Solo en una de cada cuatro causas se aplicó una sentencia condenatoria (23,6%), 4,2 puntos porcentuales menos que a nivel nacional. Además, aumentaron las salidas judiciales en un 465%.
En la Región de Los Lagos se registraron 24.295 salidas por delitos asociados al crimen organizado entre 2014 y 2024, equivalentes al 3,5% del total nacional (701.307 salidas). Así lo evidencia el Informe de Persecución Penal del Crimen Organizado en Chile, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO-USS), que además sitúa a Los Lagos como la tercera región del país con mayor crecimiento de salidas, con una variación de +465,5%, solo por detrás de Ñuble (+689,9%) y Los Ríos (+529,3%).
El análisis, basado en registros del Ministerio Público, muestra que los delitos más frecuentes fueron los asociados a drogas (62,7%), armas (23,0%) y violencia (5,0%), concentrando la mayor actividad del sistema penal frente a este fenómeno criminal.
Camila Astraín, investigadora del Cescro, remarcó que para la confección de este primer informe “analizamos la efectividad del sistema entre los años 2014-2024. Entre los hallazgos del estudio destacamos que, si bien los delitos asociados al crimen organizado han aumentado significativamente en la última década, no representan más del 5% del total de causas que investiga la Fiscalía y que pese que el sistema muestra ser más efectivo en perseguir delitos asociados al crimen organizado versus delitos comunes, presenta desafíos importantes en términos de aplicación de sentencias condenatorias”.
Asimismo, Astraín aseguró que los desafíos para mejorar el sistema de persecución penal para delitos complejos como estos requieren de una mayor especialización, tecnología y recursos de los diferentes actores del sistema de seguridad pública. “La región de Los Lagos ha mostrado un trabajo consistente para hacer frente a la criminalidad organizada, llegando a aplicar la primera sentencia condenatoria en el país contra una de las bandas transnacionales más relevantes como lo es el Tren de Aragua”, sostuvo la investigadora.
Solo una de cada cuatro causas termina en condena
En la década analizada, las salidas judiciales concentraron el 38,5% del total de causas por delitos asociados al crimen organizado en la Región de Los Lagos (9.345 casos), lo que equivale a 7,9 puntos porcentuales menos que a nivel nacional (46,4%).
En este grupo de resultados, el término más frecuente corresponde a las sentencias condenatorias, que alcanzaron 5.740 casos, equivalentes al 23,6% del total regional. Sin embargo, esta cifra se mantiene 4,2 puntos porcentuales por debajo del nivel nacional, donde el 27,8% de las causas termina en condena.
“A toda la sociedad nos preocupa e inquieta saber sobre el avance y control del crimen organizado, por lo tanto, este primer estudio brinda una mirada de los esfuerzos que se hacen desde lo institucional y los desafíos que enfrentamos. El sentido de este informe es compartir una mirada académica y una invitación sobre cómo podemos aportar con información pertinente para la toma de decisiones por parte de las autoridades”, sostuvo Sergio Hermosilla, vicerrector de la Universidad San Sebastián sede De la Patagonia.
Otros mecanismos relevantes corresponden a los sobreseimientos definitivos, que alcanzaron 2.111 casos, equivalentes al 8,7% del total, y a la facultad para no investigar, con 539 casos (2,2%), mecanismo que registró el mayor aumento porcentual del período (+913%).
Archivos provisionales aumentaron más de ocho veces en una década
En la última década se observa una mayor actividad del sistema penal frente a estos delitos; sin embargo, la mayoría de las causas terminó sin una resolución judicial. Las salidas no judiciales alcanzaron el 52,2% de los términos (12.748 casos), consolidándose como el principal mecanismo de cierre de causas y ubicándose por sobre la cifra nacional (41,0%).
Por su parte, las otras salidas representaron el 9,1% de los términos, registrando el mayor crecimiento relativo del período (+960,4%).
Entre las salidas no judiciales, el resultado más frecuente corresponde a los archivos provisionales, que alcanzaron 11.029 casos, equivalentes al 45,4% del total regional. Le siguen las decisiones de no perseverar, con 1.290 casos (5,3%), y las declaraciones de incompetencia, con 354 casos (1,5%).
Ninguna causa por trata de menores obtuvo una salida judicial
Al analizar los distintos delitos asociados al crimen organizado, el informe identifica categorías que presentan mayores dificultades para alcanzar resultados judiciales.
En la dimensión de violencia asociada al crimen organizado, entre 2014 y 2024 se registraron 1.221 términos, equivalentes al 5,0% del total regional. Aunque esta cifra aumentó un 97,9% durante el período, los delitos de secuestro y extorsión destacan por sus altos niveles de cierre sin resolución judicial, con un 44% y un 85% de los casos, respectivamente. Este resultado cobra especial relevancia considerando que corresponden a la segunda y tercera categoría con mayor número de términos dentro de esta dimensión.
Una situación similar se observa en la dimensión presencia de otros delitos organizados. En el caso del tráfico de migrantes, el 83% de las causas terminó mediante salidas no judiciales. El escenario más crítico corresponde a la trata de personas menores de 18 años, donde ninguna de las causas registradas entre 2014 y 2024 obtuvo una salida judicial (6 casos registrados en total).
Estos antecedentes muestran que las mayores dificultades para alcanzar resultados judiciales se concentran en delitos de alta complejidad, que suelen involucrar organizaciones criminales especializadas y víctimas especialmente vulnerables.
Sobre CESCRO-USS
El Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CESCRO-USS) es una unidad académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, creada en 2023, dedicada al estudio del crimen organizado y al análisis del funcionamiento del sistema penal chileno. Su misión es generar evidencia y conocimiento aplicado para apoyar la toma de decisiones en materia de seguridad pública, contribuyendo a un país más seguro, en el marco de los valores de la democracia y la libertad.
Entre sus principales instrumentos se encuentran el Indicador Nacional de Crimen Organizado, que en 2024 recibió el Safe City Award por ser la primera herramienta en Chile que permite visualizar y cuantificar este fenómeno delictual, y la Encuesta Chile Nos Habla – Percepción Ciudadana en Seguridad, además del Informe de Resultados de la Persecución Penal por Delitos Asociados al Crimen Organizado en Chile, que analiza el desempeño del sistema penal frente a este fenómeno criminal.