La iniciativa, que apoyará de forma concreta a los pescadores y pescadoras artesanales, ahora debe ser analizada por el Senado.

La sala de la Cámara aprobó este lunes por unanimidad el proyecto del Gobierno que busca suspender la declaración de caducidades en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) por un tiempo limitado y por única vez.

La iniciativa, que pasará a segundo trámite legislativo, permitirá apoyar de forma concreta a los pescadores y pescadoras artesanales que vieron afectadas sus labores debido a la propagación del COVID- 19.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, expresó que es “una buena noticia que la Cámara haya aprobado la suspensión de caducidades del Registro Pesquero. Esperamos que el Senado también respalde esta iniciativa que beneficia a más de 30 mil pescadores artesanales que, como consecuencia de la pandemia, vieron afectadas sus operaciones”.

Desde Subpesca explicaron la importancia de esta suspensión. “La sanción administrativa de caducidad es una de las sanciones más graves contempladas en el ordenamiento jurídico pesquero, e implica que una vez aplicada provoca la imposibilidad de seguir operando en el sector de forma definitiva respecto de todos los recursos inscritos”.

Además, esta medida contribuirá a restablecer el normal procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos determinados por la ley, en materia de aplicación de caducidades por parte del Sernapesca, contando, de esta forma, con información actualizada y completa.

(Imagen referencial)

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró el apoyo que recibió la iniciativa y señaló que “muchas veces se dijo que esto era imposible, pero muchas empresas nos han demostrado que, incluso sin ley, pudieron adelantarse a la reducción de la jornada laboral. Cuando conversamos con las trabajadoras y trabajadores de esas empresas nos contaban sus experiencias y cómo la reducción de la jornada laboral les ha permitido salir una hora más tarde de sus casas o dejar a sus hijos despiertos; cómo cuando tomaban una micro a su casa podían irse sentados y volver con menos cansancio a sus hogares”.

“Los principios que rigen este proyecto de ley quisiera mencionarlos y nos van a servir para la construcción de futuras políticas públicas que llevemos adelante. En primer lugar, proveernos de un tiempo de descanso efectivo. Que esta reducción de jornada laboral se exprese concretamente en más tiempo de descanso, más tiempo para estar con nuestros hijos, más tiempo con nuestras familias”, agregó.

En tanto, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ángel Cabrera, resaltó que “avanzar en trabajo decente y calidad de vida para todas y todos los trabajadores del país es nuestro foco principal. Como Gobierno, estamos muy contentos por este avance, pues llegamos a un acuerdo con todas las bancadas. Lograr acuerdos, escuchar y dialogar es fundamental para conseguir las grandes transformaciones. Agradecemos a los parlamentarios que hoy han aprobado el proyecto de ley 40 horas, confirmando que la reducción de jornada es necesaria y es una demanda con apoyo transversal”.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que “agradecemos a todos y todas quienes han estado empujando la iniciativa de las 40 horas. Los cambios no se pueden frenar eternamente y aunque han pasado los años, hemos sumado no solamente apoyos, sino que mejoras en el proyecto que desde el día uno estuvimos disponibles a hacer, pero que gracias a la convicción del Presidente Boric, de nuestra ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y al equipo del Ministerio del Trabajo se logró una conversación amplia de cómo adecuar en los distintos sectores productivos esta reducción de jornada laboral. Esto lo hemos hecho pensando en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras”.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, añadió que “hoy sólo quisiéramos destacar desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que uno de los puntos relevantes para poder llegar al acuerdo que han liderado la ministra Jara y el subsecretario Boccardo, tiene que ver precisamente con la corresponsabilidad en las labores de cuidado y poder avanzar en consagrar el derecho a cuidar. Ese fue un punto importante en el acuerdo que se alcanzó con la oposición y por eso que quisiéramos decir que esto demuestra que los derechos de las mujeres, las demandas que han instalado las mujeres trabajadoras y las mujeres cuidadoras son puntos de acercamiento, no son temas de nichos, sino que benefician a la gran mayoría del país”.

El proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales fue presentado originalmente en 2017 por la diputada Karol Cariola y la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. En 2019 fue aprobado por la Cámara y pasó al Senado, donde no registró movimiento hasta agosto de 2022, cuando el Gobierno del Presidente Gabriel Boric lo reactivó ingresando una serie de indicaciones.

El proyecto abarca a los trabajadores del Código del Trabajo sujetos a las jornadas ordinaria, especiales, como las de trabajadoras de casa particular, y excepcionales, que son aquellas con labores continuas, como la minería.

En cuanto a la gradualidad para la implementación, la reducción será de 45 a 44 horas al primer año de vigencia de la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año.

La ministra Jara explicó que “en materia de gradualidad, el proyecto de ley contempla un plazo máximo para la reducción de la jornada laboral, máximo para aquellos empleadores que lo requieran. Es decir, cualquier empleador que quiera anticiparse a la reducción de la jornada a 40 horas o de jornada 4×3, puede hacerlo perfectamente. De hecho, el ‘Sello 40 Horas’ que hemos entregado a empresas, son empresas que han reducido jornada sin tener ley”

Al mismo tiempo, el proyecto de ley incluye medidas de corresponsabilidad, que apuntan a conciliar la vida laboral, personal y familiar, con lo que se espera, en particular para las mujeres, ampliar las posibilidades de empleo y con mayor estabilidad.

También, se establece la posibilidad de acordar con el trabajador o la trabajadora que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta 4 semanas, con un máximo de 45 horas semanales. Y se estipula que en caso de que el trabajador sea sindicalizado, la empresa deberá contar con acuerdo de la organización representativa de las y los trabajadores, para que así, a través de un acuerdo colectivo entre la empresa y el sindicato, se pueda pactar una jornada semanal de hasta 52 horas, la que solo implicará a los socios.

A su vez, se plantea que, por pacto escrito y de forma excepcional, una vez al año, las horas extraordinarias se puedan compensar con cinco días de feriado en beneficio de los y las trabajadoras, permitiendo compatibilizar la vida personal y el trabajo.

Jornada 4×3

La iniciativa también considera la posibilidad de implementar una distribución de jornada de cuatro días trabajados por tres de descanso, conocida como 4×3. Sobre esto, el Ejecutivo presentó una indicación en la Sala del Senado para incentivar que las empresas que reduzcan la jornada laboral anticipadamente a 40 horas, sin esperar a la gradualidad, puedan utilizar también con antelación la jornada en la modalidad 4×3, previo acuerdo con los trabajadores.

En la última votación se destaca el avance en corresponsabilidad social con banda horaria de ingreso y salida del trabajo de padres, madres y personas cuidadoras de menores de doce años y la posibilidad de compensar horas extraordinarias por hasta cinco días de feriado adicional.

A cinco meses desde que el Gobierno reactivó el proyecto 40 Horas en el Congreso, se cerró un nuevo ciclo al votarse y aprobarse el último paquete de indicaciones en la Comisión de Trabajo del Senado, dando un paso significativo para continuar la tramitación en sala durante marzo. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, celebraron este progreso, agradeciendo a todas y todos quienes han sido parte del proceso de diálogo tripartito, entre empleadores, trabajadores y Gobierno, y que se extendió a los distintos sectores productivos del país, además de las distintas sensibilidades políticas, destacando los acuerdos que han legitimado esta iniciativa.

“Estamos muy felices de este avance y los acuerdos, por cierto, transversales, que ha logrado el proyecto 40 horas.  Destacar que entre las últimas indicaciones aprobadas se encuentra la relacionada con que las madres y padres trabajadores de niños y niñas de hasta doce años, y las personas cuidadoras, tengan derecho a una banda de dos horas en total, dentro de la que podrán anticipar o retrasar hasta en una hora el comienzo de sus labores, determinando así también el horario de salida al final de la jornada”, manifestó el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ángel Cabrera.

“También, se establece la posibilidad de acordar con el trabajador o la trabajadora que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta 4 semanas, con un máximo de 45 horas semanales. Y se estipula que en caso que el trabajador sea sindicalizado, la empresa deberá contar con acuerdo de la organización representativa de las y los trabajadores, para que así, a través de un acuerdo colectivo entre la empresa y el sindicato, se pueda pactar una jornada semanal de hasta 52 horas, la que solo implicará a los socios”, añadió el Seremi Cabrera.

Junto con agradecer a los parlamentarios y parlamentaria que integran dicha comisión, la ministra Jeannette Jara señaló que “este proyecto de ley se va a convertir prontamente en una realidad, una vez que se ha podido lograr este importante hito legislativo de aprobación, en un marco de acuerdo, de tripartismo, que nos permita implementar la reducción de la jornada laboral, que es tan fundamental para la vida de las personas, que no sólo es teoría, que no solo es una ley, sino que nos impacta en la posibilidad, por ejemplo, de tener más tiempo para compartir en familia, con nuestros hijas e hijos. Es una muy buena noticia y queda muy poco para que se convierta en ley”.

En tanto, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, expresó: “Nos alegra y valoramos enormemente este avance y los acuerdos transversales que hemos logrado. Pues, como Gobierno, a lo largo de toda la tramitación hemos procurado con efectividad preservar el espíritu del proyecto de 40 Horas, de que las y los trabajadores tengan más tiempo de descanso y mejoren la calidad de vida; esto en un marco de responsabilidad económica, considerando que con la gradualidad de la implementación de esta ley prevista a cinco años se resguarde que no haya impactos negativos en las diversas actividades productivas, en los salarios y que las pymes cuenten con el acompañamiento y el apoyo que ameritan. Posicionando así a Chile al nivel de diferentes países que con éxito ya han hecho realidad reducir la jornada laboral”.

Las otras indicaciones que fueron revisadas y aprobadas dicen relación con las jornadas laborales para trabajadores/as del sector transporte: de carga, de pasajeros interprovinciales, de ferrocarriles y de pasajeros rurales; mantener el rol de la DT para entregar autorización en jornadas excepcionales; crear una regla compensatoria para jornadas consideradas en art. 38 N°2; y se especifican las normas transitorias de: gradualidad y no afectación de la remuneración

Preocupado se mostró el Senador por la zona, luego que conocerse de una fiesta
clandestina en Quellón, en la que participaron cerca de 300 personas, algunas
contagiadas con COVID-19.
Sin embargo, Moreira puntualizó a que carabineros cuenta con solo un vehículo
policial para la comuna del sur de Chiloé, calificando la situación como inaceptable.
“Falta fiscalización por parte de Carabineros, pero más allá del control que se
pueda hacer, es inaceptable que la institución tenga una comuna de 40 mil
habitantes con un solo vehículo policial. Es imposible combatir la delincuencia,
fiscalizar el tema del coronavirus, cuando Carabineros tiene un solo vehículo
policial, eso es inaceptable en una ciudad importante de Chiloé. Por esta razón, me
reuniré con el ministro del interior, y conversé con la subsecretaria de prevención
del delito para exponer esta situación y plantear la urgencia de que Carabineros en
Quellón, tenga al menos otro vehículo para realizar su trabajo. No puede ser que se
esté dejando aislada las ciudades con falta de vehículos policiales”.
El legislador por la región de Los Lagos se reunirá con el Ministro del Interior,
Rodrigo Delgado, para solicitar más vehículos policiales y personal en Chiloé,
asegurando que hoy, la región cuenta con un déficit de 40 patrullas.

El alcalde Paredes fue directo y claro al señalar que "como AChM nuestra obligación es plantearle al Parlamento, la preocupación de que ningún municipio va a resistir financieramente lo que resta del año con la drástica disminución del Fondo Común Municipal, por lo tanto, es vital conocer el presupuesto del mismo fondo para el año 2021", y así poder planificar el Presupuesto.

El jefe comunal de Natales se refirió a las gestiones que los municipios están realizando con el Ejecutivo, puntualizando que, "le estamos pidiendo al Gobierno una solución concreta para resolver los problemas financieros de los municipios, donde  planteamos claramente que,  como municipios estamos atravesando una crisis institucional".

Por su parte, el senador Pizarro concordó con la idea del rescate financiero señalando que, "no cabe duda que la situación de menores ingresos que se ha generado en todo el país, ha afectado directamente al Estado y por supuesto a los municipios". Agregando que “a propósito del Fondo COVID, que está en discusión, se está viendo la posibilidad de crear una cuenta extra presupuestaria o a través del presupuesto regular".

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputado Núñez se refirió a la crisis financiera de los municipios explicando que "la caída de ingreso de los municipios es una realidad muy concreta, donde sabemos la presión constante por parte de la comunidad para resolver los problemas sociales de la población".

Como se sabe,  el problema de financiamiento de las Municipalidades en parte se explica por un conjunto de decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, buscando aliviar a ciudadanos, emprendedores, comercios y empresas de pagos obligatorios de derechos o impuestos de beneficio municipal. Entre otros: prórroga de pago del Impuesto Territorial, prórroga en el pago de Permisos de Circulación, exención de pago de Impuesto Territorial a adultos mayores, prórroga de vigencia de las licencias de conducir.

Como conclusión, destacó el Presidente Paredes que este miércoles 9 de septiembre la AChM se reunirá con la SUBDERE, SII, DIPRES y la Tesorería General de la República, donde se analizará en detalle la grave situación financiera de los Municipios de Chile y a su vez, se seguirán sucediendo reuniones la próxima semana con el Parlamento con miras a buscar una solución a la brevedad posible.

Iniciativa posterga uso de cámaras en embarcaciones y suspende caducidades en Registro Pesquero Artesanal.

El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley del Gobierno que apoya al sector pesquero artesanal, frente a las complicaciones generadas por la pandemia sobre la actividad.

Entre otros puntos, la iniciativa posterga la obligación de los pescadores de instalar cámaras a bordo de sus embarcaciones, y suspende las caducidades en las inscripciones del Registro Pesquero Artesanal (RPA), instrumento que posibilita las operaciones cotidianas del sector.

Tras ser ratificado en la sala del Senado (por 39 votos a favor y ninguno en contra), el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde cumplirá su tercer trámite constitucional.

“Valoramos y agradecemos el apoyo unánime de los senadores en favor de esta iniciativa que da una mano a los pescadores de todo el país, de modo que puedan seguir desarrollando su actividad y llevando el sustento a sus hogares”, destacó el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya.

El empleo de cámaras en las embarcaciones está contemplado por la ley 20.265, cuyo propósito es disminuir la práctica del descarte, vale decir la devolución al mar de peces u otros recursos durante las faenas de captura.

El deber de llevar esos dispositivos comenzó a regir en enero de este año para el rubro industrial. En el caso del sector artesanal, en tanto, la vigencia de la norma también estaba prevista para el año en curso.

Esta norma dará más tiempo a los pescadores para instalar las cámaras en sus embarcaciones, sin que deban incurrir ahora en gastos para financiarlas.

“Al suspenderse las caducidades en el Registro Pesquero Artesanal, en tanto, los pescadores podrán seguir ejerciendo sus labores sin sobresaltos, en un momento en que la continuidad de las operaciones es fundamental para contribuir a la recuperación de la actividad artesanal”, apuntó Zelaya.

Finalmente, el Subsecretario subrayó que un permanente diálogo entre el Gobierno y los parlamentarios de todos los sectores ha posibilitado el avance del proyecto y la inclusión de materias que apoyan al sector, una de ellas relacionada con un programa que beneficia específicamente a algueros.

•          La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, agradeció el respaldo de los parlamentarios a esta iniciativa, que “nos va a entregar herramientas para proteger las fuentes de ingreso, y dar certeza a los trabajadores de que durante la cuarentena tendrán garantizados parte importante de sus ingresos”. Proyecto será visto ahora por la Cámara de Diputados.

A su segundo trámite constitucional pasó el proyecto de Ley de Protección al Empleo, iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que busca disminuir el impacto en el mercado laboral de la situación sanitaria que vive el país a raíz del Coronavirus y garantizar los ingresos de miles de trabajadores chilenos.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, destacó el amplio respaldo que tuvo la iniciativa tanto en las comisiones de Trabajo, Hacienda y en la Sala de la Cámara Alta, y que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados. “Agradezco a la oposición, porque estamos logrando avanzar en la tramitación de un proyecto que nos va a entregar herramientas para proteger las fuentes de ingreso, y dar certeza a los trabajadores de que, durante la cuarentena, tendrán garantizados parte importante de sus ingresos, con cargo al seguro de cesantía”, declaró.

“Nos interesa proteger los contratos de trabajo y buscar los mecanismos para evitar que el desempleo aumente”, agregó la secretaria de Estado, quien explicó que el proyecto propone suspender la relación laboral, pero no terminarla, así se mantienen los derechos de los trabajadores y sus ingresos a través del Seguro de Cesantía, medida que también incluye a las trabajadoras de casa particular.

“Sabemos que los ingresos no van a ser los mismos, porque el Seguro de Cesantía establece que el primer giro es de un 70% de la remuneración de los tres últimos meses y así baja paulatinamente. Pero lo importante es que vamos a tener ingresos para los trabajadores, los que no existirían si tuviésemos que poner término a la relación laboral”, recalcó la Ministra.

El proyecto de Ley de protección de los ingresos laborales establece que, cuando por mandato de la autoridad sanitaria se ordene la cancelación de las actividades en el país o en una zona específica-, un trabajador deba permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores, se permitirá la suspensión temporal de sus funciones en la empresa, pero manteniendo el vínculo contractual y todos los derechos laborales correspondientes. De esta forma el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía de acuerdo a las reglas del mismo y bajo criterios más flexible. A su vez, el empleador mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador.

“A través de esta iniciativa, lo que estamos haciendo es proteger al trabajador en esta circunstancia especial, por la vía de asimilar la “suspensión” a un finiquito. De esta manera, el trabajador tendrá derecho a las mismas prestaciones del seguro de cesantía que habría obtenido si tuviera un finiquito, pero manteniendo suspendida su relación laboral y no terminada.

Esto, explicó la secretaria de Estado, tiene la ventaja de que asegura la relación laboral (cuidando todos los derechos en relación al feriado, antigüedad laboral, etc.); pero, además, establece la obligación de que el empleador continúe pagando cotizaciones previsionales, por lo tanto, ese trabajador seguirá contando con seguridad social.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de pactar la reducción de la jornada laboral, compensando la disminución de la remuneración con un suplemento adicional equivalente al 25% de su salario, con cargo a los recursos provenientes del fondo solidario del seguro de cesantía.

Estas dos medidas buscan evitar que se destruyan empleos, al tiempo que se mantiene el vínculo y los derechos laborales del trabajador, y se le asegura una fuente de ingreso extraordinaria mientras dure esta situación de emergencia. Al final de este período, la empresa y el trabajador podrán retomar su relación laboral normal, manteniendo intactas las remuneraciones y todos sus derechos laborales.