- El líder de la comunidad decidía sobre la vida sexual y las relaciones de los integrantes.
- Exintegrantes denunciaron que las madres tenían prohibido amamantar a sus propios hijos.
- La justicia investiga presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral durante 15 años.
Exintegrantes revelaron estremecedores testimonios sobre el funcionamiento de la comunidad, mientras la justicia investiga presuntos delitos de trata de personas y asociación ilícita. Sus dos principales investigados ya fueron formalizados.
Madres que tenían prohibido amamantar a sus propios hijos, parejas que no podían decidir libremente sobre sus relaciones y un líder que supuestamente controlaba hasta los aspectos más íntimos de la vida cotidiana. Son parte de las denuncias que enfrenta la denominada Comunidad Cahuala, instalada en Chiloé, cuyo funcionamiento quedó nuevamente bajo la atención pública tras un reportaje emitido este domingo por Teletrece.
Los testimonios describen una organización cerrada, con estrictas reglas de convivencia y una estructura de poder encabezada por Enrique Urrutia Aburto, conocido entre sus integrantes como «el jefe». La comunidad fue fundada a fines de los años 80 y actualmente es objeto de una investigación penal por hechos que se habrían producido durante décadas.
Madres separadas de sus hijos y parejas bajo control
Uno de los relatos más impactantes corresponde a las restricciones impuestas a las madres. Según exintegrantes entrevistados por Teletrece, las mujeres podían amamantar a otros bebés de la comunidad, pero no a sus propios hijos, bajo la idea de impedir vínculos afectivos considerados perjudiciales por el líder.
Una exintegrante identificada como María Luz también denunció que no podía relacionarse libremente con su hija, quien entonces tenía entre cuatro y cinco años. Según su testimonio, otras mujeres asumían su cuidado, mientras ella debía mantener distancia.
Las restricciones también alcanzaban la vida de pareja. Patricio Aguirre, otro exintegrante, aseguró que Urrutia intervenía en las relaciones afectivas y sexuales de los miembros, determinando incluso encuentros entre hombres y mujeres.
De acuerdo con los testimonios, las decisiones sobre convivencia, crianza, trabajo y sexualidad estaban sometidas a la autoridad de quienes eran llamados «el jefe» y «la jefa».
Quince años de trabajo sin sueldo y denuncias de explotación sexual
El caso llegó a la justicia a partir de una querella presentada en 2019, posteriormente ampliada por los exintegrantes María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia.
Ambos denunciaron haber permanecido durante aproximadamente 15 años vinculados a la comunidad, pasando por distintas instalaciones en Vallenar, Santiago y Chiloé. Según su relato, trabajaron en actividades relacionadas con un colegio, empresas agrícolas, una consultora y servicios terapéuticos sin recibir una remuneración efectiva.
También acusaron aislamiento familiar, manipulación psicológica y pérdida de autonomía personal. María Jesús Carrascosa denunció, además, presuntas conductas de acoso y explotación sexual atribuidas al fundador de Cahuala.
Los denunciantes abandonaron la organización en 2015 y posteriormente se radicaron en España.
Investigación incluye antecedentes sobre muertes de menores
Las acusaciones se extienden a hechos todavía más delicados. El abogado querellante Ignacio Zúñiga afirmó que existen antecedentes relacionados con muertes de menores de edad en circunstancias que deben esclarecerse, incluyendo el presunto entierro de un niño en un cementerio clandestino.
Por su parte, representantes de los denunciantes también han señalado la existencia de antecedentes sobre presuntos abusos sexuales contra menores.
Se trata de afirmaciones de la parte querellante que forman parte de una investigación en curso y no constituyen hechos judicialmente acreditados.
Líderes formalizados y con medidas cautelares
El pasado 9 de octubre, el Juzgado de Garantía de Castro formalizó a Enrique Urrutia Aburto y María Alejandra Pinto Martínez por los delitos de asociación ilícita y trata de personas, en una audiencia realizada bajo reserva.
El tribunal decretó arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas. Además, estableció un plazo de cinco meses para desarrollar nuevas diligencias.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre 1999 y 2015 en el sector Cahuala, comuna de Chonchi. La jueza también rechazó la solicitud de la defensa para declarar prescrita la acción penal.
Defensa rechaza las acusaciones
El abogado de los imputados, Cristóbal Grunwald, cuestionó las denuncias y sostuvo que los hechos estarían prescritos. También planteó que detrás de las acciones judiciales existirían motivaciones económicas, afirmación rechazada por los representantes de los querellantes.
Mientras la Fiscalía continúa investigando, el reportaje televisivo volvió a exponer las denuncias sobre una comunidad que, según sus antiguos integrantes, habría mantenido durante años un sistema de control sobre las relaciones familiares, el trabajo y la vida privada.
La justicia deberá determinar la veracidad de las acusaciones y las eventuales responsabilidades penales de los imputados, quienes mantienen su presunción de inocencia.