Según la CMF, los montos asociados a estos ilícitos superaron los $244 mil millones en 2023, casi el doble que el año anterior.

De acuerdo a las cifras oficiales dadas a conocer por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se evidenció que la suplantación de identidad, el autofraude y el robo o hurto de tarjetas de crédito y débito son los tres ilícitos más comunes en la banca, aumentado, en total, un 140% en 2023 en relación al 2022, dando cuenta que las pérdidas asociadas a fraudes externos llegaron a $244.396 millones el año pasado.

Eduardo Hernández, Gerente Legal de ALTO Chile, empresa especializada en la disminución de delitos, explicó que “como sabemos, los casos de fraude bancario comenzaron a aumentar paulatinamente desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.234 que en el mes mayo del 2020 modificó la Ley Nº20.009, limitando la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas”.

No obstante, con el proyecto de ley que regula el sobreendeudamiento ya aprobado y despachado recientemente por el Congreso, entre otras materias, se modificarán las exigencias para los usuarios que buscan desconocer operaciones transaccionales justificadas por fraude u otro delito establecido en la ley. Así, la principal medida disuasiva para combatir el autofraude -comprendida en el texto aprobado-, exige al usuario efectuar la denuncia por el delito del que ha sido víctima y acompañar el comprobante de esta dentro del plazo de 5 días, con el que cuenta la institución bancaria para materializar la devolución del monto correspondiente a la operación desconocida.

Hernández agrega que, si bien existe la posibilidad de activar de forma complementaria una persecución penal dirigida en contra del autor del autofraude, esta no estará ajena de complejidades Desde su mirada experta es “absolutamente necesario contar con un equipo especializado en casos complejos, que además cuente con el apoyo de tecnología basada en la analítica de datos. Esto permite maximizar el volumen de la muestra de las operaciones transaccionales desconocidas por los usuarios enriqueciendo la base de datos e identificar patrones de conducta que permitan desplegar acciones judiciales focalizadas con el propósito de aumentar las tasas de éxito de resultados legales”.

Por último, explicó que cada institución requiere acciones específicas y diseñadas a la medida para perseguir estos delitos y que el éxito de estas permite desincentivar la comisión de nuevos fraudes.

El gremio mitilicultor hace un llamado a informarse sobre los delitos que afectan a la propiedad privada, a denunciar malas prácticas y a devolver los elementos hallados o habidos informalmente.

La Asociación Gremial de Mitilicultores de Chile, AmiChile, hizo un llamado a denunciar malas prácticas que involucran, sobre todo, al hurto y/o robo de boyas, lo que desencadena en la venta ilegal de este material.

El hurto y/o robo de elementos de flotación, se ha convertido en una situación recurrente desde hace ya varios años. Esto se genera debido a que, en su mayoría, los actos no son denunciados por las víctimas, pues sienten que no reciben el apoyo necesario.

Es por eso que desde AmiChile: “Hacemos un llamado a la comunidad en general a denunciar estas malas prácticas cuando sean testigos o tomen conocimiento de ello y a los mismos mitilicultores a informar dichos ilícitos cuando sean víctimas. Con esto, buscamos ordenarnos y regularizar estas situaciones, con el fin de que no se vea perjudicado el sector por falta de probidad y ética respecto al tema”, señaló Yohana González, Gerente General de AmiChile.

Y añadió: “Es necesario que los mitilicultores marquen sus boyas y que las mantengan bien resguardadas, para evitar estos escenarios, pero también para impedir que este material se convierta en un residuo que esté presente en el borde costero”.

Cabe señalar que, si alguna persona adquiere de forma irregular elementos sin denominación de origen, arriesga ser condenado como autor del delito de receptación, lo que implica que puede sufrir la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 5 a 100 UTM.

Además, si alguien ve que esto ocurre debe dar cuenta a las autoridades competentes, es decir, a la Armada de Chile. Para ello, debe acudir a la Capitanía de Puerto del lugar en donde haya ocurrido el ilícito y hacer la denuncia correspondiente.