En dependencias del municipio de Frutillar, el alcalde Javier Arismendi sostuvo este lunes una reunión con representantes del Serviu Región de Los Lagos y de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), con el objetivo de avanzar en el proceso de erradicación del campamento La Toma, emplazado en el recinto Estación de la comuna.

De acuerdo con el catastro realizado por el municipio, son 101 las viviendas existentes en el sector, las que deberán ser erradicadas en un plazo que se proyecta para fines de este año. Así lo informó la autoridad comunal, quien precisó que actualmente existen instancias legales en trámite, que forman parte de este proceso.

En paralelo, y con foco en el bienestar de las familias que residen en el lugar, el municipio se encuentra apoyando activamente la búsqueda de soluciones habitacionales, incluyendo la orientación y gestión de subsidios para quienes cumplan con los requisitos establecidos por las entidades correspondientes.

El alcalde destacó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones involucradas, subrayando que el objetivo es llevar adelante un proceso ordenado, que resguarde tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la dignidad de las personas afectadas.

Al respecto la autoridad comunal comentó que “seguimos trabajando y avanzando en este proceso de erradicación de este campamento que fue un compromiso que adquirí cuando asumí como Alcalde de la comuna. Hay algunas personas que ya han dejado el campamento porque han logrado obtener algún subsidio y esa es la idea, de poder ayudarlos porque EFE tiene proyectos importantes que desarrollar en la comuna como el puerto seco y la llegada a futuro del tren de pasajeros. Nosotros de aquí a fines de año queremos ya erradicar de manera definitiva este lugar”. 

Informó la autoridad comunal que ya cuentan con la autorización de EFE para poder comenzar con el proceso de demoler viviendas que ya se encuentran desocupadas para avanzar en este proceso de erradicación.

Investigación se basa en lo ocurrido después del estallido social entre los años 2019 y 2020 y fue publicada en Revista Austral de Ciencias Sociales (Scopus).

El retorno masivo de acciones colectivas radicales por la vivienda como la toma de terreno y la organización de campamentos surgió como un de las respuestas tras el estallido social de 2019 que forma parte de nuestra historia reciente y que reflotó antiguas demandas arraigadas en Chile.

Investigadores ULagos como el director del proyecto Anillo sobre “Desigualdades territoriales en el sur de Chile”, Dr. Óscar Mac Clure y el Dr. en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, Daniel Eyzaguirre lideraron un trabajo denominado “Entre la acción colectiva radical y la oportunidad sociopolítica durante el estallido social en Chile: el retorno de las tomas de terreno en la ciudad de Osorno (2019-2020)”, el cual recientemente fue publicado en una de las más prestigiosas revistas de investigación social: Revista Austral de Ciencias Sociales (Scopus).

Respecto de la investigación y del porte que este trabajo ha traído consigo se refirió uno de sus autores, el Dr. Daniel Eyzaguirre. “El principal aporte de nuestro artículo ha sido comprender cómo los momentos de crisis política, social o económica, se pueden constituir en una oportunidad para la emergencia de actores políticos que impulsan cambios radicales de dirección, aunque sea, temporalmente, en el orden de las cosas. En concreto, evidenciamos cómo el estallido social generó la activación de antiguos y nuevos marcos de interpretación, los que provocaron cambios cognitivos, emocionales y pragmáticos en un conjunto de pobladores que lideraron un nuevo ciclo de acciones colectivas radicales por la vivienda en la ciudad de Osorno”, explicó.

Este trabajo evidenció cómo el movimiento de pobladores en Osorno tomó fuerza, constancia y se visibilizó como una oportunidad única de reivindicación frente a una demanda tan antigua como fundamental de derechos humanos.

“La relevancia atribuida a estas acciones se expresó institucionalmente desde dos perspectivas, en primer lugar, con la elaboración de un Plan de Emergencia Habitacional (2022) creado por el gobierno del presidente Boric para hacer frente al problema y, en segundo lugar, mediante la creación de una nueva Ley Anti-Tomas (2023) aprobada en el Congreso Nacional por una mayoría circunstancial de centro-derecha, en oposición al gobierno del presidente Boric. Observamos entonces cómo las tomas de terreno y la organización de campamentos representaron un desplazamiento de lo posible en materia de vivienda, tanto para quienes los protagonizaron, como para el campo institucional que se ha visto obligado a generar nuevos diálogos para enfrentar el problema. No cabe duda que, sin el estallido social, el retorno masivo de ocupaciones irregulares era poco probable, como también lo era la presencia de transformaciones estructurales en política pública”, expresó el Dr. Eyzaguirre.