Disputa judicial entre empresa tecnológica y la Subsecretaría de Prevención del Delito pone en riesgo el funcionamiento del sistema de televigilancia presente en 66 comunas del país.
Una disputa judicial entre la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y la empresa tecnológica Ingesmart SpA podría impactar el funcionamiento del Sistema Nacional de Teleprotección, una red de cerca de 1.000 cámaras de seguridad instaladas en 66 comunas del país, entre ellas Puerto Montt y Osorno, en la Región de Los Lagos.
El conflicto se originó luego de que la empresa presentara una querella en contra de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, por los delitos de apropiación indebida y prevaricación administrativa. La acción judicial fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El caso se relaciona con el proyecto denominado “Sistema de Teleprotección a Nivel Nacional”, una iniciativa impulsada en 2020 para fortalecer la seguridad pública mediante la instalación de infraestructura de cámaras, transmisión de imágenes, monitoreo remoto y mantención del sistema en diversas regiones del país.
En el sur del país, el sistema contempla la instalación de cámaras en varias ciudades relevantes. En la Región de Los Lagos, el proyecto considera 25 cámaras en Puerto Montt y 10 cámaras en Osorno, infraestructura destinada a reforzar las labores de prevención del delito y apoyar el trabajo de las autoridades locales.
Desde la empresa advierten que el conflicto contractual podría poner en riesgo la continuidad del sistema en distintas comunas, lo que tendría un impacto directo en la seguridad de millones de habitantes.
Según los antecedentes presentados, el sistema de televigilancia se encuentra desplegado en 66 comunas a lo largo de Chile, alcanzando potencialmente a cerca de ocho millones de personas que residen en estos territorios.
La empresa sostiene que el conflicto se originó tras una serie de incumplimientos contractuales, retrasos en la implementación del sistema y la aplicación de millonarias multas que hoy se encuentran en disputa judicial.
Mientras el caso continúa desarrollándose en tribunales, el futuro de esta red de cámaras de seguridad sigue generando inquietud en distintas ciudades del país, especialmente en regiones donde la tecnología de televigilancia se ha convertido en una herramienta clave para la prevención del delito y la seguridad pública.