniciativa, la cual le da más robustez al contenido: “Las indicaciones que se le agregaron fortalece este proyecto, porque está destinado, en primer lugar, a reconocer el trabajo los buzos y buzas de nuestro país. Y, en segundo lugar, creo que es lo más importante, a protegerlos, tanto en la responsabilidad del empleador, pero, sobre todo, en el ámbito de la ocurrencia de siniestros en el fenómeno de la descompresión y de la necesidad médica de acercarlos urgentemente a las hacia las cámaras hiperbáricas”.

Dentro de las indicaciones que se le hicieron al proyecto de ley, destacan:

• Que ChileValora impulse la certificación de competencias laborales de trabajadores del sector.

• Tener un registro de servicios de buzos, con exigencias de licencia para la labor de buceo.

• Tener un protocolo de procedimientos ante accidentes por descompresión que coordine a las instituciones pertinentes y a la empresa para el oportuno acceso a cámaras hiperbáricas.

• Que se declare el 18 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los Buzos de Chile.

Contenido del proyecto

Las principales materias abordadas en el proyecto de ley son:

• Reconocimiento del contrato de trabajo de buceo: El proyecto propone incorporar el contrato de buceo y actividades conexas al Código del Trabajo, específicamente al título del contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar y los trabajadores portuarios eventuales. Así, se establece su ámbito de aplicación y su respectiva definición.

• Regulación de la salud y seguridad laboral de buzos: Proporciona todos los medios técnicos y de seguridad necesarios para desempeñar las labores de buceo, regulando la obligación de los empleadores en generar esta labor. Dentro de estas, está la obligación de llevar el registro de tiempo de inmersión, para resguardar el debido cumplimiento de este, además de llevar el cumplimiento de las jornadas de trabajo a través de un registro electrónico.

• Responsabilidad del dueño de la obra o empresa que ejecuta las labores: La iniciativa legal establece la responsabilidad del dueño de la obra, faena o empresa que encarga ejecutar las labores respecto de la adopción de las medidas para un trabajo seguro de la empresa contratista o usuaria. Cuenta con la asistencia de las mutualidades de seguridad y del ISL, entidades que administran el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• Obligaciones empresa principal: Se establecen responsabilidades concretas para las empresas principales, las que deberán con dispositivos de salvamento; procedimientos de control de sus infraestructura tales como balsas, jaulas, plataformas y bodegas flotantes; procedimiento y equipamiento mínimo de primeros auxilios aplicables a las labores de buceo; procedimientos de control de tiempos y maniobras para los efectos de presión en el cuerpo en el contexto de las labores de buceo y del buceo repetitivo; procedimiento de control de aparatos, sistemas o medios utilizados en las labores de buceo, entre otras.

• Registro electrónico de documentación y registro de asistencia: Las empresas de buceo deberán contar con dos registros. Por una parte, se deberá implementar un sistema electrónico de control específico para el cumplimiento de los tiempos de inmersión, de acuerdo con la profundidad de la labor de buceo, y el periodo de descanso necesario tras dicha operación. Adicionalmente, deberán mantener en dicho sistema un registro de documentación electrónica que considere los antecedentes relativos a los equipamientos, herramientas y elementos de seguridad utilizados en cada inmersión, debiendo consignar el registro de matrícula vigente del buzo respectivo

]]> 25714 https://loslagosnoticias.cl/2024/08/31/seor-director-proyecto-de-ley-de-datos-personales/20908 Sun, 01 Sep 2024 01:01:29 +0000 https://www.noticiaschiloe.cl/?p=20908 [...]]]>

El proyecto de ley de datos personales fue despachado por el Congreso. Sólo resta una revisión por el Tribunal Constitucional que se prevé pacífica. Se cierra un ciclo de siete años, y comienza otro en que la forma en que interactuamos con los datos personales está a punto cambiar totalmente. Esta ley redefine las reglas del juego. Es un antes y un después en cómo se usa la información personal de los chilenos, en cualquier espacio u organización. Es un cambio histórico.

La nueva ley empodera a las personas, les asegura el control sobre su información frente a las empresas y el Estado. Todas las organizaciones (públicas, privadas, con o sin fines de lucro) se tienen que preparar: Deberán determinar la información personal que tienen y usan, plantearse para qué la necesitan, y ver si se encuadra en la nueva ley.

El país recoge el camino trazado por la Unión Europea en este tema, adaptando a la realidad chilena elementos fundamentales del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que rige desde 2018 en ese continente.

Esta nueva normativa también permitirá que Chile sea declarado “país adecuado” por la UE, lo que permite un libre flujo de datos con ese bloque económico. Esto abre nuevas oportunidades de intercambio comercial con el bloque europeo y con muchos otros países que han obtenido la misma declaración.

Probablemente una de las actividades donde se va ver esta ley en concreto, será en las llamadas telefónicas indeseadas. A solicitud del titular del número, la empresa que llama va a tener que explicar de donde obtuvo nombre y teléfono y acreditar la licitud de este uso. El titular también podrá oponerse a que utilicen su teléfono con estos fines e incluso exigir la supresión de esta información en determinadas circunstancias. Podremos ver el ejercicio de los renovados derechos llamados ARCO (Acceso, Rectificación, Supresión y Oposición) que representan la base de este derecho constitucional.

Marcelo Drago
Académico Fac. Derecho, U.Central

La implementación de la Ley 40 Horas, que entró en vigor el 26 de abril pasado, ha mostrado resultados positivos en su primer mes. Esta normativa busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y ya ha generado un impacto significativo en las empresas y trabajadores de la región y el país.

En el ámbito nacional, un total de 31,000 empresas han declarado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) que reducirán su jornada laboral a 40 horas semanales durante 2024. Durante 2023, 18,481 empresas se adelantaron a esta medida, beneficiando a 256,246 trabajadoras y trabajadores, en anticipación a la obligatoriedad de la norma que se establecerá en 2028. Estos datos se derivan de la Operación Renta 2023, en la cual, por primera vez, las empresas informaron sobre su ajuste a la jornada laboral de 40 horas.

Denuncias Recibidas

La Dirección del Trabajo ha registrado un total de 510 denuncias a nivel nacional desde la implementación de la primera etapa de la Ley 40 Horas, que reduce la jornada laboral de 45 a 44 horas de manera obligatoria. Estas denuncias, recopiladas entre el 26 de abril y el 27 de mayo de 2024, representan solo el 5.8% del total. Las regiones Metropolitana (223) y Valparaíso (50) concentran el mayor número de denuncias, reflejando también la mayor concentración de trabajadores del país.

“En el caso de la región de Los Lagos, durante abril se recibieron 5 denuncias, y en mayo 34 para un total de 39 denuncias interpuestas ante la Dirección del Trabajo, por vulneración a la normativa laboral de la Ley 21.561: Reducción gradual de la jornada laboral. En esa línea, se realizaron 28 fiscalizaciones de las cuales 5 terminaron con sanciones”, informó el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Ebner.

“En cuanto a las materias denunciadas, estas son lideradas por no dar cumplimiento a las disposiciones legales referidas a la reducción de la jornada ordinaria semanal de 44 horas y por exceder la jornada ordinaria semanal de trabajo de 44 horas”, agregó el Seremi Ebner.

La implementación de la Ley 40 Horas continúa avanzando, con un enfoque en garantizar que las empresas cumplan con las nuevas disposiciones y que los derechos de los trabajadores sean respetados. La colaboración entre empleadores, trabajadores y autoridades es clave para el éxito de esta importante reforma laboral.

El legislativo aprobó la ley corta de isapres, compuesta por una batería de medidas que busca darle viabilidad al funcionamiento de las isapres, cumplir con la devolución de dinero a los afiliados, la aplicación de la Tabla Única de Factores y la aprobación de un reajuste extraordinario del 10% en los planes a julio de 2023, entre otras medidas.

Finalmente, la ley corta de isapres fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados. En total fueron 122 votos a favor de la norma, por lo que se aprobó y despachó a ley.  Ahora, la Contraloría recibe el proyecto para toma de razón y posterior promulgación.

Entre los objetivos que establece esta la devolución de los montos a quienes realizaron pagos en exceso por sus planes de salud, lo que se hará por plazos; las personas mayores de 65 y menores de 80 años, recibirán el reembolso en un plazo de cinco años, los mayores de 80 en dos años y afiliados menores a 65 años, en un plazo de 13 años.

Asimismo, la norma incluye un congelamiento del cálculo del Índice de Costos de la Salud (ICSA) hasta el 2027, la aprobación de un reajuste extraordinario del 10% en planes a julio de 2023, los que, sin excepción, no podrán costar menos del 7%. Además, se comenzará a aplicar la Tabla Única de Factores y se crea la Modalidad de Cobertura Complementaria, lo que equivale a un seguro complementario estatal licitado por Fonasa.

Sobre este último punto, el presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, Enrique Paris, explicó que “consiste en que junto a la recaudación obligatoria del 7%, las personas deben tomar un seguro complementario. Ese seguro complementario por persona va a costar entre $30.000 y $50.000 pesos según lo informado por la autoridad hasta ahora. Esto abre un campo para las compañías aseguradoras y habrá que ver quien ofrece la mejor oferta”.

Respecto a los nuevos pagos que deberán hacer las personas, Paris señaló que “todos van a tener que pagar el 7%. O sea, se les va a aumentar el plan a aquellos que pagaban bajo ese porcentaje por su plan de salud, ahora se les va a aumentar al 7%. A eso se añade que las personas que pagan y están en Isapre, se les va a reajustar en un 10% la prima”.

El exministro de Salud recordó también los distintos proyectos de ley que impulsaron durante el último gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

“Durante el gobierno pasado, enviamos varios proyectos de ley. Un proyecto de ley para crear un plan de salud universal pero no fue aprobado. Lo mismo ocurrió con el Fondo de Compensación Inter isapres y Fonasa y el proyecto del Seguro Catastrófico”, señaló el presidente del IPSUSS Enrique Paris.

La industria de los seguros en Chile se enfrenta a nuevos desafíos en el contexto de cambios que afectan al país. El clima, las nuevas leyes que afectan a los negocios, la incertidumbre y la mayor efervescencia obligan a los actores de este sector a reinventar constantemente el negocio dice Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile.

La industria de los seguros en Chile ha estado experimentando un cambio significativo en los últimos años. El aumento de los desastres naturales que esta semana han arreciado sobre nuestro territorio, la inseguridad y la nueva ley de delitos económicos han tenido un impacto significativo en la forma en que las empresas y las personas se aseguran.

Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile, explica cómo estos cambios han afectado a la industria y cómo las personas pueden protegerse de los riesgos.

“La frecuencia de los desastres naturales, como inundaciones, terremotos, huracanes e incendios, ha aumentado significativamente en los últimos seis años. Esto ha tenido un impacto claro en la industria de seguros, que se basa en estadísticas históricas para establecer sus primas”. Sin embargo, señala que “esas estadísticas ya no son relevantes en un mundo en el que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves. Como resultado, las primas de seguro han aumentado constantemente en los últimos cinco años”. Explica que esto ha llevado a un aumento en el número de reclamos, ya que las personas buscan recuperar sus pérdidas de los desastres naturales.

Soffia agrega que los seguros contra daños causados por la naturaleza, como terremotos, inundaciones y huracanes, han aumentado su costo de forma constante en los últimos años. “El aumento promedio ha sido de entre 15 y 20% anual. Esto ha tenido un impacto significativo en las empresas y las personas, especialmente en las medianas empresas. Los aseguradores también están preocupados por la situación, ya que siguen perdiendo dinero a pesar del aumento de las primas”. Asegura que es probable que los precios de los seguros contra daños causados por la naturaleza sigan aumentando en el futuro.

Respecto de los seguros que cubren un caso como el edificio que quedó al borde de un socavón en las dunas de Cón Cón, explica que seguramente contaba con un seguro para todo tipo de construcción. Eso significa que quien haya hecho edificio contaba con cobertura, pero que es necesario analizar hace cuánto puede haber vencido esa póliza. “Probablemente ya terminó su cobertura. Por otro lado, los propietarios que tienen un hipotecario asociado a esas propiedades cuentan con la póliza de riesgo que tienen todos los bancos contra este tipo de problemas naturales”, explica.

Consultado sobre si las compañías están asegurando bienes en lugares más peligrosos o calientes, como la Araucanía, señala que en general, todo es asegurable, pero a un precio. “En la Araucanía, es más difícil asegurar equipos móviles que trabajan en una zona forestal. Sin embargo, estos equipos están actualmente asegurados”. Explica que los precios de los seguros han subido cinco veces y las pólizas tienen un deducible mucho mayor. En la práctica, los seguros están estructurados para cubrir algo en caso de una eventualidad, para que no se pierda todo.

Soffia explica que Chile es un país atractivo para los seguros y reaseguros, ya que es el mayor comprador de protecciones ante terremotos. “Los límites de cobertura son muy altos, debido a que la economía chilena es fuerte y está muy indexada a los bancos. La cartera hipotecaria está completamente asegurada, y Chile compra más este tipo de coberturas que México y Brasil, países con economías mucho mayores”.

Sin embargo, los precios de los seguros han aumentado debido a la mayor inseguridad del país. Por ejemplo, el riesgo de actos maliciosos, que antes se incluía en la cobertura de incendio, ahora se cobra aparte a una tasa similar a la de la póliza de incendio. Este es un nuevo costo que las empresas de seguros deben asumir para operar en Chile.

Lionel Soffia agrega que la nueva ley de delitos económicos, que impone mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas ha provocado un aumento en la demanda de seguros de responsabilidad de directores y ejecutivos. “Las empresas están más conscientes de la importancia de estos seguros, ya que los directores y ejecutivos están cada vez más expuestos a riesgos legales. Por eso la industria ofrece productos con coberturas estándar que han tenido un boom en los últimos cuatro o cinco año”, añade el CEO de Gallagher en Chile.