La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y la Asociación Chilena de Municipalidades trabajarán juntas para capacitar a funcionarios y acercar herramientas de apoyo a vecinos, micro y pequeños empresarios.

Un importante acuerdo para fortalecer la educación financiera y entregar apoyo directo a personas y emprendedores que enfrentan dificultades económicas fue firmado entre la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

El convenio permitirá capacitar a funcionarios municipales de todo el país, quienes serán los encargados de orientar a vecinos, microempresarios y organizaciones locales sobre los procedimientos y beneficios que ofrece la Ley N.º 21.563, la cual actualiza y simplifica los procesos de insolvencia y reemprendimiento en Chile.

Entre las acciones comprometidas se incluyen talleres y capacitaciones a funcionarios municipales de áreas como desarrollo comunitario, recursos humanos y unidades jurídicas; además de campañas de difusión para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y alternativas frente a situaciones de endeudamiento o quiebra.

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez, destacó que esta alianza busca acercar la información a las comunidades.
“Este convenio refuerza nuestro compromiso con las personas y emprendedores de todo Chile. A través del trabajo con los municipios y la Asociación Chilena de Municipalidades, podremos llegar a más comunidades con información clara, oportuna y útil sobre los procedimientos de insolvencia y las alternativas de reemprendimiento que ofrece la ley. Queremos que nadie enfrente solo sus dificultades financieras”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri Bascuñán, enfatizó el rol de los municipios en esta tarea.
“Los municipios somos la primera puerta de entrada del Estado para miles de chilenos y chilenas. Este convenio nos permitirá fortalecer nuestras capacidades y entregar un mejor acompañamiento a las personas, especialmente a emprendedores y familias que enfrentan dificultades económicas. Trabajando junto a la Superintendencia, buscamos que cada comuna cuente con herramientas concretas para promover la educación financiera y el reemprendimiento”, afirmó.

El acuerdo, que fue firmado en dependencias de la Superintendencia, también contempla la participación conjunta en ferias, encuentros y actividades municipales a lo largo del país, buscando acercar la información a la ciudadanía de manera simple y práctica.

Con este convenio, se espera que más personas puedan acceder a orientación profesional y soluciones legales ante la insolvencia, y que los municipios se transformen en un canal efectivo para fomentar la educación financiera y el reemprendimiento local.

El 31 de marzo pasado se cumplió el plazo establecido por la Ley N° 21.534 entrando así en vigencia la norma que establece estándares para la publicidad de las sesiones de concejos municipales y regionales. Estas instituciones deben publicar las grabaciones en un plazo máximo de 72 horas desde su celebración, y mantenerlas disponibles por un mínimo de 3 años.

Tras una serie de polémicas vinculadas a proyectos discutidos en concejos municipales y que involucran altas cifras de recursos públicos, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, destacó la iniciativa que implica modificaciones legales y que obliga a dar publicidad a las sesiones de los concejos municipales y consejos regionales. Al respecto comentó: “puede ayudar de manera concreta al control social, a la vigilancia ciudadana; la gente puede ver claramente qué ocurre en el marco de debates y decisiones que definen el destino de importantes montos de dineros públicos”.

“Una de las cuestiones que establece esta ley –explicó el titular del CPLT- es que las sesiones públicas del Consejo Regional deben ser transmitidas por cualquier medio electrónico, deben grabarse y publicarse en la página web institucional o en otras plataformas y los plazos que hay para hacerlo”. Otro cambio apunta a la publicidad que tiene que darse a las sesiones de concejo municipal, que también deben transmitirse y grabarse, publicando dichos registros en las web de los municipios u otras plataformas destinadas para este fin.

Asimismo, se establecen obligaciones en materia de plazos para publicar las grabaciones, con un máximo de 72 horas desde que se celebra la sesión, así como mantenerlas disponibles a través de internet –en la web institucional o en otra plataforma de acceso abierto- a lo menos por tres años.

¿Cómo ha sido el comportamiento de los municipios en esta materia?

Sobre la publicidad de acuerdos, actas y sesiones de los concejos municipales, el Consejo para la Transparencia realizó una revisión exploratoria en 2022, que permitió establecer, entre otras cuestiones, los altos niveles de publicación en los sitios web de municipios del país de las actas de concejo, con un 93% de cumplimiento en materia de publicidad de los acuerdos, actas y sesiones de los concejos.

Sin embargo, señalan desde el Consejo, “es complejo el acceso a la información derivado de la escasa uniformidad de las secciones en las que se publica, tampoco hay estándares de actualización”. Y agrega Leturia que: “sin perjuicio de que a partir de la ley vigente no podemos hablar de infracciones o incumplimientos sobre transparencia activa, al menos en 22 municipalidades (6% del total) no estaba disponible o actualizada”.

A partir de la obligatoriedad de publicar estos documentos, una vez realizada cada sesión, el CPLT en esta primera revisión buscó determinar si este tipo de antecedentes se mantienen disponibles y “con información actualizada para cualquier persona que quiera revisar qué temas se trataron, detalles de votaciones u otra información que se trata en sus sesiones ordinarias y extraordinarias”, explicó el presidente del CPLT.

Asimismo, el titular del Consejo detalló que en el caso de estas actas, “se trata de documentos públicos cuya publicidad establece la norma la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y no de forma explícita la norma de Transparencia, pero como criterio del Consejo hemos establecido que como se trata de órganos de la Administración Central, estos documentos son actos administrativos y en ellos constan acuerdos, razonamientos o procesos de toma de decisión que tienen ser publicados en la web porque creemos que deben ser públicos y conocidos por los vecinos”.

¿Cada cuánto y para qué sesionan?

Los concejos municipales –acorde a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, deben reunirse en instancias de carácter pública. En el caso de las sesiones ordinarias, por lo menos tres veces por mes, abordan materias propias de su competencia como por ejemplo análisis o aprobación de proyectos, revisión de presupuestos y licitaciones, entre otros. En el caso de las extraordinarias, dichas reuniones son convocadas por el alcalde o alcaldesa o por un tercio de las y los concejales en ejercicio, y por temas específicos.

Como Asociación Chilena de Municipalidades,  saludamos y felicitamos la organización de este evento eleccionario. A los funcionarios municipales,  a las Fuerzas Armadas y de Orden, a los vocales de mesas, al voluntariado y a todos quienes permitieron tener otra  jornada ejemplar en la historia del país. Como autoridades comunales acompañamos este proceso con el optimismo y la convicción de un Chile mejor, y comprendemos que estos resultados no deben ser arrogados por nadie más que por el pueblo chileno, que demostró sus ansias de ser escuchado y de tomar un protagonismo mayor en pos de un mejor vivir.

Hoy recordamos que hace exactamente un año, estábamos convocando a una Asamblea Nacional de Alcaldes que daría lugar a la Consulta Nacional Municipal, realizada  diciembre de 2019, iniciativa que germinó en un momento muy complejo para el país y sus autoridades. Ni el Ejecutivo ni el Congreso lograban resolver la grave crisis política y social abierta el 18 de octubre, en que miles de ciudadanos se volcaron a las calles para demandar el fin de los abusos y la obtención de derechos largamente postergados. Días también en que la violencia mostró su peor cara, expresada en incendios, saqueos, ataques entre civiles y violaciones a los DDHH.

Esa realidad -vivida en carne propia por nuestros vecinos y vecinas- fue rápidamente captada por las autoridades locales, quienes a través de nuestra Asociación reaccionaron de inmediato, y fue así como nuestro Directorio resolvió devolver a los vecinos y vecinas de sus comunas el poder de decidir qué hacer e indicarnos cuáles eran los caminos para resolver la crisis, por medio de los canales democráticos que permite nuestro sistema jurídico. Es así que el 7 de noviembre de 2019 -en la comuna de La Granja-  la Asamblea Nacional de Alcaldes mandató al Directorio de la ACHM y a su presidente, en ese entonces, alcalde German Codina, consultar a la ciudadanía acerca de la necesidad o no de elaborar una nueva Constitución Política, además de establecer prioridades en materia de demandas sociales y otras consultas de carácter local definidas por cada municipio.

Finalmente esta consulta se realizó el día 15 de diciembre en 220 comunas, con la participación de casi  2.5 millones de personas. Los resultados se conocieron esa misma noche y coinciden mucho a los de este domingo recién pasado. Además, se fijaron como prioridades sociales a nivel nacional las pensiones,  la salud y educación pública. Es por lo que los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de Chile no podemos sino sentir orgullo por ser parte fundamental de esta construcción de un país mejor a través de canales democráticos. Marcamos un rumbo que nos señaló la ciudadanía.

Por todo ello,  una vez constituida la Convención Constitucional entregaremos a ese órgano los resultados pormenorizados de aquella Consulta Municipal en las materias sociales que fueron consultadas, esperando que ellas  se transformen también en un insumo para los y las constituyentes electos. Así cerraremos un proceso del cual estamos satisfechos y contentos.

Ahora viene una etapa distinta. Un nuevo camino, complejo y desafiante, en el que  se deberá nutrir  a la nueva Constitución del contenido que la ciudadanía demanda. Como ACHM queremos continuar siendo actores relevantes de esta nueva construcción. Especialmente, nuestro aporte debe ser en los temas que más se repiten en los territorios que representamos: la creación de un país cada vez menos centralista, y en donde la descentralización, la autonomía local y la participación ciudadana ya no sean solamente  anhelos o discursos, sino una realidad permanente en la construcción política de Chile. De esta forma el Estado y sus servicios podrán acercarse realmente a la ciudadanía. Territorios y localidades deben ser capaces de desarrollarse en todas las dimensiones necesarias para que cada uno pueda vivir una calidad de vida digna y plena. Sabemos que hoy la ciudadanía valora más a los municipios que a otras instituciones del Estado por esta capacidad de estar más cerca, empatizar y ser parte de la comunidad. Por lo mismo, demandamos ser verdaderos gobiernos locales, con mayor autonomía y capacidad de decisión en cada comuna. Este contenido será una prioridad para nuestra Asociación en el proceso que se inició el 25 de octubre.

Si fue la ciudadanía la que impulsó este proceso de cambios profundos en el país, entonces  su presencia  debe estar garantizada en las diversas  etapas del proceso constituyente. Reiteramos en la necesidad de escuchar y desarrollar un proceso pedagógico en que todos aprendamos a construir acuerdos, a superar la intolerancia y pensar primero en el bien común, como horizonte de nuestra vida en comunidad.

Por lo mismo anunciamos que la ACHM -mientras dure el proceso constituyente- se mantendrá en estado de cabildo permanente, convocando y liderando un proceso inserto en la misión que tenemos en la sociedad: alcanzar un consenso democrático respecto de los lineamientos básicos que deben ser incluidos en la nueva Constitución acerca de la descentralización y el desarrollo local.  Para ello crearemos una red de diálogo con el apoyo de académicos, universidades, expertos, líderes de opinión y de la sociedad civil. De todos los sectores y corrientes de pensamiento, para poder consensuar y elaborar las propuestas necesarias para su discusión en la Convención Constitucional. Hacemos un llamado a enriquecer el encuentro de todos los sectores, trabajar juntos y unidos, disminuir las distancias y desconfianzas, de manera que todo chileno se sienta integrado en el proceso iniciado este 25 de octubre de 2020.

Chile ha iniciado un nuevo camino, y en él  los municipios -como en toda la historia del país-seremos compañía y actor, con fuerza, convicción y energía.