Vecinos, residentes colindantes y empresas del sector cuestionan la instalación de una estructura destinada al almacenamiento de residuos domiciliarios impulsada por la administración de la Parcelación San Alfonso en una servidumbre compartida. La controversia suma reclamos formales, una solicitud por Ley de Transparencia, fiscalización municipal y advertencias por eventuales riesgos sanitarios.
Más de 15 reclamos formales, una fiscalización municipal, una solicitud por Ley de Transparencia y la creciente preocupación por eventuales riesgos sanitarios marcan la controversia generada por la instalación de una estructura destinada al almacenamiento de residuos domiciliarios en una servidumbre compartida del sector San Alfonso de Puerto Varas.
La instalación de una estructura destinada al almacenamiento de residuos domiciliarios en el acceso común que comparten diversas comunidades del sector generó una creciente ola de rechazo debido a su ubicación, impacto visual y posibles consecuencias sanitarias.
Según los vecinos, la estructura fue construida en una servidumbre de tránsito utilizada diariamente por residentes de Westfalia I, Westfalia II, Loteo San Juan, Ganadera Línea Vieja y otros usuarios del sector, sin que existiera un proceso de consulta previo con quienes comparten dicho acceso.
La preocupación aumentó luego que vecinos denunciaran episodios de malos olores, acumulación de residuos y la posibilidad de que el punto de acopio se transforme en un foco de atracción para roedores, insectos y otros vectores sanitarios.
La inquietud no es menor considerando que la Región de Los Lagos figura entre las zonas del país con presencia permanente de hantavirus. Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, durante 2026 se han confirmado 38 casos en Chile, cinco de ellos en la Región de Los Lagos, posicionándola entre las regiones con mayor número de contagios a nivel nacional. El mismo informe recuerda que el primer caso identificado en Chile fue detectado precisamente en el sur de la actual Región de Los Lagos, razón por la cual los vecinos consideran especialmente preocupante cualquier situación que eventualmente pudiera favorecer la presencia de roedores en sectores habitados.
A las inquietudes planteadas por los vecinos se han sumado residentes que habitan frente a la instalación y representantes de empresas colindantes, entre ellas Australplastic y Salfa Salinas y Fabres, quienes manifestaron su preocupación por la ubicación elegida para los contenedores y señalaron que no fueron consultados respecto de una estructura que impacta directamente su entorno.
A los cuestionamientos también se sumó una residente cuya propiedad se ubica frente a la estructura, quien calificó la ubicación de los contenedores como “súper inapropiada” y manifestó su disposición a apoyar las gestiones que buscan revisar la decisión. Vecinos sostienen además que existen interrogantes respecto de la situación del terreno donde fue emplazada la instalación, indicando que integrantes de la familia Brintrup, vinculada al predio donde se encuentra la servidumbre, tampoco habrían sido consultados previamente sobre una intervención que hoy genera preocupación entre residentes, empresas colindantes y usuarios habituales de esta vía de acceso compartida.
El conflicto ya fue ingresado formalmente ante la Municipalidad de Puerto Varas mediante más de 15 reclamos presentados a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), cifra que continúa aumentando con el paso de los días. El pasado 24 de junio, el encargado de dicha unidad informó a los reclamantes que los antecedentes habían sido derivados a las áreas municipales competentes para su revisión.
Paralelamente, vecinos ingresaron una solicitud por Ley de Transparencia para conocer si la estructura cuenta con permisos de construcción, recepciones municipales, planos aprobados y demás antecedentes administrativos que acrediten la legalidad de la obra.
La controversia ya motivó acciones concretas por parte de la Municipalidad de Puerto Varas. Además de los reclamos ingresados a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), inspectores municipales concurrieron al lugar el pasado 25 de junio para realizar un registro fotográfico y una fiscalización de la instalación, mientras los antecedentes continúan siendo analizados por las unidades competentes.
Mientras las respuestas oficiales siguen pendientes, los vecinos afirman que continuarán impulsando acciones administrativas para esclarecer quién autorizó la instalación, bajo qué normativa fue aprobada y si resulta compatible con el uso de una servidumbre compartida por residentes, empresas y usuarios habituales del sector.
Sostienen además que la controversia ya dejó de ser una decisión interna de la Parcelación San Alfonso para transformarse en un asunto de interés comunitario que involucra a propietarios colindantes, empresas, residentes y organismos públicos llamados a determinar la legalidad, pertinencia y eventual relocalización de la instalación.
