Consejo para la Transparencia advierte retroceso de más de 23 puntos en el cumplimiento.

Un preocupante descenso experimentó la Región de Los Lagos en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. Según el informe 2025 del Consejo para la Transparencia (CPLT), el Gobierno Regional registró una caída de 23,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, sin lograr superar el 65% de cumplimiento.

El informe posiciona a Los Lagos entre las regiones con peor desempeño, junto a La Araucanía, Arica y Parinacota, Antofagasta y O’Higgins. A nivel nacional, el promedio fue de solo 76,06%, el más bajo desde que se implementaron estas evaluaciones en 2010.

La presidenta del CPLT, Natalia González, expresó su preocupación por el escenario nacional: “Persisten las deficiencias más críticas de publicación en materia presupuestaria y de transferencias de fondos públicos. Esto constituye una señal de alerta, sobre todo si se considera que, en paralelo, se desarrollan otras investigaciones”, señaló.

El estudio evidenció bajos niveles de cumplimiento en ámbitos como modificaciones presupuestarias (35,7%), presupuesto asignado (37,5%), transferencias regidas por la Ley N°19.862 (46,9%) y otras transferencias (44,9%). También se observaron inconsistencias entre los datos reportados y lo publicado en los sitios oficiales.

“La gran dispersión en los resultados muestra una falta de estándares mínimos comunes. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública no puede depender de mi lugar de residencia”, enfatizó González.

La fiscalización, que se desarrolló entre el 3 y el 20 de marzo, utilizó herramientas semiautomatizadas y revisión manual de los portales de transparencia. El CPLT llamó a los gobiernos regionales a corregir las deficiencias detectadas, subrayando que la transparencia es esencial para la democracia y la rendición de cuentas.

La campaña ciudadana Áreas Protegidas Sin Salmoneras destaca la necesidad de reordenar la industria acuícola en el marco del proceso legislativo para una Ley General de Acuicultura exigiendo transparencia y participación ante la oportunidad de reformar una industria marcada por escándalos.

El avance en la tramitación legislativa del proyecto para una Ley General de Acuicultura ha abierto una fase participativa, donde la ciudadanía está invitada a aportar sus propuestas. Este proyecto, que hasta ahora parecía ligado exclusivamente a los intereses empresariales acuícolas, aborda temas de amplio interés, como el acceso, ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental, bienestar animal, investigación, fiscalización, y gobernanza.

Desde la Patagonia, la campaña ciudadana “Áreas Protegidas Sin Salmoneras” ha alzado la voz en este contexto, señalando que este proceso legislativo ofrece una oportunidad crucial para reordenar la industria acuícola en Chile. “Tras los conocidos escándalos de producción ilegal y de concesiones que no han sido caducadas, se abre una importante oportunidad en este proceso legislativo para reordenar completamente esta industria, partiendo por la salida inmediata de todos los parques nacionales y un plan a medio plazo para las demás categorías de áreas protegidas”, expresó la campaña.

Los dichos de la campaña ciudadana desde la Patagonia, se relacionan lo planteado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), quien ha lanzado una plataforma en su sitio web oficial, invitando a la ciudadanía a participar mediante la entrega de propuestas y la asistencia a talleres territoriales.

De acuerdo a lo informado, estos talleres, junto con los documentos presentados, se utilizarán para identificar elementos clave que permitan el desarrollo sostenible y competitivo de la acuicultura en Chile, un sector que genera ingresos superiores a los 7.120 millones de dólares anuales y que representa el segundo sector exportador del país.

En este sentido, la campaña “Áreas Protegidas Sin Salmoneras” exige total transparencia en el proceso, recordando el historial de corrupción e intervencionismo que ha marcado regulaciones anteriores, como la cuestionada Ley de Pesca, también conocida como “Ley Longueira”.

Por su parte, Subpesca ha prometido que la futura normativa será fruto de un debate abierto y transparente, pero la campaña subraya la importancia de mantener una vigilancia ciudadana activa para evitar que la nueva ley sea capturada por intereses privados.

Cabe señalar que la institución habilitó la casilla de correo: consultasleydeacuicultura@subpesca.cl para consultas relacionadas al proceso de Ley General de Acuicultura.

La campaña ciudadana desde la Patagonia, reiteró su llamado a participar en este proceso, enfatizando que sólo mediante una participación activa y crítica se podrá garantizar que la nueva ley responda verdaderamente a las necesidades de las comunidades y del medio ambiente, y no únicamente a los intereses económicos del sector acuícola.

• Su presidente, Francisco Leturia, afirmó que se trata de acciones que reciben el consenso de los técnicos y que espera logren concitar el apoyo político que se requiere para su implementación.

En un encuentro con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, al que asistieron el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, el consejero Bernardo Navarrete y el director general, David Ibaceta, el organismo presentó 27 medidas para enfrentar la corrupción.

En la instancia, los representantes del CPLT plantearon los cambios en materia de anticorrupción y pro transparencia que consideran deben implementarse para que situaciones como las que se han conocido en el último tiempo en el país no se vuelvan a repetir.

“Sino cambiamos las reglas y seguimos con los forados que tenemos, estas cosas van a seguir pasando”, dijo Leturia. “Tenemos que cerrar las puertas y dejar de seguir dándoles facilidades a las personas y a eso apuntan estas reformas”, explicó.

De las 27 medidas, el titular del CPLT destacó tres: que no existan excepciones en materia de transparencia –como ocurre en el caso de corporaciones municipales, fundaciones, entre otras entidades de derecho privado y algunos órganos y poderes del Estado-. “Las normas de transparencia deben ser iguales para todos”, resumió. A esto se suma un aumento en los estándares de información que deben transparentarse y establecer más sanciones.

Sobre la reunión, el presidente del Consejo comentó que tanto la subsecretaria Lobos como el ministro Elizalde “han tenido una actitud muy positiva. Es de esperar que logremos concitar el apoyo del mundo político. para realizar estos cambios que son urgentes”.

Detalle de medidas propuestas por el CPLT

PROPUESTAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

1) Transparencia para todos los órganos del Estado. Creación de un sistema general de transparencia con una única autoridad de control, que incluya a órganos con reglas de transparencia especiales, como, por ejemplo, el Congreso Nacional o el Poder Judicial.

2) Aplicación de normas de transparencia activa a fundaciones, corporaciones e instituciones privadas que reciban fondos públicos.

3) Ampliación y perfeccionamiento de materias de transparencia activa. Se contempla la publicación de materias que son de interés ciudadano, permitiendo transformar la transparencia activa en la regla y no la excepción.

4) Establecer normas de transparencia sectorial. Esto permite dar publicidad a materias de interés específico de cada sector, por ejemplo, universidades u obras públicas.

5) Perfeccionamiento de reglas de transparencia activa en gobiernos regionales.

6) Rendición de cuentas sobre ejecución de proyectos de diversa naturaleza, tanto a nivel nacional, regional y comunal. , incorporando un mecanismo objetivo de verificación.

7) Registro público abierto, transparente y unificado de corporaciones y fundaciones que reciben recursos públicos, a cargo del Ministerio de Hacienda, así como la aplicación del principio de probidad a los trabajadores de corporaciones y fundaciones, empresas municipales y corporaciones y fundaciones regionales.

8) Publicidad pormenorizada indicando institución y montos, para transferencias realizadas por organismos públicos a instituciones internacionales, con sede en el extranjero o en territorio nacional; transparentar activamente sus fundamentos y rendiciones de cuentas asociadas al uso de dichos recursos.

9) Perfeccionar las normas de transparencia en materia de concesiones y asociaciones público-privadas.

10) Publicación de montos entregados por concepto de viáticos y cometidos funcionarios.

11) Perfeccionamiento de normas de transparencia activa en empresas públicas, incluyendo la nómina de contratos para el suministro de bienes muebles, prestación de servicios, entre otros.

12) Aumento de sanciones establecidas por ley. Incorpora la determinación de sujetos responsables, que incluya expresamente a los infractores, sin perjuicio de la responsabilidad de la autoridad o jefe de servicio.

13) Más transparencia presupuestaria. Incluye la publicación de versiones ciudadanas, más comprensibles de estas materias, entre otras medidas.

14) Obligación legal de utilizar el Portal de Transparencia del Estado.

15) Ley de Archivos, que modernice la legislación de gestión documental y archivos públicos.

16) Corregir en las diversas normativas sectoriales disposiciones que dificultan un acceso efectivo a la información.

PROPUESTAS EN MATERIA DE PROBIDAD Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

1) Perfeccionamiento normas sobre contratación de parientes y cercanos, reforzando para ello las reglas que eviten el nepotismo. Particularmente, propone prohibir que un funcionario público ejerza simultáneamente labores en corporaciones y fundaciones que reciban recursos públicos, contratados en cualquier calidad jurídica.

2) Registro público unificado de funcionarios o trabajadores del Estado, con la finalidad de evitar dobles contrataciones o conflictos de interés.

3) Normas de incompatibilidad más rigurosas, aplicables a autoridades y funcionarios del nivel nacional, regional o comunal para poder enfrentar las dobles contrataciones

4) Hacer aplicable el principio de probidad a funcionarios de corporaciones, fundaciones y empresas municipales y corporaciones y fundaciones regionales.

5) Reforzamiento de las normas sobre traspaso del sector público al privado, y viceversa. Ampliación del ámbito de aplicación de la norma vigente para funcionarios de instituciones fiscalizadoras.

6) Nueva ley de lobby. Con reglas obligatorias de transparencia activa y registro público de lobistas y gestores de intereses particulares. Reforzamiento de las sanciones en caso de incumplimiento.

7) Obligación de las autoridades de registrar las audiencias cuando sean ellas quienes tomen la iniciativa de citar a los lobistas o gestores de intereses.

8) Mejorar y ampliar la información de la Declaración de Intereses y Patrimonio, y establecer su publicación como una obligación de transparencia activa, con los resguardos que establece la ley vigente.

9) Obligatoriedad del registro y publicidad de beneficiarios finales, en las contrataciones con el Estado.

10) Hacer aplicable la responsabilidad administrativa respecto de los concejales y consejeros regionales.

11) Pronta implementación de la nueva normativa sobre Estatuto de Protección al Denunciante de actos contra la probidad.

El 31 de marzo pasado se cumplió el plazo establecido por la Ley N° 21.534 entrando así en vigencia la norma que establece estándares para la publicidad de las sesiones de concejos municipales y regionales. Estas instituciones deben publicar las grabaciones en un plazo máximo de 72 horas desde su celebración, y mantenerlas disponibles por un mínimo de 3 años.

Tras una serie de polémicas vinculadas a proyectos discutidos en concejos municipales y que involucran altas cifras de recursos públicos, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, destacó la iniciativa que implica modificaciones legales y que obliga a dar publicidad a las sesiones de los concejos municipales y consejos regionales. Al respecto comentó: “puede ayudar de manera concreta al control social, a la vigilancia ciudadana; la gente puede ver claramente qué ocurre en el marco de debates y decisiones que definen el destino de importantes montos de dineros públicos”.

“Una de las cuestiones que establece esta ley –explicó el titular del CPLT- es que las sesiones públicas del Consejo Regional deben ser transmitidas por cualquier medio electrónico, deben grabarse y publicarse en la página web institucional o en otras plataformas y los plazos que hay para hacerlo”. Otro cambio apunta a la publicidad que tiene que darse a las sesiones de concejo municipal, que también deben transmitirse y grabarse, publicando dichos registros en las web de los municipios u otras plataformas destinadas para este fin.

Asimismo, se establecen obligaciones en materia de plazos para publicar las grabaciones, con un máximo de 72 horas desde que se celebra la sesión, así como mantenerlas disponibles a través de internet –en la web institucional o en otra plataforma de acceso abierto- a lo menos por tres años.

¿Cómo ha sido el comportamiento de los municipios en esta materia?

Sobre la publicidad de acuerdos, actas y sesiones de los concejos municipales, el Consejo para la Transparencia realizó una revisión exploratoria en 2022, que permitió establecer, entre otras cuestiones, los altos niveles de publicación en los sitios web de municipios del país de las actas de concejo, con un 93% de cumplimiento en materia de publicidad de los acuerdos, actas y sesiones de los concejos.

Sin embargo, señalan desde el Consejo, “es complejo el acceso a la información derivado de la escasa uniformidad de las secciones en las que se publica, tampoco hay estándares de actualización”. Y agrega Leturia que: “sin perjuicio de que a partir de la ley vigente no podemos hablar de infracciones o incumplimientos sobre transparencia activa, al menos en 22 municipalidades (6% del total) no estaba disponible o actualizada”.

A partir de la obligatoriedad de publicar estos documentos, una vez realizada cada sesión, el CPLT en esta primera revisión buscó determinar si este tipo de antecedentes se mantienen disponibles y “con información actualizada para cualquier persona que quiera revisar qué temas se trataron, detalles de votaciones u otra información que se trata en sus sesiones ordinarias y extraordinarias”, explicó el presidente del CPLT.

Asimismo, el titular del Consejo detalló que en el caso de estas actas, “se trata de documentos públicos cuya publicidad establece la norma la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y no de forma explícita la norma de Transparencia, pero como criterio del Consejo hemos establecido que como se trata de órganos de la Administración Central, estos documentos son actos administrativos y en ellos constan acuerdos, razonamientos o procesos de toma de decisión que tienen ser publicados en la web porque creemos que deben ser públicos y conocidos por los vecinos”.

¿Cada cuánto y para qué sesionan?

Los concejos municipales –acorde a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, deben reunirse en instancias de carácter pública. En el caso de las sesiones ordinarias, por lo menos tres veces por mes, abordan materias propias de su competencia como por ejemplo análisis o aprobación de proyectos, revisión de presupuestos y licitaciones, entre otros. En el caso de las extraordinarias, dichas reuniones son convocadas por el alcalde o alcaldesa o por un tercio de las y los concejales en ejercicio, y por temas específicos.