Instancias interinstitucionales buscan asegurar el cumplimiento efectivo de medidas judiciales, fortaleciendo la protección de las víctimas y el rol activo del tribunal.

En el marco de la implementación de la Ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género, el Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Chaitén desarrolló durante el primer trimestre una serie de reuniones de coordinación destinadas a reforzar la supervisión judicial en este tipo de causas.

Las instancias fueron encabezadas por la jueza Rode Reyes, quien impulsó estos encuentros con el objetivo de dar cumplimiento a la obligación legal de supervisión respecto de las suspensiones condicionales de sentencia en materia de familia, así como de las suspensiones condicionales del procedimiento, penas accesorias y medidas cautelares en el ámbito penal.

Trabajo coordinado para fortalecer la protección

En este contexto, la magistrada sostuvo reuniones con el fiscal de Chaitén, Felipe Horn, la defensora penal pública Nicole Valenzuela y las consejeras técnicas del tribunal Gabriela Piezug y Carolina Valenzuela, instancia en la que se definieron fechas y mecanismos para supervisar de manera efectiva el cumplimiento de las medidas judiciales en causas de violencia de género.

Asimismo, se realizaron encuentros con equipos de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Palena, Hospital de Futaleufú y Hospital de Chaitén, considerando que dentro de las condiciones impuestas a los ofensores puede incluirse la obligación de someterse a tratamientos psicológicos.

“Se busca visualizar la importancia de desarrollar estrategias que permitan reeducar en los temas de violencia de género, lo cual está en directa relación con la prevención de este tipo de conductas”, explicó la magistrada.

Un rol más activo del tribunal

La jueza Rode Reyes destacó la relevancia de este trabajo interinstitucional, enfatizando que el objetivo principal es fortalecer la protección de las víctimas y aliviar la carga que históricamente ha recaído sobre ellas.

“Se busca que ya no pese sobre las víctimas tener que dar aviso a la autoridad respecto del incumplimiento de las condiciones, sino que sea el tribunal quien asuma un rol más activo, exigiendo que el ofensor o imputado cumpla y acredite dichas medidas en sede judicial”, señaló.

De esta manera, el Juzgado de Chaitén avanza en la implementación de un sistema más riguroso y coordinado, que no solo sanciona, sino que también apunta a la prevención y erradicación de la violencia de género, poniendo en el centro la protección efectiva de las víctimas.

· Propuso control de las licencias médicas y bajar el ausentismo en el Estado; reducir las compras del Gobierno central, recortar asesores y limitar contrataciones en el sector público para que el dinero llegue a las personas y no se quede en burocracia.

· Esto más medidas anticorrupción, como atacar los “pitutos”, inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos, levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción y mayores herramientas y poder a la Contraloría.

La precandidata presidencial Evelyn Matthei presentó este martes nuevas medidas para combatir la corrupción y el despilfarro de dinero en el Estado, para asegurar que los recursos vayan en beneficio de los chilenos.

“La plata está. Lo que falta es que llegue a quienes más la necesitan. Y eso parte por cortar la corrupción y el despilfarro”, dijo Matthei en un acto con dueñas de casa en la comuna de San Miguel.

La exalcaldesa destacó que Chile necesita recursos para devolverle la seguridad a los barrios, proteger las fronteras, reducir las listas de espera, mejorar las escuelas y viviendas. Sin embargo, enfatizó que el dinero de los chilenos hoy se está despilfarrando: se gastaron $81 millones de más por cirugías fuera de horario; se han detectado municipalidades comprando remedios 400% por encima de su valor normal; y se pagaron casi $4.000 millones en pensiones de gracia con antecedentes penales o lesiones falsas. Además, 25 mil funcionarios viajaron con licencias médicas al extranjero, mientras el Estado gasta US$350 millones en reemplazos, el equivalente a 10 teletones.

“El Estado no es un botín. Es una responsabilidad. Y con nosotros, la corrupción se va a acabar. El que roba recursos públicos debe ir preso, quedar inhabilitado de por vida y perder todos sus privilegios”, dijo Matthei.

Entre las medidas propuestas para reducir el despilfarro de recursos del Estado, se reducirá en US $500 millones el presupuesto del gobierno central con recortes en compra de activos no esenciales, personal, bienes y servicios; y se recortarán en un 70% los asesores a honorarios de las autoridades, limitando a 300 cupos por gobierno y ajustando los sueldos según la Comisión de Altas Rentas.

También se limitará el crecimiento del empleo público a una tasa no superior al crecimiento del empleo privado, con un tope del 1% anual; se reducirá el ausentismo laboral injustificado en el sector público, que hoy triplica al del sector privado, eliminando gastos por reemplazos innecesarios; y se controlarán las licencias médicas falsas mediante cruces de datos y sanciones reales para médicos y funcionarios involucrados.

Además, se fijarán topes de sueldos para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República. Sin bonos escondidos ni asignaciones disfrazadas; y se rediseñará el proceso de compras, contrataciones y licitaciones para cerrar los vacíos que hoy permiten corrupción legalizada.

“Chile necesita orden, transparencia y resultados. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, concluyó Matthei.

MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Poner urgencia al proyecto “antipitutos” de Chile Vamos. Regularemos la contratación de parientes directos en el Estado. Será causa de cesación inmediata.

2. Si alguien que trabaja en el Estado roba, queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

3. Transparencia total para fundaciones y ONGs que reciben recursos públicos, con mayor fiscalización en el gasto. Caso Procultura no se repite.

4. Se podrá levantar el secreto bancario de cualquier autoridad formalizada por corrupción, con autorización judicial, en menos de 24 horas.

5. Se reducen los gastos reservados y serán auditados por la Contraloría.

6. Más fuerza a la Contraloría para fiscalizar como corresponde los $88 mil millones del presupuesto nacional, regional y los municipios.

7. Todos los contratos públicos deberán ser publicados y auditables por la ciudadanía

El próximo viernes 26 de abril de 2024 entra en vigencia la Ley 21.561, conocida como Ley de 40 horas, que reduce gradualmente la jornada laboral en Chile. Esta es la primera etapa de la legislación, por lo que desde esa fecha la jornada laboral se reducirá de 45 a 44 horas semanales.

El cronograma contempla una disminución gradual de las horas de trabajo, por lo que en abril de 2026 se alcanzarán las 42 horas y tendrá plena vigencia cuando se implementen las 40 horas de trabajo semanales en 2028.

“Este 26 de abril van a empezar a regir la Ley de 40 horas en el país. Por eso, queremos que tanto trabajadores, trabajadoras,  empleadores y empleadoras tengan claridad de cómo se va a ejercer este derecho, no solo en el tema de la reducción de jornada, sino también en otros aspectos de la normativa que entra en vigencia”, manifestó el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Ebner.

¿Cuáles son los otros aspectos que contempla la normativa en esta primera fase?

Las principales medidas son:

Reducción de jornada ordinaria a 44 horas.

Reducción de jornada a 44 horas promedio en cómputo de hasta 4 semanas.

Horas extra compensadas con descanso.

Registro de asistencia electrónica.

Bandas horarias para trabajadores madres, padres y quienes tengan el cuidado personal de niños y niñas de hasta 12 años

Jornada parcial para aquellos que han convenido una jornada de trabajo no superior a 30 horas semanales.

Nuevas medidas para las trabajadoras casa particular puertas adentro y afuera.

Restricción de la excepción de jornada, dependiendo de la naturaleza de la labor ejercida, según el Artículo 22, inciso segundo de la Ley.

En torno a este artículo de la Ley, que exime a los trabajadores del derecho a la jornada laboral, la nueva normativa restringe de manera significativa las labores que quedan exceptuadas de jornada (labores de alta gerencia y quienes trabajen sin fiscalización inmediata según la naturaleza de sus funciones), otorgándole a todas las personas el derecho a tener una cantidad máxima de horas trabajadas.

Asimismo, en las empresas que opten por aplicar la jornada de 40 horas semanales se podrán acordar, entre las partes, la distribución de jornadas laborales de 4×3.

Otro punto importante es que la reducción de la jornada no implica en ninguna circunstancia una disminución de los sueldos de los trabajadores.

Ante cualquier duda, denuncia o reclamo, tanto los trabajadores/as como lo empleadores/as podrán acercarse a la Dirección del Trabajo o a sus inspecciones regionales, provinciales o comunales en el país.