La iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, apunta a disminuir las brechas en el acceso y calidad del suministro eléctrico en zonas aisladas, y propone que los sistemas medianos de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes se sumen a la transición energética.

De manera unánime, la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó en general y particular el proyecto de ley que busca perfeccionar la normativa de los sistemas medianos existentes en la región de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Así lo confirmó el seremi de Energía, Claudio Pareja. “Estamos muy contentos de que la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobara el proyecto de ley para los sistemas medianos y aislados del país. Esto es particularmente importante para la Región de los Lagos, pues tenemos muchos sistemas aislados en Palena y Chiloé, lo que permitirá -a través de este proyecto- disminuir sus tarifas y mejorar su calidad, así como incorporar nuevas energías más renovables para la generación de estas localidades. Es importante recordar que este proyecto fue presentado en este Gobierno y esperamos que pueda aprobarse rápidamente”.

La autoridad regional explicó que el proyecto de ley tiene por objetivo modernizar y ajustar la regulación introducida en el año 2004 por la ley N° 19.940, realizando los cambios necesarios, para que, sin dejar de reconocer las características propias y especificidades de estos sistemas, su nueva regulación les permita sumarse eficazmente a la transición energética y a la mayor promoción de las energías renovables no convencionales.

La iniciativa se fundamenta en 4 ejes. En primer lugar, está el eje de definición y categorización de los sistemas medianos y aislados, que deja de lado el criterio único de capacidad instalada de generación. Otro eje busca actualizar el procedimiento de planificación, que busca propender al desarrollo de las inversiones, considerando la incorporación de energías renovables y almacenamiento.

En tercer lugar, se encuentra el eje de ajustes en la tarificación de los sistemas medianos, extendiendo los mecanismos de equidad existentes, permitiendo el desarrollo económico de las regiones involucradas. Asimismo, el proyecto busca incentivar la incorporación de proyectos renovables en los Sistemas Medianos, de forma tal que empresas transmisoras y distribuidoras permitan el acceso a nuevos proyectos que se conecten por líneas propias o de terceros.

Actualmente, más de 10 mil familias de todo el país pertenecen a un sistema aislado, incluyendo la Región de Los Lagos.

El proyecto, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, ahora será analizado en la Comisión de Hacienda del Senado.

Junto a miembros de la Bancada UDI, el diputado por el Distrito 26, Fernando Bórquez, ingresó esta semana un proyecto de ley que busca modificar el orden que debe observar el juez al momento de dictar sentencia y determinar el destino de los bienes decomiso por la Ley 20.000. Lo anterior, atendiendo a las necesidades actuales del país, donde a juicio del legislador es “imprescindible que los bienes decomisados en actividades delictivas se destinen principalmente al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad”.

“En concreto”, explicó Bórquez, “la idea apunta a generar los incentivos para luchar de forma efectiva contra el crimen organizado y otros delitos graves. La asignación de nuevos recursos a las fuerzas policiales permite la adquisición de equipos, tecnología avanzada y la realización de entrenamientos especializados, lo cual incrementa la capacidad operativa de las policías para enfrentar el crimen organizado y otros delitos graves”.

Explicando que “La redistribución de recursos ilícitos permite reinvertir en las comunidades más afectadas por el crimen, promoviendo programas de prevención del delito y de rehabilitación, lo que puede reducir la incidencia de actividades delictivas a largo plazo”, afirmó Bórquez.

En ese sentido, el representante del Distrito 26 aseguró que la disposición de recursos financieros también puede “facilitar la cooperación internacional en investigaciones y operaciones conjuntas contra el crimen transnacional, tal como se promueve en las convenciones internacionales ratificadas por Chile y que se encuentran vigentes”.

En la misma línea, el uso de los fondos decomisados para financiar operaciones policiales representa una estrategia financiera eficaz que permite al Estado aliviar la carga económica asociada a la lucha contra el crimen.

Por ello, Bórquez subrayó que al canalizar estos recursos directamente hacia las actividades policiales, se logra un doble propósito: no solo se incrementa la capacidad operativa de las fuerzas del orden, sino que también se liberan fondos públicos que pueden ser reorientados hacia otros sectores cruciales para el bienestar general de la sociedad.

“Este enfoque permite una gestión más eficiente de los recursos del Estado, asegurando que se puedan atender otras áreas prioritarias como la educación, la salud y los servicios sociales, que son fundamentales para el desarrollo y la seguridad de la comunidad en su totalidad”, cerró el diputado Bórquez

Un muy interesante encuentro se llevó a cabo en el seminario virtual de Pro Salud Chile, “Análisis del Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial y sus alcances en Salud”, que reunió a destacados especialistas en la materia para explicar en detalle el proyecto de ley que regula el uso de tecnologías con base en I.A. enviado al Congreso Nacional en mayo de 2024 y cómo impacta en el sector salud, haciendo un paralelo con la Ley de I.A. de la Unión Europea (UE), texto en el cual se inspira la normativa nacional que se tramita en el parlamento.

El concurrido encuentro reunió a los expositores Marcos López Oneto, abogado especialista en Inteligencia Artificial y la Dra. Vicenta Tasa, académica de derecho constitucional de la Universitat de Valencia en España, a quienes se les sumó el Dr. José Fernández, presidente de Pro Salud Chile y gerente general de Rayen Salud, en el panel de conversación moderado por Jean-Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de Pro Salud Chile.

Marcos López Oneto se refirió a los principales elementos que contempla el proyecto de ley enviado al Congreso, haciendo énfasis en sus antecedentes generales, objetivos, ámbito de aplicación, principios rectores, enfoques y sistemas de riesgo, gobernanza,  fiscalización, infracciones,  sanciones, responsabilidad civil, confidencialidad, apoyo a la Innovación, entre otros.

Si bien el experto destaca la Política Nacional de Inteligencia Artificial publicada en 2021 como uno de los principales antecedentes del proyecto de ley, establece con claridad que la gran fuente inspiradora es, sin lugar a dudas, la Ley de Inteligencia artificial promulgada por la Unión Europea.

“El objetivo de la ley es promover la creación, desarrollo, Innovación e implementación de sistemas de Inteligencia artificial al servicio del ser humano, es decir, siendo respetuosa de los principios democráticos del estado y de los derechos fundamentales de las personas. Este proyecto apunta a generar una regulación de la Inteligencia Artificial en base a un enfoque de riesgo, lo que es muy significativo y se inspira en un 95% en la Ley de I.A. de la Unión Europea que habla de riesgos inaceptables, de sistemas de I.A. que están prohibidos y de riesgos altos, limitados y mínimos”, señaló López Oneto.

Datos, el “oro” de la Inteligencia Artificial

También relevó, entre los principios del proyecto de ley, la importancia de la supervisión,  intervención y control humano, más allá de la autonomía que pueda tener esta tecnología, además de ser transparente, explicable y tener solidez y seguridad técnica para minimizar al máximo los errores. “El oro y la materia prima de la Inteligencia Artificial son los datos y  por consiguiente, debe existir un sistema riguroso de privacidad y gobernanza de datos que proteja la información de las personas”.

Respecto de la Salud, Marcos López Oneto señaló que “se estima que para 2030 el mercado de la I.A. en salud alcance los 187,000 millones de dólares, por consiguiente es esperable un desarrollo explosivo y más complejo de la industria de la salud en áreas como detección y diagnóstico de enfermedades, tratamiento personalizado de enfermedades, genética médica, I.A. en imágenes médicas, eficiencia de los ensayos clínicos, desarrollo acelerado de fármacos, administración y logística de salud pública y privada y educación médica”.

Desde este punto de vista, adelantó que la I.A. debiera dar marco para la llamada  “Medicina 4p”, es decir, medicina preventiva, participativa, predictiva y personalizada, mejorando la eficiencia en todos los niveles,

“Lo mejor del proyecto -concluyó el experto-, es su enfoque preventivo, siguiendo los lineamientos de la ley de I.A. en la UE, pero lo contradictorio es que, pese a señalar que su intención es promover el desarrollo de la I.A., no contiene ningún incentivo económico para tales efectos, un asunto crítico, especialmente en Chile, donde se requiere un compromiso real del estado”.

Por su parte, la Dra. Vicenta Tasa, académica de la Universitat de Valencia, entregó importantes definiciones respecto de esta tecnología e hizo el paralelo con la Ley europea y su impacto en salud.

La especialista advirtió que “hay que tener muy presentes los avances en I.A. son más rápidos que la capacidad de adaptación de la sociedad y esto abre un campo hacia una crisis de adaptación y errores de empresas y servicios públicos”.

En este sentido, la académica sostuvo que la ley de la UE, que inspira al proyecto chileno, “garantiza que los europeos y los chilenos puedan confiar en lo que la I.A. tiene para ofrecerles y necesita que sea una ley la que regule, porque aborda los riesgos, prohíbe las prácticas con riesgos inaceptables y define obligaciones específicas para los implementadores y proveedores de estas tecnologías. Esta ley regula en base a sus riesgos, cuanto mayor sea el riesgo más estrictas serán las normas”.

Ley de I.A. en Europa: Derechos fundamentales y de la salud

La doctora Tasa recalcó cinco claves de la ley de I.A en la UE: “Regula la comercialización y el uso de los sistemas de I.A. en la Unión Europea, busca promover la adopción y el desarrollo de la Inteligencia artificial a través de la innovación, mitigando los riesgos que un mal uso de esta tecnología pueda suponer para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, además, prohíbe prácticas consideradas de riesgo inaceptable para los ciudadanos y para la sociedad. Centra la regulación en los sistemas de I.A. que considera de alto riesgo y exige transparencia con respecto a los contenidos creados o manipulados con herramientas de I.A.”

“Una de las principales intenciones de la ley europea -asegura Vicenta Tasa-, es la protección de los derechos fundamentales y de la salud, con diferentes normas para diferentes niveles de riesgos. La I.A. plantea desafíos importantes para los servicios públicos y empresas dedicadas a la salud, implica invertir en conocimientos de los sistemas normativos ligados a la I.A., contar con principios éticos sólidos y un asesoramiento adecuado,  formación de profesionales de la salud, compra o desarrollo de sistemas de I.A. lo que supone mucha inversión estratégica y costos inmediatos”.

La experta asegura que la I.A. permitirá mejoras sustanciales en la Salud en áreas como la investigación médica, precisión y la rapidez de diagnósticos, en las prescripciones médicas, reducción de los errores y mejora de la gestión de las empresas y los servicios médicos.

“La I.A. -complementó la académica-, es una oportunidad para aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión de los servicios de salud pública y privada, pero para que esto sea posible hay que hacer frente a los desafíos y riesgos que conlleva esta tecnología, entre ellos los desafíos éticos. En todas las dimensiones del sector salud deberá producirse una reflexión sólida sobre las consideraciones éticas del uso en salud de la I.A. y códigos de conducta e instituciones claras que resuelvan las dudas ante las situaciones éticamente complejas que se produzcan con su uso”.

En su calidad de presidente de Pro Salud Chile y como experto en la materia a través de Rayen Salud, el Dr. José Fernández apuntó que “estamos mirando con mucha atención lo que ocurre en Europa con la Ley de Inteligencia Artificial aprobada por la Unión Europea para saber cuáles serán los efectos que tendrá en la comunidad económica de ese continente. Estamos mirando todos los espacios en donde esta tecnología disruptiva empieza a tomar forma. Nosotros entendemos que la tecnología debe estar disponible y en uso para mejorar las condiciones de vida de todas las personas y como nuestra motivación principal está en la Salud, entendemos que la I.A. tiene grandes desafíos para proteger,  promover y mejorar lo que hacemos desde el campo de la salud”

“Agregó que “si bien existe una cierta incertidumbre sobre lo que va a suceder con este tema, nos entrega tranquilidad ver que los diferentes gobiernos de Chile han ido tomando este desafío, ya que efectivamente existe una política nacional al respecto. Además, la pandemia fue un habilitador de muchas tecnologías que tuvimos que comenzar a usar. Uno de los riesgos que veo es que, por un lado, se intenta aportar desde el desarrollo de I.A. ética, pero por otro, no se promueve la inversión en este tipo de tecnologías porque no hay fondos para aquello, entonces hay un riesgo de que promulguemos leyes que sean difíciles de aplicar por la falta de avances legislativos y hablar de ética en ellos “, sostuvo José Fernández.

El vicepresidente ejecutivo de Pro Salud Chile, Jean-Jacques Duhart, concluyó el seminario afirmando que “estamos en las primeras etapas, no solamente en materia de iniciativas legales, sino también respecto de una discusión que debe haber en la sociedad sobre las distintas implicancias que esto tiene a nivel local y global, por lo que es muy probable es que haya que tener una discusión mucho más completa y donde este proyecto de ley viene a ser parte de los cimientos de esta construcción, más allá de estar inspirada en la normativa europea y de esta manera lograr definiciones legislativas regulatorias con todos los elementos que se requieren, como gobernanza y capacidades para implementar en la práctica esta iniciativa, dar seguimiento y fiscalizar y cómo estimular el desarrollo de estas herramientas de I.A. que parece ser el elemento menos promocionado en estos marcos legales”.

“Esta es una discusión –añadió Jean-Jacques Duhart-, que como Pro salud Chile nos parece de mucha importancia; el ser capaces de lograr un buen balance entre estimular la innovación teniendo como norte el beneficio para las personas y la sociedad, y los recaudos que hay que tener en torno a la protección de la privacidad y el uso ético de las soluciones”.

Con la participación del ministro de Energía, Diego Pardow, y el subsecretario de la cartera, Luis Felipe Ramos, la Comisión de Zonas Extremas y la Antártica Chilena de la Cámara de Diputados y Diputadas comenzó la tramitación del proyecto de ley que moderniza la Ley General de Servicios Eléctricos y regula los sistemas medianos, impulsado por el Ejecutivo.

Durante la primera discusión del proyecto, el ministro Pardow destacó el impacto que tiene esta iniciativa en la población de las regiones más australes del país, y señaló que “el proyecto que perfecciona los sistemas medianos contempla una serie de cambios regulatorios para resolver los problemas que enfrentan los clientes eléctricos en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.  Con esta iniciativa, se busca que familias e industrias tengan un mejor acceso a la energía y con mayor equidad tarifaria, permitiendo transformar a la electricidad en un motor para el desarrollo de estos territorios que mejore la calidad de vida de sus habitantes”.

Por su parte, el subsecretario Ramos se refirió a la importancia que tiene este proyecto para la estrategia de descarbonización de la cartera, y afirmó que “queremos que la energía sea más accesible, que tenga mejores condiciones, con un régimen tarifario más justo y que se incorpore a los sistemas medianos a nuestra política de transición energética, para así lograr la meta de carbono neutralidad al año 2050”.

Luego de las intervenciones de las autoridades, la presidenta de la comisión, la diputada Marcia Raphael, destacó el proyecto y señaló que “se trata de una iniciativa que reconoce la postergación histórica de la región de Aysén y que va en directo auxilio de sus habitantes, en tanto diversifica la matriz energética y reduce las tarifas por dicho servicio”.

CONTENIDOS DEL PROYECTO

El proyecto de ley que modifica la actual regulación de los Sistemas Medianos tiene por objetivo modernizar y ajustar la regulación introducida en el año 2004 por la ley N° 19.940 (Ley Corta I), realizando los cambios necesarios, para que, sin dejar de reconocer las características propias y especificidades de estos sistemas, su nueva regulación les permita sumarse eficazmente a la transición energética y a la mayor promoción de las energías renovables no convencionales en el contexto actual.

De esta manera, la iniciativa se fundamenta en cuatro (4) ejes. En primer lugar, está el eje de definición y categorización de los sistemas medianos y aislados, que deja de lado el criterio único de capacidad instalada de generación, que no refleja adecuadamente la diversidad y especificidades de las áreas donde operan estos sistemas.

En segundo lugar, el eje de actualización del procedimiento de planificación, que busca propender al desarrollo de las inversiones, considerando -además de las variables de eficiencia y seguridad actuales- la incorporación de energías renovables y almacenamiento. Luego, se encuentra el eje de ajustes en la tarificación de los sistemas medianos, que persigue extender los mecanismos de equidad existentes, permitiendo el desarrollo económico de las regiones involucradas.

Finalmente, el eje de participación ciudadana. El proyecto de ley incentiva la incorporación de proyectos renovables en los Sistemas Medianos, mediante la especificación del principio de acceso abierto, para que las empresas transmisoras y distribuidoras permitan este acceso a nuevos proyectos que se conecten por líneas propias o de terceros. Asimismo, se fomentan aquellas obras de planes de expansión que incorporan generación renovable en las siguientes fijaciones tarifarias.

Con el comienzo de la discusión en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena en la Cámara de Diputados, se espera que se citen a actores relevantes del sector público, privado y sociedad civil, para luego avanzar en la presentación de indicaciones

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó  al Senado el proyecto de ley de Reactivación del Turismo y de Fomento a la Industria Audiovisual  (Boletín N°16817-05) por 122 votos a favor y dos en contra. Esta iniciativa legal —ingresada a  tramitación el 8 de mayo y que forma parte tanto del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la  Responsabilidad Fiscal como del fast track concordado con el Congreso para agilizar la tramitación de  21 proyectos de ley— busca fomentar el desarrollo sostenible a largo plazo de esta actividad dado su  efecto multiplicador en la economía y aumentar el ingreso de turistas extranjeros en al menos un  millón al año, para superar la contracción generada por la pandemia del Covid-19. 

Para ello, entre otras medidas, crea el Fondo de Promoción Turística Internacional con recursos que  duplicarán el actual aporte vía Ley de Presupuestos, totalizando US$20 millones anuales. Asimismo,  permitirá a turistas extranjeros solicitar devolución de IVA por compras de bienes que sean parte de  su equipaje para llevar fuera del país a través de pasos fronterizos autorizados. Por otra parte, con el  objetivo de promover al país en el extranjero, propone que las empresas no residentes que realicen  producciones audiovisuales en territorio nacional para ser emitidas en el extranjero accedan a  devolución del IVA por los servicios contratados en el país. 

La amplia mayoría de los diputados y diputadas valoró este proyecto como un paso significativo para  fomentar a este sector que abre oportunidades para el desarrollo regional; como un importante  generador de empleo, principalmente femenino; y que permite generar sinergias con otros rubros  como la agricultura, gastronomía, transporte, pesca y cultura. 

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó que este proyecto está en línea con otros que  apuntan a combatir la informalidad de las actividades económicas, como el de Cumplimiento  Tributario: “Acogiendo propuestas recogidas durante la tramitación del proyecto, se incluyen medidas  que fomentan la formalización del servicio de alojamientos turísticos, a fin de evitar la competencia  desleal con las empresas establecidas. Por ejemplo, para eliminar barreras de acceso a las pymes se  permitió que la emisión de la factura de exportación por hospedaje a turistas no residentes sea en  moneda nacional y no sólo en moneda extranjera. Además, las plataformas de intermediación digital  deberán informar al Servicio de Impuestos Internos respecto de todas las transacciones de hospedaje  que intermedien”. 

Para la Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, la aprobación de este proyecto “es un paso  fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, para las economías locales y para poder

hacer de Chile un polo turístico más atractivo, que no solo atraerá un millón de turistas cada año, sino  que también podrá generar una nueva rama de turismo y eso es el turismo de locaciones, en la medida  que producciones audiovisuales del extranjero vean en Chile el potencial que tiene. Con este proyecto,  ganamos todos: ganan los chilenos, ganan los turistas, ganan las regiones, ganan los tour operadores,  los guías, los transportistas, también quienes trabajan en gastronomía. Ahora, esperamos que pueda  ser visto por el Senado prontamente para que Chile tenga una ley que permita entre muchas otras  cosas, un presupuesto de promoción internacional que nos hará no solo potenciar los lugares donde  ya trabajamos, sino también llegar a otros lugares del mundo”. finalizó. 

Financiamiento de los incentivos 

Para completar el financiamiento de todas las medidas que establece el proyecto, incluyendo el Fondo  de Promoción Turística Internacional, se propone la aplicación de una tasa de alojamiento a turistas  extranjeros de 1,25% sobre el precio por noche del servicio contratado (quienes actualmente gozan  de exención de IVA a diferencia de los turistas nacionales). 

El proyecto contempla también que los ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo  realicen una evaluación del efecto del Fondo de Promoción Turística Internacional en la atracción de  turistas extranjeros al país. Los resultados serán públicos y deberán presentarse a las comisiones de  Hacienda y Economía de la Cámara.

A un año del anuncio del Senado de que se aceleraría la discusión para contar con una ley que proteja a más de 1.500.000 de chilenos que sufren este tipo de patologías, el tema sigue sin avances concretos y recién se redactaron las indicaciones legislativas.

Gremios que agrupan a familias con pacientes que padecen estos problemas en conjunto con el Ministerio de Salud, realizarán el próximo 29 de febrero una Jornada nacional de educación y concientización par visibilizar este tema.

Como es habitual, cada 28 de febrero se conmemora a nivel mundial el día de las enfermedades poco frecuentes (EPOF), huérfanas o con diagnóstico complejo, cuyo objetivo es crear conciencia, educar y visibilizar una realidad que afecta en Chile a más de 1 millón 500 mil personas y a 300 millones en el mundo entero.

Sin embargo y pese al impacto que generan este tipo de patologías, el proyecto de ley sobre estas enfermedades sigue durmiendo en el Senado, pese a que el año pasado hubo un compromiso político de avanzar en este tema, para tener una ley a más tardar el próximo 01 de marzo.

Más aún, los gremios que agrupan a las familias de pacientes que sufren estos problemas, reconocen que hace muy poco se enteraron de que recién se redactaron las indicaciones del documento legislativo.

Según cuenta Alejandro Andrade, presidente de Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), “si bien en materia técnica, se ha avanzado muchísimo al interior del Ministerio de Salud, esto no ha sido igual en el ámbito político, donde hay un nulo avance hasta la fecha del proyecto de ley”.

Es por ello que la Oficina de Condiciones Crónicas y Complejas, que nace de una mesa conjunta entre la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes Chile (Fenpof), la Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes (Achap) y el Ministerio de Salud, llevarán a cabo una Jornada nacional de educación y concientización sobre enfermedades raras el próximo 29 de febrero, para visibilizar los pocos avances logrados en la construcción de una política pública pensada y planificada para consolidar un Plan Nacional que dé una respuesta real a estos problemas.

Para Víctor Rodríguez, presidente de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes (Fenpof), “las enfermedades poco frecuentes no es un tema masivo que atraiga la atención de la opinión pública, por eso no se le ha dado prioridad. De ahí la importancia de este evento para mostrar la realidad de miles de familias que luchamos día a día por mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren estas dolencias”, sostiene.

Hay que recordar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes y existen entre 5.000 y 7.000 patologías poco frecuentes que afectan entre un 6% y 8% de la población mundial. Alrededor del 70% de esas patologías son genéticas y comienzan en la infancia.

Y a nivel país, se estima que hay entre 2.000 y 3.000 tipos de enfermedades poco frecuentes. En la mayoría de los casos, estas patologías las sufren niños, incluso, infantes, lo que dificulta aún más la calidad de vida no solo de ellos, sino que también de sus familias, a lo cual se suma que el diagnóstico puede tardar más de un año.

Jornada de concientización

La jornada nacional de educación y concientización sobre las enfermedades poco frecuentes o huérfanas, busca visibilizar la necesidad del fortalecimiento de las competencias profesionales sobre la sospecha y manejo de estas patologías, conocer la
perspectiva histórica y avances en relación a las políticas públicas dirigidas a las Enfermedades Raras en Chile y revelar la importancia de la humanización en la atención de salud de personas diagnosticadas con enfermedades raras y sus familias.

La convocatoria es a profesionales del sistema público y privado, familias y personas con enfermedades poco frecuentes, agrupaciones de pacientes, representantes de la academia y autoridades.

El encuentro se realizará el próximo 29 de febrero en el Auditorio del Edificio Moneda Bicentenario, ubicado en Teatinos 92.

La comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó esta tarde, de forma unánime, el proyecto de ley presentado por el Gobierno que concilia la vida personal, familiar y laboral.

La iniciativa fue despachada desde el Senado el pasado 14 de noviembre y ahora, tras ser ratificada por la comisión de Trabajo de la Cámara, pasará a la Sala de la Corporación, en lo que es su segundo trámite constitucional.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró el respaldo de los parlamentarios al proyecto y señaló que “la mayor empleabilidad y participación laboral de las mujeres es uno de los desafíos más trascendentes en el mundo del trabajo, dada la cultura que impera en nuestro país, ya que las tareas de cuidado recaen principalmente en nosotras, por lo que es necesario que iniciativas como esta se legislen. En ese sentido, tanto la facultad del empleador como el derecho que le asiste a la persona cuidadora, quedan bien resguardados en esta ley”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, manifestó que “estimamos que cerca de dos millones de trabajadoras y trabajadores se beneficiarán de medidas como el feriado preferente o la modificación preferente de horarios, así como del teletrabajo cuando las funciones lo permitan. Esto, sin duda, mejorará la calidad de vida de las familias, y en particular la de las mujeres, dándole un impulso a su empleabilidad formal y autonomía económica”.

En septiembre del año pasado, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social impulsó la creación de una mesa técnica con el objeto de que organizaciones de la sociedad civil, académicos y representantes del sector privado y público, pudieran presentar propuestas sobre la materia. Posteriormente, el Presidente Gabriel Boric ratificó el compromiso del Gobierno con esta iniciativa en su última Cuenta Pública, en junio de este año.

El subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto con valorar la aprobación y respaldo, destacó el trabajo y la búsqueda de acuerdos que han acompañado el trámite legislativo, aseverando que “como Gobierno hemos impulsado un proyecto de ley que responde a la demanda de trabajadoras y trabajadores por conciliar su vida personal y familiar, el cual es fruto del esfuerzo, disposición y trabajo conjunto con los distintos actores, incluidos los empleadores”.

Así mismo, Boccardo enfatizó que la moción busca “entregar mayores herramientas de conciliación a las familias chilenas. Ya lo hicimos en la Ley 40 Horas en las bandas horarias que brindan mayores posibilidades de conciliar la vida personal, laboral y personal, y hoy día seguimos trabajando para que madres y padres de niños menores de 14 años o personas que tengan responsabilidades de cuidado, puedan ajustar sus vacaciones, sus sistemas de turnos y también acceder a las jornadas hibridas”.

Coordinación con parlamentarias

Más temprano, las ministras Jara y Orellana, acompañadas por el subsecretario Boccardo, se reunieron con un grupo de diputadas del oficialismo, con el objetivo de analizar los alcances de la iniciativa y tratar la tramitación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Las parlamentarias presentes fueron Daniela Cicardini, Karol Cariola, Marta González, Consuelo Veloso, Claudia Mix, Camila Musante, Emilia Schneider, María Acevedo, Lorena Pizarro, Daniela Serrano, Carolina Tello, Camila Rojas, María Francisca Bello, Catalina Pérez, Javiera Morales y Lorena Fries.

Contenido del proyecto

El proyecto de ley establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo, de modo que las o los trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal en esas modalidades en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita.

Quienes podrán acceder, de aprobarse la iniciativa, serán las o los trabajadores que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años, o que tenga a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de quien se cuida. Debe tratarse de labores de cuidados no remuneradas.

Por otro lado, el proyecto incorpora en el Título II del Libro II del Código del Trabajo los siguientes principios:

 Parentalidad positiva: Incluye las capacidades prácticas y funciones propias de las y los adultos responsables para cuidar, proteger, educar y asegurar el sano desarrollo de sus hijos e hijas.
 Corresponsabilidad Social: Comprende la promoción en la sociedad de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, especialmente de quienes trabajan y ejercen labores de cuidado no remunerado.
 Protección a la maternidad y paternidad: Busca promover la igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y hombres, preservando tanto la salud y bienestar de los niños y niñas como el de sus progenitores y progenitoras.

Además, la propuesta reconoce derechos laborales destinados a favorecer la conciliación de la vida familiar. Por ejemplo, el derecho al uso preferente del feriado legal, estableciendo que las y los trabajadores que tengan a su cuidado a un niño o niña menor de 14 años o un adolescente menor de 18 años con una discapacidad, tendrán derecho a solicitar el feriado legal durante el periodo de vacaciones establecido por el Ministerio de Educación, debiendo analizar su solicitud en forma preferente a aquellas personas sin estas responsabilidades.

De igual modo, reconoce el derecho a solicitar ajustes de sistema de turnos. Es decir, las y los trabajadores que se encuentran en los presupuestos descritos tienen el derecho, durante el período de vacaciones definido por el Ministerio de Educación y cuando la naturaleza de las funciones lo permita, a solicitar que se modifiquen transitoriamente turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal para conciliar el trabajo con las necesidades de cuidado durante dichos periodos.

Con todo, en ambas situaciones las o los trabajadores deberán acreditar que son cuidadores de personas causantes del derecho. Por ejemplo, mediante certificados de nacimiento del niño o niña; de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad; o de registro de cuidador de una persona en situación de dependencia o severa.

Ley Karin a tercer trámite

Por otro lado, la Sala del Senado aprobó la tarde de este martes el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, más conocida como Ley Karin, por lo que avanzó a su tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados y Diputadas.

El Ejecutivo patrocinó la iniciativa surgida de la moción parlamentaria de la diputada Erika Olivera y presentó indicaciones a la misma, ampliando su alcance con diversas medidas para la erradicación del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, tanto en el sector privado como en el público.

Entre otras medidas de adecuación relacionadas a los lineamientos del Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo, se establecen, como obligación de las empresas y de los órganos del Estado, un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo que estaba ausente en la regulación. Además, se avanzó en el perfeccionamiento de los procesos de investigación del acoso sexual y se incorporaron a la regulación las conductas de acoso laboral y la violencia en el trabajo.

Al mismo tiempo, con las modificaciones realizadas por el Gobierno se refuerza el rol de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Contraloría General de la República en los correspondientes procedimientos de investigación, con el objetivo de dar garantías a los y las denunciantes.