Este seguro social protege a niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde el nivel parvulario hasta la educación superior, incluyendo las prácticas profesionales, siempre que se trate de establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación, y cubre accidentes que ocurran en el interior de los establecimientos educacionales en los lugares de práctica o en el trayecto directo entre el domicilio y el centro educativo. La norma data de 1972 y está incorporada en la Ley 16.744 (art. 3).

El director regional del ISL, Néstor Villarroel, destacó la relevancia de la difusión de este derecho y la necesidad de que las familias estén informadas sobre su acceso y cobertura. “El Seguro Escolar no solo brinda atención médica gratuita a las y los estudiantes, sino que representa una herramienta concreta de equidad y protección social. Es crucial que toda la comunidad educativa conozca los pasos para acceder a este derecho y garantizar que ningún estudiante quede desprotegido ante una emergencia”, enfatizó la autoridad.

Y agregó que “en caso de un accidente los estudiantes deben dirigirse a urgencias de la red de salud pública e indicar que se trata de un accidente con ocasión de sus estudios para que se inicie la cobertura, de todas maneras, cada establecimiento educacional debe tener un protocolo en estos casos”.

Paso a paso: cómo activar el Seguro Escolar

Ante un accidente escolar, se deben seguir estos pasos:

1. Atención inmediata

Trasladar a la o el estudiante al centro de salud público más cercano e informar que se trata de un accidente con ocasión de sus estudios.

2. Declaración del accidente

El establecimiento educacional debe completar la Declaración Individual de Accidente Escolar (DIAE) dentro de un plazo máximo de 24 horas. También puede realizar la denuncia la persona afectada, su representante e incluso la o el médico tratante.

3. Presentar la documentación

La DIAE debe contener los datos del establecimiento, comuna, información de la persona afectada y una descripción detallada del accidente. Si el hecho ocurrió en el trayecto, se requerirá un parte de Carabineros o declaración de testigos.

4. Activación de la cobertura

La declaración debe presentarse en el centro de salud para formalizar la cobertura, la cual se mantiene hasta la recuperación total o mientras existan síntomas derivados del accidente. Este seguro cubre atención médica, quirúrgica y dental de manera gratuita, además de hospitalizaciones, suministro de medicamentos, prótesis, traslados y otros gastos asociados a la atención de salud. Es un mecanismo clave para resguardar la salud y el bienestar de quienes están comenzando su año académico.

El ISL invita a la comunidad educativa a informarse y ejercer este derecho fundamental. Para más información sobre el Seguro Escolar y su cobertura, visite www.isl.gob.cl/seguro-escolar.

Disputa judicial entre empresa tecnológica y la Subsecretaría de Prevención del Delito pone en riesgo el funcionamiento del sistema de televigilancia presente en 66 comunas del país.

Una disputa judicial entre la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y la empresa tecnológica Ingesmart SpA podría impactar el funcionamiento del Sistema Nacional de Teleprotección, una red de cerca de 1.000 cámaras de seguridad instaladas en 66 comunas del país, entre ellas Puerto Montt y Osorno, en la Región de Los Lagos.

El conflicto se originó luego de que la empresa presentara una querella en contra de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, por los delitos de apropiación indebida y prevaricación administrativa. La acción judicial fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El caso se relaciona con el proyecto denominado “Sistema de Teleprotección a Nivel Nacional”, una iniciativa impulsada en 2020 para fortalecer la seguridad pública mediante la instalación de infraestructura de cámaras, transmisión de imágenes, monitoreo remoto y mantención del sistema en diversas regiones del país.

En el sur del país, el sistema contempla la instalación de cámaras en varias ciudades relevantes. En la Región de Los Lagos, el proyecto considera 25 cámaras en Puerto Montt y 10 cámaras en Osorno, infraestructura destinada a reforzar las labores de prevención del delito y apoyar el trabajo de las autoridades locales.

Desde la empresa advierten que el conflicto contractual podría poner en riesgo la continuidad del sistema en distintas comunas, lo que tendría un impacto directo en la seguridad de millones de habitantes.

Según los antecedentes presentados, el sistema de televigilancia se encuentra desplegado en 66 comunas a lo largo de Chile, alcanzando potencialmente a cerca de ocho millones de personas que residen en estos territorios.

La empresa sostiene que el conflicto se originó tras una serie de incumplimientos contractuales, retrasos en la implementación del sistema y la aplicación de millonarias multas que hoy se encuentran en disputa judicial.

Mientras el caso continúa desarrollándose en tribunales, el futuro de esta red de cámaras de seguridad sigue generando inquietud en distintas ciudades del país, especialmente en regiones donde la tecnología de televigilancia se ha convertido en una herramienta clave para la prevención del delito y la seguridad pública.

Por Christian Rodiek, CEO de FirmaVirtual

El reciente caso del notario formalizado por presunta falsificación de escrituras vuelve a poner en el centro del debate una pregunta incómoda, pero urgente: ¿Cómo puede un sistema fundado en la fe pública mantener su legitimidad cuando la confianza se ve traicionada por quienes debían garantizarla?

Los hechos son graves. La Fiscalía investiga la presunta autorización de documentos en los que las personas nunca habrían comparecido. El Consejo de Defensa del Estado señala que el notario no acreditó identidades conforme al protocolo, afectando a las personas que hoy aparecen como firmantes de escrituras que jamás suscribieron.

Como la mayoría de los notarios opera con rigurosidad, casos como este constituyen una oscura mancha para todos los actores del ecosistema registral. Este episodio no solo erosiona la credibilidad de una notaría, también tensiona la confianza de la ciudadanía.

En pleno siglo XXI, las escrituras siguen firmándose en papel o mediante procedimientos que no siempre garantizan la autenticidad de las identidades. En Chile, la legislación permite firmar documentos digitalmente, incluso con equivalencia legal plena, desde hace muchos años. Sin embargo, la adopción ha sido lenta y desigual. De hecho, la recién aprobada reforma no consideró la posibilidad de firmar escrituras de forma electrónica.

La tecnología -al ofrecer una trazabilidad verificable- reduce drásticamente el margen de error o la posibilidad de que alguien se vea envuelto en un fraude, para que no tengamos que depender de la buena fe de un funcionario. Sin embargo, pese a que más del 90 % de los documentos privados puede firmarse electrónicamente, las escrituras públicas son un gran pendiente.

¿Qué nos detiene para avanzar hacia una modernización real del sistema registral? ¿Por qué no contar con registros electrónicos integrados y plataformas interoperables entre notarías, conservadores y organismos públicos?

La tecnología facilita el control y favorece la transparencia. Por eso, proveedores de firma electrónica como FirmaVirtual han invertido en biometría y autenticación multifactor, reforzando así la seguridad de los usuarios. No obstante, no se trata de eliminar el rol del notario, sino de reforzarlo. El “ministro de fe” del siglo XXI no puede limitarse a estampar un timbre sobre un papel, también debe garantizar procesos trazables, seguros y auditables.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, asistió a la sesión y destacó que esta norma constituye un avance significativo en la protección de un sector altamente expuesto al riesgo y esencial para actividades económicas como la salmonicultura y la pesca artesanal. La iniciativa, tramitada a partir del diálogo social y la participación activa de sindicatos y parlamentarios, reconoce la labor profesional del buceo e incorpora medidas estructurales de seguridad laboral.

“Hoy se aprueba una iniciativa emblemática para nuestro Gobierno y para los trabajadores del país. Este proyecto responde a una demanda histórica de los sindicatos de buzos, quienes han enfrentado por años condiciones de riesgo y accidentes que no podíamos seguir permitiendo. Esta ley reconoce formalmente un contrato especial que recoge las particularidades del sector y establece reglas claras en materia de seguridad y salud laboral”, destacó el ministro Boccardo

Asimismo, el secretario de Estado relevó el proyecto y su impacto en la protección laboral del sector: “Estamos dando una señal contundente como Estado: la labor que realizan las y los buzos es fundamental para la economía nacional y merece estándares acordes a su nivel de riesgo. Con el registro nacional, mayores exigencias en salud, mejor acceso a cámaras hiperbáricas y nuevas herramientas de fiscalización, esperamos reducir la accidentabilidad y fortalecer un rubro que había sido postergado durante demasiado tiempo”.

“La aprobación de esta ley es especialmente significativo para la región de Los Lagos, donde se concentra una de las mayores comunidades de buzos del país y donde la actividad acuícola y pesquera es parte esencial de nuestra economía. Esta norma responde a una demanda histórica y entrega herramientas concretas para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones laborales de un sector altamente expuesto al riesgo.

Además, desde la región de Los Lagos—donde fue presentada esta iniciativa en Puerto Montt— valoramos que el proceso se haya construido con diálogo social y escuchando directamente a las y los trabajadores. Como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con un trabajo seguro y con proteger a quienes, con su labor diaria bajo el agua, sostienen una parte fundamental del desarrollo regional”, expresó Ricardo Ebner, Seremi del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos.

Por su parte, la diputada Javiera Morales destacó el impacto del proyecto en las regiones vinculadas a la industria salmonera: “Esta iniciativa demuestra que es posible compatibilizar una industria salmonera sustentable con empleos dignos y seguros. Regiones como Magallanes dependen profundamente de esta actividad y, pese a las críticas que han circulado, hoy queda claro que el Gobierno no está en contra de la industria, sino que busca que quienes trabajan en ella puedan hacerlo sin arriesgar sus vidas. Este proyecto eleva estándares y protege a quienes todos los días se sumergen para sostener una parte importante de nuestra economía”.

En esa misma línea, el diputado Andrés Giordano, enfatizó la importancia de avanzar en mejores condiciones y mayor responsabilidad de las empresas mandantes: “Esta ley salda una deuda histórica con un rubro altamente precarizado y donde el subcontrato ha predominado sin suficientes reglas claras. La creación del contrato especial permite establecer estándares en seguridad, salud y responsabilidad para las empresas mandantes. Como presidente de la Comisión de Trabajo, valoro que este proyecto se haya perfeccionado escuchando a las y los trabajadores y avanzando hacia un modelo que pone en el centro su cuidado y su derecho a un trabajo seguro”.

La iniciativa reconoce la labor profesional del buceo, establece un contrato especial para el rubro, incorpora estándares más estrictos de seguridad y salud laboral, mejora el acceso a cámaras hiperbáricas y crea un Registro de Servicio de Buzos, elementos que permitirán fortalecer la fiscalización y reducir la accidentabilidad. Asimismo, fija el 18 de diciembre como el Día Nacional de las y los Buzos, fecha vinculada al aniversario del Sindicato Nacional de Buzos de Chile.

Contenido del proyecto de ley

Entre las materias abordadas por el proyecto de ley figuran:

1. Reconocimiento del contrato de trabajo de buceo: Se propone incorporar al título del contrato de los trabajadores embarcados o gente de mar y los trabajadores portuarios eventuales establecido en el Código del Trabajo, el contrato de buceo y actividades conexas, estableciendo su ámbito de aplicación y su respectiva definición.

2. Regulación de la salud y seguridad en el trabajo de buzos: Se busca regular la obligación por parte de los empleadores de proporcionar todos los medios técnicos y la dotación de seguridad necesaria para desempeñar las labores de buceo.

3. Responsabilidad del dueño de la obra, faena o empresa encargada de ejecutar las labores: Con la finalidad de que las y los trabajadores de las faenas de buceo tengan una mejor protección se establece la responsabilidad el dueño de la obra, faena o empresa que encarga ejecutar las labores.

4. Obligaciones empresa principal: Se establecen responsabilidades concretas para las empresas principales, por ejemplo, dispositivos de salvamento; procedimientos de control de sus infraestructuras tales como balsas, jaulas, plataformas y bodegas flotantes; procedimiento y equipamiento mínimo de primeros auxilios aplicables a las labores de buceo, entre otros.

5. Registro electrónico de documentación y registro de asistencia: Las empresas de buceo deberán contar con un registro electrónico específico para controlar el cumplimiento de los tiempos de inmersión y descanso necesario conforme estándares técnicos de DIRECTEMAR. Por otro lado, el registro de asistencia deberá también ser llevado electrónicamente.

6. Reglamento: Sin perjuicio de la regulación técnica vigente en materia de buceo dictada por parte del Ministerio de Defensa en conformidad a sus competencias, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en consulta con la Dirección del Trabajo, la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, y la Superintendencia de Seguridad Social, dictará un reglamento en materia de seguridad y salud laboral para el ejercicio de la labor de buceo.

7. Certificaciones Chile Valora: Se incorpora la posibilidad de acceder a las certificaciones otorgadas por Chile Valora.

8. Registro de servicios de buzos: Se crea un registro de servicios de buceo que permita fortalecer la fiscalización y garantizar la seguridad en el trabajo.

9. Protocolo de actuación ante accidentes: Se incluye la elaboración de un protocolo para actuar ante accidentes, considerando especialmente aquellos por descompresión, permitiendo el acceso oportuno a cámaras hiperbáricas.

10. Día nacional de las y los buzos de Chile: Se establece el día 18 de diciembre como el día nacional de las y los buzos.

11. Vigencia: El proyecto de ley contempla una entrada en vigor el para primer día del sexto mes a su publicación en el Diario Oficial.

Entre el 10 y el 21 de octubre, se realizó la XII versión de la Encuesta de Percepción Ciudadana, que la ULagos realiza desde el 2019. Entre los principales resultados, destaca que las prioridades de la población son en primer lugar salud con un 81%, le sigue educación con un 77% y crecimiento económico y empleo con un 70%.

En esta nueva versión, la seguridad pública quedó en cuarto lugar con un 65%, destacando que en los últimos 12 meses, el 70,4% de la población no ha sido víctima de delito (o no se han denunciado),  mientras que un 18,4% si lo ha sido y de este porcentaje los problemas de seguridad radican, en primer lugar, con un 72%, en el consumo de drogas y alcohol; le siguen asaltos, robo y violencia urbana con un 71% y finalmente inseguridad en la vía con un 46%. Aumentan en comparación aversiones anteriores narcotráfico y crimen organizado (38%), comercio ambulante (17%) y abigeato y violencia rural con un 12%.

Por otro lado, las instituciones que tienen mayor porcentaje de aprobación son: instituciones de educación superior con un 68%; organizaciones sociales con un 59% y medios de comunicación con un 58%.

Respecto al desarrollo sostenible, Los principales problemas ambientales son: residuos sólidos (basura) con un 78%; contaminación del aire con un 44% y contaminación del agua con un 41%.

Gerardo González, académico del Departamento de Gobierno y Gestión Pública, señaló: “esta es la duodécima encuesta que entregamos a la ciudadanía. Es un estudio que considera un levantamiento en las cuatro capitales cabeceras de la región de Los Lagos, es 100%. Dentro de las prioridades regionales, aparece en primer lugar, y se consolida ya con los estudios anteriores, la salud, la cual figura como una situación crítica a atender”.

En tanto, Soledad Escobar, directora de Seguridad Municipal de la Municipalidad de Puerto Montt, se refirió al trabajo que ha realizado el municipio para mejorar la seguridad pública en la comuna. “Hay una mejor percepción del trabajo mancomunado que hemos realizado con Carabineros, con la PDI, para generar mayor seguridad a las personas y poder estar presentes en su día a día”.

Se realizaron 385 encuestas presenciales validadas en los sectores urbanos de Puerto Montt, Osorno, Castro y Chaitén, con un 95% de confianza y un 5% de margen de error.

Seminario por la seguridad pública

La entrega de resultados de la XII Encuesta de Percepción Ciudadana se realizó en el “Seminario Regional: seguridad pública, problemáticas regionales, sostenibilidad y percepción ciudadana”, el cual se llevó a cabo en el Auditorio Arquitecto Eduardo Vargas en dependencias universitarias de calle Serena 77, el cual contó con la participación de consejeros regionales, la directora de Seguridad Municipal de la Municipalidad de Puerto Montt, el director de Centro de Estudios para el Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER), académicos de la Universidad de Los Lagos y estudiantes de cuarto medio del Liceo Andrés Bello de la capital regional.

En esta instancia se realizaron dos ponencias: “La seguridad ciudadana en Puerto Montt capital”; y “Sostenibilidad regional”; además de la mesa compuesta por consejeros regionales, donde se trató el tema de: “Problema y necesidades de la región de Los Lagos”.

La nueva norma promete más tranquilidad y menos spam telefónico para todos los chilenos.

Este martes 13 de agosto comenzó a regir una medida que promete cambiar la forma en que respondemos el teléfono: todas las llamadas comerciales y masivas ahora deberán identificarse con los prefijos 600 o 809, según sean solicitadas o no por el usuario.

La disposición, parte de la Agenda de Seguridad Digital del Gobierno, busca que cada persona pueda reconocer de inmediato si está recibiendo una llamada legítima o un posible intento de estafa. El prefijo 600 indicará que se trata de un llamado esperado —por ejemplo, de una empresa con la que ya existe contacto—, mientras que el 809 advertirá que la llamada es no deseada.

Este cambio no es menor: Chile encabeza el ranking latinoamericano de llamadas spam, con un promedio de 28 al mes por persona, según un estudio de Hiya (2024). A esto se suma que la PDI reportó un 19% más de denuncias por estafas telefónicas respecto al año anterior.

Con la nueva norma, las empresas de telecomunicaciones deberán cumplir estrictamente con la identificación de sus llamados. Subtel fiscalizará su implementación y, en caso de incumplimiento, las sanciones pueden ir desde simples amonestaciones hasta multas que alcanzan las 5.000 UTM. Además, la ciudadanía podrá denunciar de manera directa cualquier infracción a través de los canales oficiales.

La medida no solo fortalece la seguridad de los usuarios frente a fraudes, sino que también les otorga mayor tranquilidad en su vida diaria. Ahora, bastará con ver los tres primeros dígitos para decidir si contestar o no, evitando así interrupciones innecesarias y posibles engaños.

En definitiva, a partir de hoy los teléfonos de todo el país tendrán un nuevo filtro para separar lo importante de lo molesto, dándole a cada llamada la transparencia que las personas merecen.

Este sábado, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, participó del Consejo General del partido Evópoli, instancia en la que recibió formalmente el documento con propuestas programáticas elaboradas por dicha colectividad.

Durante la jornada, que también contempló la oficialización de precandidaturas al Congreso, Evópoli expresó su respaldo explícito a la exalcaldesa de Providencia.

En su intervención, la abanderada presidencial defendió el progreso alcanzado en las últimas décadas. “Nunca avanzó tanto nuestro país como en los aporreados 30 años. La única forma en que se solucionan los problemas de Chile es sentándose a conversar”, afirmó Matthei, en un discurso centrado en la búsqueda de acuerdos amplios y soluciones concretas para el país.

Evelyn Matthei también destacó su experiencia en gestión municipal. “En Providencia nunca me tembló la mano y fuimos la comuna donde más se avanzó en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia”, enfatizó subrayando su compromiso con la seguridad ciudadana.

Durante su discurso la candidata dejó entrever los ejes de su propuesta presidencial. En materia de seguridad y migración, expresó que se enfrentará con decisión la inmigración descontrolada y la criminalidad importada. “Estos nuevos delitos han sido traídos desde el extranjero y vamos a sacarlos como vinieron”, afirmó.

En empleo y crecimiento, comprometió una agenda ambiciosa para crear 800 mil empleos y aseguró que terminará con abusos como “el de las 25 mil personas que se fueron al extranjero con licencia médica, o 13 mil que se fueron a jugar al casino. Estaban enfermos para trabajar, pero sanos para ir a jugar”, denunció.

Matthei cerró su discurso con un llamado a la esperanza. “Vamos a lograr que el país vuelva a crecer. Hay futuro. Hay esperanza para sus hijos y nietos”. Con firmeza y sentido de responsabilidad, reafirmó su compromiso con Chile: “Con mucha responsabilidad y con la mejor gente, tenemos que trabajar por las chilenas y los chilenos”.

Entre los principales resultados destacan por segundo año consecutivo, que la principal preocupación de la ciudadanía, con un 85%, es mejorar la salud pública regional, debido a que por ejemplo, hay limitantes de cobertura médica urbana y mayormente rural, largas listas de espera, falta de médicos de especialidades y de atenciones rápidas en servicios de urgencia como variables de contexto.

Debido a esta alta demanda de especialistas, la ULagos, abrirá la carrera de Medicina en el Campus Osorno el 2026. “La ciudadanía está requiriendo ser atendida de mejor manera en el área de la salud, entonces qué mejor que la única Universidad pública responda a esas demandas con más médicos/as y especialistas para la propia región”, señaló Gerardo González, académico del Departamento de Gobierno y Gestión Pública.

En segundo lugar, con un 83% está el promover el mejoramiento de la seguridad pública, asegurando que el principal problema que existe en esta materia, es el consumo de drogas (90%), asaltos, robos y violencia urbana (88%).

En tercer lugar, se comparte con un 80%, el promover la actividad económica y la generación de empleo regional; y el mejoramiento de la educación pública.

Esta XI versión de la Encuesta de Percepción Ciudadana, contó con preguntas nuevas, las cuales abordaron temas valóricos como el aborto libre, voto obligatorio y restituir la pena de muerte además del funcionamiento de la democracia en Chile. “El reforzamiento del modelo democrático que tenemos y los temas valóricos puede que estén plasmados en los programas de gobierno de las y los candidatos presidenciales. Por lo tanto, el contar con estas preguntas, genera antecedentes muy relevantes respecto a lo que la gente hoy día está sintiendo en términos de una próxima definición de qué país es el que se quiere”, comentó Gerardo González.

Respecto al desarrollo sostenible, el 72% de las personas cree que el principal problema ambiental que existe en la región es la contaminación del aire, seguido de residuos sólidos (basura) con un 71% y finalmente con un 70% el cambio climático y respecto al sector productivo que más aporta al desarrollo sostenible regional, la ciudadanía destaca al turismo por sobre los demás.

Se trata del tercer programa proactivo de fiscalización desde 2023 y se aplicará en las provincias de Llanquihue y Osorno hasta fines de agosto.

Veinte empresas forestales y aserraderos de Los Lagos serán fiscalizados por la Dirección Regional del Trabajo (DRT) para mejorar las condiciones de seguridad de sus trabajadores.

Las inspecciones se prolongarán hasta el 31 de agosto en las provincias de Llanquihue (5) y Osorno (15).

El inicio de las fiscalizaciones se realizó en Puerto Octay. En el sector se realizaron cuatro fiscalizaciones, las que, preliminarmente, arrojaron infracciones por deficientes condiciones de higiene y seguridad (condiciones de baños- limpieza y funcionamiento) de la empresa contratista a carga de la faena y de la empresa principal por incumplir su deber de velar por el acatamiento legal de sus contratistas y subcontratistas.

Otras dos empresas fiscalizadas a carga del transporte forestal fueron citadas para hacer una revisión documental de distintos aspectos legales.

Las materias por fiscalizar durante este programa son las siguientes:

• Remuneraciones: no pagar/no pagar en forma íntegra y/o correctamente.
• Jornada y descansos: no llevar correctamente Registro de Asistencia y determinación de horas de trabajo y descanso.

• Contrato de Trabajo: no escriturar en el plazo legal.
• Salud y seguridad en el trabajo: agua potable/no cumplir obligaciones legales.
• Salud y seguridad en el trabajo: lugar de trabajo/no cumplir con obligaciones para faenas forestales.
• Salud y seguridad en el trabajo: lugar de trabajo/no suprimir factores de peligro.
• Salud y seguridad en el trabajo: trabajador/no informar acerca de los riesgos laborales.

“Preocupación permanente”

El director regional del Trabajo, Claudio Salas, explicó que “estas fiscalizaciones pretenden mejorar los niveles de cumplimiento legal de esta industria en materias principalmente de seguridad y salud en el trabajo, porque soporta altas tasas de accidentes graves y fatales que afectan a los trabajadores que se desempeñan en cada una de las diversas tareas de esta actividad productiva”.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Ebner Torres, agregó que “es importante recordar que la Dirección del Trabajo ha demostrado una permanente preocupación por los niveles de seguridad de los trabajadores forestales, lo que se ha reflejado con los programas de fiscalizaciones que, como el actual, ha venido realizando desde el año 2023 y que han demostrado una paulatina mejoría de cumplimiento legal, la que esperamos se prometa en esta ocasión. En esta oportunidad se espera fiscalizar a 20 empresas forestales y aserradores con el fin de revise sus condiciones de salud y seguridad”.

Efectivamente, esta industria estratégica en la economía de las provincias de Osorno y Llanquihue, fue objeto del primer programa inspectivo en 2023. Esa vez se realizaron 10 fiscalizaciones, 6 de las cuales terminaron con multa, lo que representa un incumplimiento del 60%.

Luego, el año 2024, se efectuaron 15 fiscalizaciones, de las cuales 2 terminaron con la aplicación de infracciones por incumplimientos laborales y de seguridad y salud en el trabajo, lo que representa un 13,33% del total de fiscalizaciones.