El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, asistió a la sesión y destacó que esta norma constituye un avance significativo en la protección de un sector altamente expuesto al riesgo y esencial para actividades económicas como la salmonicultura y la pesca artesanal. La iniciativa, tramitada a partir del diálogo social y la participación activa de sindicatos y parlamentarios, reconoce la labor profesional del buceo e incorpora medidas estructurales de seguridad laboral.

“Hoy se aprueba una iniciativa emblemática para nuestro Gobierno y para los trabajadores del país. Este proyecto responde a una demanda histórica de los sindicatos de buzos, quienes han enfrentado por años condiciones de riesgo y accidentes que no podíamos seguir permitiendo. Esta ley reconoce formalmente un contrato especial que recoge las particularidades del sector y establece reglas claras en materia de seguridad y salud laboral”, destacó el ministro Boccardo

Asimismo, el secretario de Estado relevó el proyecto y su impacto en la protección laboral del sector: “Estamos dando una señal contundente como Estado: la labor que realizan las y los buzos es fundamental para la economía nacional y merece estándares acordes a su nivel de riesgo. Con el registro nacional, mayores exigencias en salud, mejor acceso a cámaras hiperbáricas y nuevas herramientas de fiscalización, esperamos reducir la accidentabilidad y fortalecer un rubro que había sido postergado durante demasiado tiempo”.

“La aprobación de esta ley es especialmente significativo para la región de Los Lagos, donde se concentra una de las mayores comunidades de buzos del país y donde la actividad acuícola y pesquera es parte esencial de nuestra economía. Esta norma responde a una demanda histórica y entrega herramientas concretas para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones laborales de un sector altamente expuesto al riesgo.

Además, desde la región de Los Lagos—donde fue presentada esta iniciativa en Puerto Montt— valoramos que el proceso se haya construido con diálogo social y escuchando directamente a las y los trabajadores. Como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con un trabajo seguro y con proteger a quienes, con su labor diaria bajo el agua, sostienen una parte fundamental del desarrollo regional”, expresó Ricardo Ebner, Seremi del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos.

Por su parte, la diputada Javiera Morales destacó el impacto del proyecto en las regiones vinculadas a la industria salmonera: “Esta iniciativa demuestra que es posible compatibilizar una industria salmonera sustentable con empleos dignos y seguros. Regiones como Magallanes dependen profundamente de esta actividad y, pese a las críticas que han circulado, hoy queda claro que el Gobierno no está en contra de la industria, sino que busca que quienes trabajan en ella puedan hacerlo sin arriesgar sus vidas. Este proyecto eleva estándares y protege a quienes todos los días se sumergen para sostener una parte importante de nuestra economía”.

En esa misma línea, el diputado Andrés Giordano, enfatizó la importancia de avanzar en mejores condiciones y mayor responsabilidad de las empresas mandantes: “Esta ley salda una deuda histórica con un rubro altamente precarizado y donde el subcontrato ha predominado sin suficientes reglas claras. La creación del contrato especial permite establecer estándares en seguridad, salud y responsabilidad para las empresas mandantes. Como presidente de la Comisión de Trabajo, valoro que este proyecto se haya perfeccionado escuchando a las y los trabajadores y avanzando hacia un modelo que pone en el centro su cuidado y su derecho a un trabajo seguro”.

La iniciativa reconoce la labor profesional del buceo, establece un contrato especial para el rubro, incorpora estándares más estrictos de seguridad y salud laboral, mejora el acceso a cámaras hiperbáricas y crea un Registro de Servicio de Buzos, elementos que permitirán fortalecer la fiscalización y reducir la accidentabilidad. Asimismo, fija el 18 de diciembre como el Día Nacional de las y los Buzos, fecha vinculada al aniversario del Sindicato Nacional de Buzos de Chile.

Contenido del proyecto de ley

Entre las materias abordadas por el proyecto de ley figuran:

1. Reconocimiento del contrato de trabajo de buceo: Se propone incorporar al título del contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar y los trabajadores portuarios eventuales establecido en el Código del Trabajo, el contrato de buceo y actividades conexas, estableciendo su ámbito de aplicación y su respectiva definición.

2. Regulación de la salud y seguridad en el trabajo de buzos: Se busca regular la obligación por parte de los empleadores de proporcionar todos los medios técnicos y la dotación de seguridad necesaria para desempeñar las labores de buceo.

3. Responsabilidad del dueño de la obra, faena o empresa encargada de ejecutar las labores: Con la finalidad de que las y los trabajadores de las faenas de buceo tengan una mejor protección se establece la responsabilidad el dueño de la obra, faena o empresa que encarga ejecutar las labores.

4. Obligaciones empresa principal: Se establecen responsabilidades concretas para las empresas principales, por ejemplo, dispositivos de salvamento; procedimientos de control de sus infraestructuras tales como balsas, jaulas, plataformas y bodegas flotantes; procedimiento y equipamiento mínimo de primeros auxilios aplicables a las labores de buceo, entre otros.

5. Registro electrónico de documentación y registro de asistencia: Las empresas de buceo deberán contar con un registro electrónico específico para controlar el cumplimiento de los tiempos de inmersión y descanso necesario conforme estándares técnicos de DIRECTEMAR. Por otro lado, el registro de asistencia deberá también ser llevado electrónicamente.

6. Reglamento: Sin perjuicio de la regulación técnica vigente en materia de buceo dictada por parte del Ministerio de Defensa en conformidad a sus competencias, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en consulta con la Dirección del Trabajo, la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, y la Superintendencia de Seguridad Social, dictará un reglamento en materia de seguridad y salud laboral para el ejercicio de la labor de buceo.

7. Certificaciones Chile Valora: Se incorpora la posibilidad de acceder a las certificaciones otorgadas por Chile Valora.

8. Registro de servicios de buzos: Se crea un registro de servicios de buceo que permita fortalecer la fiscalización y garantizar la seguridad en el trabajo.

9. Protocolo de actuación ante accidentes: Se incluye la elaboración de un protocolo para actuar ante accidentes, considerando especialmente aquellos por descompresión, permitiendo el acceso oportuno a cámaras hiperbáricas.

10. Día nacional de las y los buzos de Chile: Se establece el día 18 de diciembre como el día nacional de las y los buzos.

11. Vigencia: El proyecto de ley contempla una entrada en vigor el para primer día del sexto mes a su publicación en el Diario Oficial.

Dr. Francisco Javier Caballero Ortega, miembro de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET).

En Chile, la jubilación sigue discutiéndose casi exclusivamente desde la perspectiva financiera, olvidando que también es un tema de salud laboral y bienestar. La ley establece que las mujeres pueden pensionarse a los 60 años y los hombres a los 65, aunque existen opciones de retiro anticipado en el caso de trabajos pesados. Sin embargo, al observar los datos de salud, la pregunta se vuelve más compleja: ¿realmente nuestros trabajadores y trabajadoras llegan en condiciones físicas y mentales para sostener la vida laboral hasta esas edades?

La “esperanza de vida saludable” en Chile bordea los 67–68 años, lo que significa que muchos llegan a la jubilación justo en el límite de sus mejores años de funcionalidad. Para quienes realizan labores altamente exigentes —como minería, construcción, agricultura o turnos nocturnos prolongados— mantener la productividad hasta los 65 años se traduce en un costo muy alto. La evidencia médica muestra que el trabajo en turnos se asocia a trastornos del sueño, alteraciones metabólicas, deterioro de la salud mental y mayor accidentabilidad. En estos casos, forzar a prolongar la vida laboral sin medidas diferenciadas es exponer a los trabajadores a un desgaste acumulativo que impacta su calidad de vida y la de sus familias.

La desigualdad también atraviesa este debate. En Chile, las personas con menores ingresos viven en promedio entre seis y diez años menos que quienes tienen mayores recursos. Se trata de los mismos trabajadores que enfrentan condiciones laborales más riesgosas, acceso limitado a salud preventiva y mayor exposición a factores dañinos. Pedirles que trabajen hasta la misma edad de jubilación que quienes desarrollan labores administrativas o intelectuales es perpetuar una injusticia estructural. El enfoque más justo sería fortalecer vías de retiro anticipado para quienes enfrentan mayor desgaste, acompañado de una mejor protección social.

El género añade otra capa de inequidad. Las mujeres tienen trayectorias laborales fragmentadas por el cuidado familiar, más prevalencia de depresión y ansiedad, y pensiones que en promedio son un 42,7% más bajas que las de los hombres. Obligar a extender su edad de jubilación sin reconocer los años de cuidado no remunerado ni ofrecer compensaciones reales en salud y previsión, constituye un daño tanto social como sanitario. La edad de retiro saludable para ellas debe considerar flexibilidad y mecanismos que reparen esas brechas.

La salud mental es otro punto ineludible. Chile presenta altas tasas de depresión laboral y burnout. El retiro muy tardío en contextos de sobrecarga puede agravar cuadros ansiosos y depresivos. En cambio, cuando la jubilación se da de manera voluntaria, con redes de apoyo y un proyecto vital claro, tiende a ser protectora. Un retiro forzado o postergado solo por necesidad económica, en cambio, tiene consecuencias negativas en la salud mental y en el sentido de vida.

El país enfrenta un rápido envejecimiento poblacional: el 14% de los chilenos ya tiene más de 65 años. Este escenario exige repensar la edad de retiro desde una mirada integral de salud, género y justicia social. No se trata de fijar una edad rígida, sino de construir esquemas flexibles que incluyan retiros graduales, compensaciones por trabajos pesados y cuidados no remunerados, y programas de jubilación activa que fomenten actividad física, aprendizaje y participación social.

La discusión sobre la jubilación en Chile no puede reducirse a los números de la pensión. Desde la medicina del trabajo, debemos poner en el centro la salud física, mental y social de los trabajadores y trabajadoras. Solo así podremos garantizar que los años posteriores al trabajo no sean una prolongación del desgaste, sino un tiempo real de vida saludable y digna.