Los $1.200 millones estarían destinados a la ejecución de un programa, a 24 meses, de saneamiento de tenecia de propiedad de pequeños y medianos agricultores de la región.
Una gran polémica es la que generó en el Gobierno Regional de Los Lagos, luego que se diera a conocer desde el organismo la entrega de $1.200 millones a la Corporación Kimún, entidad de La Araucanía y vinculada al cuestionado excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao.
Quien denunció el hecho fue el senador de Los Lagos, Fidel Espinoza, quien en la Comisión de Vivienda del Senado cuestionó la entrega de recursos desde el Gore hacia la mencionada corporación.
“Le entregaron a fundaciones 300-400 millones de pesos para cumplir con la ejecución presupuestaria. Una de ellas, una fundación ligada al señor Ancalado, en mi región, señor Ancalao de la Araucanía”, acusó. “Un excandidato presidencial que presentó su candidatura con firmas falsas de personas que estaban muertas”, recalcó.
Diego Ancalao fue foco de la polémica a nivel nacional luego de que se revelara que su candidatura a la presidencia, como representante -en ese entonces- de la Lista del Pueblo, estaba amparada mediante falsificación de firmas.
Si bien el cuestionado excandidato presidencial negó recibir dichos recursos, la entrega de los $1.200 millones sí se concretaron por parte del organismo encabezado por Patricio Vallespín.
Según se informó, el objetivo de los fondos hacia la Corporación Kimún era para la ejecución de un programa, a 24 meses, de saneamiento de la tenencia de propiedad de pequeños y medianos agricultores de Los Lagos.
Por parte del Gore no hubo vocería, sino que un comunicado, donde aseguran que están “sometiendo a revisión y seguimiento de todos los programas”, pero que esto no responde a algún integrante en particular de las organizaciones.
Al respecto, el senador de la UDI, Iván Moreira, criticó las explicaciones -insuficientes-, aseverando que no haber revisado antecedentes “es de ciencia ficción”.
Finalmente, se espera que en 5 días más el gobernador Patricio Vallespín se refiera al tema, una vez que vuelva de sus vacaciones.
Otras acusaciones
Ancalao ha enfrentado otras acusaciones por firmas y documentos falsos: en 2009, cuando era dueño de la Entidad de gestión Inmobiliaria Social (Egis) Idear Ltda., la PDI mediante peritajes científicos demostró la falsificación de firmas de 200 carpetas. Todas pertenecientes a familias humildes que buscaban asesoría para mejorar sus viviendas sociales en Malleco. Incluso la firma del arquitecto a cargo era una firma falsa. El castigo tras el proceso es que se eliminó su condición de Egis.
En tanto el 24 de enero de 2012 se ingresó una querella ante el Juzgado de Garantía de Temuco. La acción penal acusaba a los hermanos Diego y José Ancalao. Así también, a su hermana Claudia, cinco empleados y al notario Héctor Basualto, por el delito de estafa, falsificación de instrumento público (escritura pública) y uso malicioso del mismo.
Ello porque en julio de 2010, Lilian Muñoz, madre de Eduardo Estrada, cabo fallecido en la tragedia Juan Fernández, adquirió un inmueble por herencia mediante escritura pública firmada por el notario Javier González, suplente de Héctor Basualto. En octubre de 2011, Lilian intentó vender el inmueble, pero mientras actualizaba la documentación se percató que al margen de su inscripción se había anotado una transferencia de dominio -cuyo origen ignoraba- en favor de la Organización no Gubernamental de Desarrollo Identidad y Desarrollo Nacional (ONG Idear Chile).
Esta inscripción, según estipula el documento, transfería el inmueble en favor de ONG Idear a través de una escritura pública de compraventa otorgada en la notaría de Héctor Basualto.
En términos simples, la denuncia acusa que se otorgó falsamente una escritura pública de compraventa del inmueble, otorgada por el notario Basualto, en favor de la organización ONG Idea Chile, representaba por José y Diego Ancalao. Así entonces, se falsificó su firma y huella digital por un monto de 40 millones de pesos pagado al contado y en efectivo.
Otras de las situaciones que ha enfrentado Ancalao se remontan a 2014, cuando el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra Ancalao por fraude al fisco. El inicio de todo ocurrió en 2006 cuando el Banco Estado y el Banco Interamericano aprobaron un contrato de préstamos llamado: Programa de Orígenes. El ejecutor de este programa, que ascendía a más de $109 millones de dólares, sería la Conadi.
Dos años después, Jorge Roa, Coordinador Regional del programa, y Diego Ancalao, representante de la consultora Idear, obtuvieron un contrato por prestar sus servicios para la Unidad de Planificación de la Comunidad Ralún Coyán y Tromén. El monto fue por más de $42 millones de pesos.
Esta comunidad, realizó una denuncia ante la Conadi porque los profesionales se cambiaban y no terminaban su trabajo, dejando las capacitaciones a medio camino.
Es así que la querella dice que Ancalao, como representante legal, usó documentos falsificados para “dar una apariencia de veracidad a actuaciones de servicios que nunca prestaron en favor de las comunidades indígenas afectadas, y por las cuales, finalmente, han obtenido prestaciones indebidas por parte de la Conadi, ocasionando una pérdida o perjuicio a su patrimonio”.
Por lo mismo, el CDE presentó la denuncia contra Ancalao y Jorge Roa por fraude al fisco. El motivo fue que nunca concretaron sus prestaciones y autorizaron los pagos.
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