La principal confederación de trabajadores de la salud pública calificó como “aberrante e inconsistente” el proyecto que elimina derechos históricos del sector público, como el pago del 100% desde el primer día de licencia médica, equiparando las condiciones al sistema privado.

La Confederación FENATS Unitaria, que agrupa a trabajadores y trabajadoras de la salud pública de todo el país, manifestó su completo rechazo al proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca homologar las condiciones de las licencias médicas entre el sector público y el privado.

El proyecto, ingresado al Congreso bajo el Boletín N°17.678-11, propone unificar criterios respecto al subsidio por incapacidad laboral, limitando el pago al trabajador mediante una fórmula de cálculo diaria y estableciendo un tope imponible, además de regular el tiempo de cese por salud incompatible y reforzar la fiscalización de la COMPIN para prevenir fraudes.

Para FENATS Unitaria, se trata de un retroceso en materia de derechos laborales y de seguridad social. “El proyecto propone una forma de ‘nivelar hacia abajo’, en desmedro de un sector históricamente precarizado y que, por la propia naturaleza de su trabajo, está más expuesto a enfermedades, riesgos e infecciones”, señaló Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la Confederación.

Una de las principales críticas apunta a la eliminación del pago del 100% de las licencias desde el primer día, beneficio vigente actualmente para los trabajadores públicos. Ruiz explica que con esta reforma, “se reemplazaría este pago por una fórmula de cálculo diaria sujeta a un tope imponible, sin considerar funciones críticas propias de un sector estratégico del sistema de salud”.

Desde la organización gremial acusan una contradicción en el discurso del Ejecutivo. “El presidente Boric dijo que no bastaba con palabras de agradecimiento. Sin embargo hoy firma un proyecto de ley con el que cercena conquistas laborales significativas y se castiga a quienes fueron aplaudidos y tildados de ‘héroes’ por su enorme sacrificio durante la pandemia”, afirmó Ruiz.

Respecto a la justificación del Gobierno —combatir fraudes en licencias médicas—, desde FENATS recalcan que el problema afecta solo a una minoría. “El escándalo de las licencias fraudulentas involucra a un 3% de los trabajadores. No se puede penalizar al 97% restante que cumple con compromiso y vocación”, sostuvo el dirigente.

En lugar de medidas punitivas, FENATS propone fortalecer la prevención, mejorar las condiciones laborales y aplicar sanciones efectivas solo a quienes abusan del sistema. Ruiz advirtió: “Será una sanción histórica que un Gobierno que se declara progresista termine su mandato quitando derechos sociales a los trabajadores del Estado”.

Finalmente, la confederación lamentó que el proyecto cuente con respaldo de parlamentarios que se definen como pro-trabajadores. “Adherimos al rechazo planteado por otros gremios nacionales y llamamos a los trabajadores a estar alertas y manifestar su descontento ante esta iniciativa”, concluyó el presidente de FENATS Unitaria.

Una resolución de la Corte de Apelaciones de Talca determinó que sólo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) tiene atribuciones para sancionar el mal uso de licencias médicas, lo que podría frenar más de 6.500 sumarios administrativos contra funcionarios públicos.

El escándalo por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, que estalló tras un informe de la Contraloría General de la República, podría dar un giro inesperado. Un reciente y poco conocido fallo de la Corte de Apelaciones de Talca abrió una puerta de escape para miles de funcionarios sumariados por viajar al extranjero o realizar actividades incompatibles con su reposo médico.

Según el informe del ente fiscalizador, se detectaron 25.078 licencias médicas utilizadas de forma irregular y se abrieron más de 6.500 sumarios administrativos a funcionarios públicos de todo el país. Diversos servicios anunciaron medidas drásticas, incluyendo despidos.

Incluso el presidente Gabriel Boric, señaló el medio El Dínamo, respaldó públicamente la línea dura durante la Cuenta Pública 2025: “Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia médica, debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad, es la destitución del cargo”.

Sin embargo, el panorama podría cambiar drásticamente tras el fallo favorable a una funcionaria del Hospital de Talca que fue desvinculada luego de que un sumario interno determinara que había trabajado en su emprendimiento durante un periodo de licencia médica.

Pese a que la Contraloría respaldó la medida aplicada por el hospital, la Corte de Apelaciones de Talca consideró que la sanción no era válida, señalando que la única entidad facultada para pronunciarse sobre el uso indebido de licencias médicas es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Esta interpretación jurídica podría ser invocada por cientos —o miles— de funcionarios públicos para revertir sanciones similares y dejar sin efecto los procesos disciplinarios impulsados por los servicios afectados.

La sentencia ha encendido las alarmas en distintos organismos del Estado, ya que pone en cuestión no solo la validez de las desvinculaciones, sino también los fundamentos legales de los sumarios en curso.

El escenario abre un nuevo debate sobre los límites de las atribuciones institucionales en materia disciplinaria y la necesidad de reforzar la coordinación con organismos como la COMPIN antes de aplicar sanciones de alto impacto.

· En la encuesta realizada por la Universidad San Sebastián, además, aparecen como alternativas para sancionar la falta: el reembolso de los dineros (69,9%), investigar a quienes emitieron las licencias (44,9%), tomar acciones legales contra los funcionarios (41,7%) y realizar sumarios administrativos (40,9%). Sobre el desenlace del caso, un 58,4% cree que no pasará nada con los funcionarios involucrados.

El reciente informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero tras haber solicitado licencias médicas entre 2023 y 2024, causó revuelo a lo largo del país. En respuesta a ello, la Encuesta Chile Nos Habla, de la Universidad San Sebastián, midió la opinión de la ciudadanía con respecto a este caso. Para el 96,8% está muy mal o mal esta práctica, al 2,8% le es indiferente y solo un 0,4% cree que está bien.

Reembolso y desvinculaciones aparecen como las principales sanciones

Al preguntar por las acciones de corto plazo que se debiesen tomar si se comprueban casos de mal uso de licencias, la encuesta, liderada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno USS, en colaboración con el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Facultad de Medicina muestra que un 69,9% declaró exigir el reembolso del pago de dichas licencias a los funcionarios que viajaron al extranjero; el 64,2% cree que se debe desvincular a esos funcionarios.

Entre otras acciones, casi la mitad (44,9%), se inclina por investigar a los profesionales de la salud que emiten estas licencias, un 41,7% que se tomen acciones legales contra los funcionarios públicos que hicieron uso fraudulento de las licencias y, finalmente, un 40,9% que se instruyan sumarios administrativos.

“Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez de las arcas fiscales, con un déficit severo de las cuentas públicas, duele constatar que este fraude, corroborado por Contraloría General de la República, se financió con los impuestos que pagan todos los chilenos, cuyos recursos tienen un costo alternativo alto y dejan de destinarse a materias urgentes para la ciudadanía, como seguridad, listas de espera en salud y empleo.”, señala Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS.

Para el Dr. Jorge Acosta, director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), “las personas aciertan en indicar que urge aumentar la fiscalización para evitar la utilización maliciosa de las licencias médicas y que aquello tenga consecuencias, tanto para los que las piden, como para quienes las emiten”.

En esta línea, Weber agrega que “la solución al problema debe separarse en dos partes. Por un lado, sancionar conforme a derecho a quienes incurrieron en el ilícito y, por otra parte, es una oportunidad inmejorable para legislar y modificar el régimen de empleo público, anacrónico e ineficaz, que hoy se está transformando en una barrera para que el Estado gaste mejor los recursos de todos los chilenos”.

Poca confianza en el desenlace del caso

En relación con las posibles causas que pueden haber desembocado en esta situación, un 71,6% indica que se debe a la falta de consecuencias para quienes solicitan estas licencias y, al mismo tiempo, un 63,9% afirma que se explica por la falta de consecuencias para quienes las emiten, seguido de un 39,7 para aquellos que consideran que se debe a una falta de control por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

“Comparando con experiencias internacionales, destaca la necesidad de evaluar el disminuir gradualmente el porcentaje del subsidio a lo largo de la licencia (para incentivar la reincorporación temprana), revisar la temporalidad de la incapacidad cuando es muy extensa (6 meses) para empalmar con pensiones de invalidez, y evaluar la participación de los empleadores en parte del financiamiento de la ausencia”, señaló el director ejecutivo del IPSUSS.

Ante la pregunta sobre qué cree que pasará finalmente con los funcionarios públicos que viajaron estanco con licencia médica, el 58,4% indica que no pasará nada, un 30% cree que se tomarán medidas leves y sólo 11% cree que se tomarán medidas importantes para que no se repitan casos como este.

Revisa los resultados de la Encuesta Chile Nos Habla sobre Licencias Médicas.

Acerca de Chile Nos Habla

La encuesta Chile Nos Habla es una iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Busca aportar al debate público con datos e información de diagnóstico y contribuir a la generación de estudios, propuestas y proyectos de política pública que aborden problemáticas de interés social. Chile Nos Habla cuenta con un comité editorial intersectorial y un comité técnico transversal para la revisión metodológica de las encuestas. Las mediciones se realizan en alianza con la consultora Studio Publico.

Sobre la metodología de la encuesta

Es un estudio cuantitativo con muestreo aleatorio estratificado proporcional por región. Se realiza mediante la técnica de medición de tipo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) con base en cuestionario estructurado auto aplicado. La muestra incluyó 834 casos exitosos de un total de 40 mil envíos. Tasa de respuesta completa del 2,2% con resultados en todas las regiones, 181 comunas, ambos sexos, en todos los tramos etarios y todos los NSE. La encuesta se aplicó entre el 23 y el 27 de mayo de 2025.

El ministro Mario Marcel subrayó que los sumarios administrativos son procedimientos breves y claros, que permiten establecer responsabilidades en casos de viajes al extranjero durante licencias médicas. Contraloría, por su parte, solicitó mayores atribuciones para fiscalizar y aplicar sanciones directamente.

En medio del escándalo nacional por las denominadas “licencias all inclusive”, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue enfático al señalar que los sumarios administrativos no son procesos complejos ni extensos, y que permiten aplicar sanciones claras frente al mal uso de licencias médicas.

A la fecha, el Ministerio de Hacienda ha iniciado 6.592 sumarios en 131 servicios públicos. Además, 1.102 funcionarios han abandonado la administración gubernamental, aunque no se ha detallado cuántos lo hicieron por despido o renuncia.

“El procedimiento es sencillo. Se trata de sumarios administrativos, no investigaciones sumarias, y consisten básicamente en responder tres preguntas: cuál fue la causal de la licencia médica, si hubo viaje y cuál fue el motivo del viaje”, explicó Marcel. Añadió que este proceso “no requiere convocar testigos ni realizar indagaciones extensas”.

Entre las sanciones que pueden derivar de estos procedimientos se contemplan la destitución, la suspensión con reducción de sueldo, el rechazo de la licencia médica, la devolución de fondos al empleador, e incluso el sobreseimiento en casos específicos como las licencias maternales.

Marcel también advirtió que cerca del 10% de los funcionarios involucrados ingresaron al Estado a partir del año 2022, destacando que este fenómeno no se restringe a prácticas anteriores.

Por su parte, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, compareció en el Senado solicitando que se refuercen las atribuciones del organismo para fiscalizar de forma más eficaz. “En otros países, las contralorías acceden directamente a las cartolas bancarias de los servicios públicos. Nosotros debemos pedirlas ‘por favor’ y muchas veces se nos alega secreto bancario”, lamentó.

La contralora también planteó que la entidad pueda aplicar directamente las sanciones derivadas de los sumarios, evitando que sus resoluciones sean revertidas por autoridades superiores, lo que —según señaló— “desmoraliza a la institución y a la ciudadanía”.

Finalmente, Pérez anunció que estas fiscalizaciones se realizarán de forma anual para desincentivar el mal uso del sistema. El objetivo, afirmó, es claro: proteger los recursos públicos y restituir la confianza ciudadana en la probidad del servicio público.

En cuanto al debate que se ha generado por las fiscalizaciones a los médicos que emiten licencias médicas, resulta valioso profundizar en los problemas de fondo relativos al uso fraudulento que se hace de este importante instrumento sanitario.

En primer lugar, es importante recordar que, si bien la emisión de una licencia sin fundamento constituye una falta para el emisor, lo es también el uso de este instrumento por parte del receptor. En efecto, los datos indican que las personas normalizan la utilización de este permiso para resolver un variado tipo de conflictos personales, laborales o sociales. A ello contribuye la generosidad del subsidio asociado, el que este sea renovable casi indefinidamente, que no haya una supervisión o involucramiento mayor de los empleadores y que las normas no consideran sanciones o consecuencias que permitan desincentivar estos comportamientos.

Asimismo, la evidencia muestra que los trabajadores que no tienen días de carencia ni tope en el monto recibido (sector público), así como menor fiscalización (Fonasa) hacen un mayor uso de este instrumento, sin que existan razones sanitarias.

Por todo lo anterior, urge avanzar en medidas como: i) instalar una primera revisión en Fonasa, considerada en un proyecto de ley en discusión, ii) definir “temporal”, dado que el subsidio está asociado a incapacidades temporales, iii) revisar los montos subsidiados, para incentivar el retorno al trabajo y desincentivar su uso para resolver otros problemas, considerando una reducción gradual, como ocurre en la mayoría de los países.

Abordar el creciente gasto en subsidios por licencias médicas, especialmente en contextos de estrechez financiera, es esencial, pero requiere una mirada integral. Existen varias propuestas sobre la mesa que deben ser consideradas e incorporadas en las reformas en discusión.

Dr. Jorge Acosta – Director Ejecutivo y Carolina Velasco – Directora de Estudios

IPSUSS – Universidad San Sebastián